24 oct. 2019



Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se oficializó este mes el programa denominado “Ofensores en trenes”. Algo que recuerda de manera casi inmediata a la última dictadura militar. Una nueva estigmatización a los sectores populares desde la legitimidad estatal. En el programa Tengo una Idea que conducen Graciela Carballo, Carlos Morchio y Nicolás Rosales por Radio La Retaguardia, entrevistaron a Roberto Cipriano, Secretario de la Comisión Provincial por La Memoria (CPM). (Por La Retaguardia)


En el comunicado de la página oficial del gobierno nacional en su solapa del Ministerio de Seguridad  con fecha 3 de octubre se expresa: “El plan contempla la utilización de mil teléfonos celulares por parte de efectivos de la PFA en estaciones de trenes, principalmente para la verificación e identificación de quienes cometieron algún tipo de delito. Los teléfonos podrán escanear el DNI y cuentan con un sistema de reconocimiento facial y estarán en red con las distintas bases de datos. Se implementarán controles en las estaciones Retiro y Lacroze de la Ciudad de Buenos Aires.
En caso de comprobarse la existencia de medidas restrictivas, se establecerá contacto con la autoridad judicial pertinente y se labrará un acta en la que se notificará a la persona identificada de lo que disponga dicha autoridad”.
Al respecto, el Secretario de la Comisión Provincial por La Memoria, Roberto Cipriano opinó: “Nosotros salimos públicamente a repudiar la iniciativa, una medida más de las tantas que (Patricia) Bullrich ha lanzado de cara a disputar cierto sentido social en cuanto a estigmatizar y señalar a determinados sectores de la población. En general, sectores populares y de trabajadores como delincuentes o como los posibles delincuentes que ubica en los trenes. Es una iniciativa con escaso rigor y con escaso impacto en el tema de la seguridad. No tiene ningún tipo de sentido lo que está planteando, excepto darle un mensaje más claro a la policía que hay que perseguir a los trabajadores y a los sectores populares. No tiene ninguna racionalidad desde el punto de vista de las estadísticas y de la cantidad de investigaciones que se inician en una estación de tren”.
Cipriano marcó una diferencia en el control de otro tipo de delitos muchos más graves: “Hay otros sectores donde efectivamente se cometen grandes delitos que el gobierno no ha perseguido, que son las grandes redes de narcotráfico y de trata. Los grandes delitos económicos. No se crean instancias ni recursos estatales para que se persiga”
El secretario de la CPM mencionó el aumento en cantidad de detenidos en las cárceles en general, y en particular en la provincia de Buenos Aires, durante este gobierno. “Hay 15.000 nuevos detenidos, un récord absoluto, pasando las 50.000 personas en 20.000 plazas, lo que ha de hacinamiento y superpoblación. Una gran cantidad de detenidos son por causas de 'narcomenudeo' o por causas de consumo personal. En muchos casos son mujeres, también tiene que ver el desempleo en hogares donde el Estado debe acompañar y no está”, señaló.
Para Roberto Cipriano, el pedido de documentos en las estaciones de trenes remite a la dictadura militar: “Bullrich, todo lo que hace no lo hace de inocente o de casualidad, en parte quieren dar un mensaje a cierto sector de la población, de que se están llevando adelante acciones para mejorar la seguridad y para darle más poder a las fuerzas de seguridad. Una idea que está sustentada en un sector más de derecha. No es casual que discursivamente es un gobierno que ha tratado todo el tiempo de negar la cifra de los 30.000 desaparecidos o de hablar del curro de los derechos humanos. Ha habido funcionarios que han sido parte de la dictadura, y todo esto tiene una relación directa”.
Por último, reflexionó: “Desde la Comisión venimos insistiendo que no es con el Estado policial que resolvemos los conflictos sociales, no es con más violencia. Hoy los sistemas de promoción y protección de derechos no funcionan, no tienen recursos, están vaciados. No hay una política integral. Los pibes en situación de calle con lo primero que se encuentran es con la policía, que sabemos que es estructuralmente corrupta, que regula el delito en el territorio. Que no va a ofrecerle una posibilidad de inclusión, sino de asociarse con el delito. La política como respuesta al problema de inseguridad de generar mayor cantidad de policías en el territorio tiene más de 20 años, de Ruckauf hasta acá. La receta siempre fue la misma: más policías, más chalecos, más recursos, más patrulleros. Y los resultados están a la vista”.

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