5 oct. 2019



Después de más de un año de promesas, Patricia Bullrich publicó un PDF que contiene, en teoría, una desmentida a los datos que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) publica anualmente sobre la represión estatal. En diálogo con Rosaura Barletta y Luis Angió en el programa radial Otras Voces, Otras Propuestas, María del Carmen Verdú le respondió a la ministra. (Por La Retaguardia)

Foto: Archivo La Retaguardia/Agustina Salinas


El archivo de CORREPI computa más de 6600 casos de asesinatos cometidos por las fuerzas represivas del Estado, pero Bullrich responde sobre una base de 98 y no está claro cómo llegó a ese número. "Lo que hace Bullrich es jugar con los números pero se ve que le falló la calculadora porque ni siquiera su propia cuenta da bien. Lo que han hecho es poner una cantidad de gente a trabajar sobre nuestro informe. El archivo de CORREPI está disponible en las redes para que cualquiera pueda chequear caso por caso, decirnos si falta un dato, sobra otro. Todo el tiempo le pedimos a todo el mundo que detecte algún error, alguna omisión, alguna falta de actualización, que nos aporte esa data porque es fundamental para ser lo más precisos posible", aclaró Verdú. "Lo que hizo esta gente es una serie de recortes sobre recortes. Dijeron que iban a tomar sólo los casos federales, como si el gobierno nacional, el presidente de la Nación, la ministra de Seguridad nacional, no tuvieran nada que ver con lo que ocurre en Mendoza, Salta, Tucumán, Jujuy, Santa Cruz, cuando por ejemplo su primera medida de gobierno fue decretar la emergencia en seguridad nacional. Aún así, no computa todas las fuerzas federales, sino Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria", especificó la abogada de CORREPI. "Es decir, las que dependen del Ministerio, y omite al Servicio Penitenciario Federal. Hace dos meses la Procuración Penitenciaria de la Nación -que no es una organización subversiva o zurda-, dependiente del ministerio de Justicia de la Nación, ha tenido que decir que decreten la emergencia carcelaria en el ámbito federal porque tenemos el doble de muertes que el año pasado. En 2016, 2017 y 2018, esa omisión implica sacarse de encima 139 casos, y también casos en los que penitenciarios matan en la calle", advirtió Verdú.
"Hay un punto en el informe en el que hablan de 'gente que no es miembro de las Fuerzas' porque excluyen a los penitenciarios, también a las Fuerzas Armadas, que naturalmente tienen pocos casos porque no se dedican al patrullaje urbano. También excluye los femicidios de uniforme, es una categoría importante porque cuando la violencia patriarcal se cruza con la violencia estatal, se potencian", definió la referente de CORREPI. "El 20% del total de femicidios son cometidos por miembros de las Fuerzas de Seguridad o armadas del Estado. El chabón que quiere matar a la mujer de un disparo en la cara se tiene que conseguir un arma, el gendarme, el prefecto, el policía, el penitenciario, saca el arma que tiene en la cintura. No solamente ocurren casos con el arma reglamentaria, que son la mayoría. Por ejemplo, es muy frecuente que estrangulen a la mujer y luego simulen un ahorcamiento, pero en esa simulación utilizan para ganar impunidad todos los recursos que les da el hecho de ser miembros de una fuerza de seguridad o armada", planteó.
"Hay algunos casos excluidos porque dicen que no se encontraron antecedentes. Chequeé uno por uno esta tarde, y todos están publicados en por lo menos tres medios de comunicación diferentes y de distintas orientaciones en la política editorial. Otra cosa que excluyen es la seguridad privada. Las agencias de seguridad privada son mayormente propiedad de miembros jerárquicos retirados de las Fuerzas y están integradas por miembros o ex miembros. Además, tienen una relación orgánica porque son controladas y supervisadas por el Ministerio de Seguridad. Excluyen al personal retirado, pero en los juicios de gatillo fácil a milicos retirados los escuchamos decir 'yo tengo estado policial, por ende soy un funcionario público y tenía obligación de intervenir'", recordó Verdú.

Sobre cada pibe, Bullrich puso un sello

"La otra trampa, es que sobre cada caso el gobierno pone un sello. En este desglose, reconocen sólo 24 casos, en los que computan 22 en investigación y sólo dos con condena. Si vamos a lo que resuelve la Justicia, tenemos que excluir a Walter Bulacio del archivo, porque para la Justicia argentina, lo que hubo fue un delito de privación ilegal de la libertad calificada, por eso fue condenado el policía Espósito en 2013, no por tortura ni muerte a pesar de la condena internacional. Con esta lógica, entonces, lo tenemos que sacar a Bulacio. Vamos a los casos que caratula como legítima defensa, que son como 28", explicó Verdú y amplió: "Uno es el de Ariel Santos. Tenemos el video, entonces no nos pueden mentir sobre lo que pasó. El pibe intentó afanar un supermercado chino, cosa que claramente no le vamos a aplaudir, y sabemos que merecía algún tipo de sanción, no precisamente la pena de muerte. La policía Carla Céspedes lo corre desde adentro del local. Se ve en la cámara que el chico sube a la moto, toma el manubrio y empieza a tratar de arrancarla y por los nervios que tiene, ahoga la moto y no le arranca. En ese momento, la policía se posiciona detrás de él, toma posición de tiro, bien de entrenamiento, y le mete tres corchazos en la espalda a falta de uno. El pibe con las dos manos sobre el manubrio de la moto ¿Dónde está la legítima defensa? ¿Que un tribunal oral la absolvió a Céspedes? Sí, ¿y qué? ¿Va a ser la primera vez que tenemos una sentencia injusta? ¿Vamos a modificar nuestro criterio de qué es un fusilamiento y cuál no de acuerdo a lo que un juez opine o vamos a hacerlo de acuerdo a nuestro criterio y conforme a los hechos?", interpeló.
"Otro caso: un pibe que se llamaba Echimborde de apellido. Estaba lavando el auto en la vereda de la casa el 27 de diciembre de 2016 en un barrio tranquilo en Mataderos. Apareció un patrullero corriendo un auto que se le escapaba, el patrullero a los tiros. Un tiro le pegó en el pecho. Ese es uno de los casos sellado como legítima defensa", recordó.

Las fuentes nos separan

"Cuando ves la placa en la que menciona a la fuente te das cuenta de todo: mientras nosotros tenemos toda la lista de fuentes que allí se copian textualmente de la presentación del archivo, medios de prensa nacionales y provinciales, informes de organizaciones compañeras de las provincias, los informes de organismos oficiales, el vínculo directo con familiares y vecinos de las víctimas, el chequeo sistemático que hacemos de las causas donde intervenimos o intervienen compañeros de otras organizaciones, etc.", enumeró Verdú. "A eso, se suma ahora este contrainforme, porque, sin darse cuenta, nos aportó un montón de información. Entre los casos que descarta, hay unos cuantos que nosotros teníamos registrados como NN, y nos pone el nombre de la víctima, hay algunos en los que teníamos 'oficial de la Policía Federal' sin nombre porque los medios muchas veces reservan el nombre del policía, y Bullrich nos pone el nombre del policía. También nos actualiza situaciones procesales. Causas que teníamos como sin datos, hoy sabemos que están archivadas, sobreseídas, absueltas, etc.", concluyó.


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