4 dic. 2019



Según la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pasado 14 de noviembre, la mayoría automática del oficialismo aprobó un comunicado: "La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires expresa su enorme preocupación ante la interrupción del orden constitucional en el Estado Plurinacional de Bolivia y brega por una región en paz, con instituciones fuertes y sin violencia". De esa manera se expresaba la fuerza que lideran Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió en la Ciudad de Buenos Aires. (Por Paulo Giacobbe para La Retaguardia)

Foto: Archivo Agustina Salinas/La Retaguardia


El comunicado sigue la misma línea que la postura oficial, cuidándose de no utilizar las palabras golpe de Estado, manifestando preocupación y no repudio. Cuando Mauricio Macri fue consultado en los pasillos de la Casa Rosada, solo habló de preocupación. Dentro de las voces oficiales, en un escalón más sincero, Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, celebró una publicación del golpista venezolano Juan Guaidó donde festejaba el golpe en Bolivia. Y en un escaloncito más arriba, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie, directamente negó el golpe.
Esta posición es contraria a la del Congreso Nacional, que en ambas cámaras repudió el “golpe de Estado en Bolivia”. En senadores el oficialismo había presentado un proyecto que repudiaba “los ataques al sistema democrático”. No fue ese el que se aprobó.

En Bolivia

El mismo día que se aprobaba el comunicado en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos aires, y como si se intentara perjudicar al bloque de Vamos Juntos y aliados con un guión afiebrado, en el estado plurinacional de Bolivia un grupo de periodistas de medios hegemónicos fue atacado por opositores a Evo Morales y debió refugiarse en la Embajada argentina.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, SIPREBA, emitió un comunicado el 15 de noviembre, expresando “su preocupación ante los atropellos a la libertad de expresión que están sufriendo trabajadores de prensa en Bolivia tras el golpe de Estado del último domingo y por la seguridad de corresponsales y enviados”. Además repudiaban “las declaraciones de Roxana Lizárraga, Ministra de Comunicaciones del gobierno de facto, que acusó a trabajadores de prensa que realizan su trabajo en el lugar de estar cometiendo sedición”.
Por último, desde SiPreBA, instaban a Jorge Faurie a que garantice la integridad de los trabajadores y trabajadoras de prensa y recordaban que el  “ataque a la libertad de expresión comenzó el mismo domingo con la ocupación violenta de los medios públicos bolivianos por grupos opositores organizados que después de amenazar a los profesionales de la comunicación, los obligaron a abandonar sus puestos de trabajo. Por eso nos solidarizamos también con nuestros colegas bolivianos y exigimos el cese de la impunidad y la censura”.
Los trabajadores y trabajadores de prensa volvieron al país, mediante un operativo que incluyó el despliegue de “los alacranes”, un grupo de élite de gendarmería con entrenamiento militar, según contó Infobae.
CIDH: “Riesgo de impunidad para violaciones de Derechos Humanos”
La presidenta de facto Jeanine Añez, el mismo 15 de noviembre, firmó un decreto para eximir de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas, lo que le valió un comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenando las represiones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
El comunicado de la CIDH también señala que tres días antes, “el bloque minoritario del Senado—convocado y votando sin el quórum requerido—eligió la nueva líder del cuerpo legislativo que se declaró, a sí misma, presidenta interina de Bolivia, y que el Tribunal Constitucional respaldó su reclamo”, por lo que entiende necesario llamar a elecciones “transparentes y creíbles en un plazo de 90 días”.

El llamado a elecciones ocurrió el 24 de noviembre pero el plazo es mayor a noventa días. Después de anunciar que convocaría a elecciones por decreto, la Presidenta de facto, Jeanine Añez, logró que se firme un acuerdo en el Congreso. Mientras continúa la persecución a la prensa y la represión deja un tendal de muertos, heridos y detenidos. Las imágenes y los videos que llegan son impactantes y angustian.
Quedan anuladas las últimas elecciones. Podrán participar los mismos partidos con distintos candidatos si así lo quisieran, pero no podrán participar Evo Morales ni Álvaro García Linera. Se estipula que en veinte días deberá conformarse un nuevo Tribunal Electoral y en 120, como plazo máximo, serán las elecciones. El gobierno de facto se extiende más de lo previsto porque el mandato de Evo terminaba el 22 de enero. Para los golpistas, un detalle menor.
Además, a Morales lo acusan de sedición y terrorismo, con penas que van hasta los 25 años. También acusan a su hija, actualmente en territorio argentino, de enriquecimiento ilícito. Gerardo García y Ramón Caro, Vicepresidente y  Secretario de Transparencia del MAS, están detenidos. Según el diario El Deber se los acusa del robo de un auto. La persecución política a integrantes del MAS no se remite solo a esos casos y las acusaciones incluyen narcotráfico y corrupción.
Lógicamente todas estas cosas desde la Legislatura porteña no podían saberlas, ocurrieron después de emitido el comunicado. Pero para considerarlo golpe de Estado y repudiar, les bastaba saber tres cosas que ocurrieron antes: 1.- Que Evo Morales no terminó su mandato. 2.- Que el Jefe del Ejército le aconsejó que renunciara y 3.- Que hasta la propia OEA reconoció que Evo Morales ganó las últimas elecciones.

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