14 ene. 2020

El 7 de diciembre de 2019 en la villa 21-24 de Barracas, Nahuel Acosta fue asesinado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Eva, amiga y compañera de Mónica Mendoza, madre del joven, dialogó con Matías Bregante, Natacha Bianchi y Rodrigo Ferreiro en el programa Hora Libre.
(Por La Retaguardia)

📝 Texto 👉 Rodrigo Ferreiro
📝 Edición 👉 Pedro Ramírez Otero
🎤 Entrevista 👉 Matías Bregante 👉 Natacha Bianchi 👉 Rodrigo Ferreiro
📷 Foto Portada 👉 Organizaciones Barriales




Al momento en que la bala alcanzó su espalda, Nahuel tenía 18 años y vivía en un barrio acostumbrado diariamente a la represión estatal, en todas sus formas. La Zavaleta, nombre con el que se conoce a la 21-24, es la villa más grande de la Ciudad de Buenos Aires, y la que mayor cantidad de población aloja. Allí, en septiembre de 2013, mataron al niño Kevin Molina, ante la zona liberada y la inacción de la Prefectura. En ese lugar, agentes de las fuerzas de seguridad torturaron con un simulacro de fusilamiento a dos adolescentes, al borde del Riachuelo. Y la lista es larga, incluyendo jóvenes que tuvieron que irse por denunciar a la policía y recibir amenazas, y un fotógrafo de la organización barrial La Poderosa que fue detenido por intentar obtener un testimonio fotográfico de la arbitrariedad del Estado, cuando ingresó a su casa de prepo luego de balear sin permiso las paredes de su barrio. Vecinos y vecinas, desde hace un tiempo, tomaron la decisión de organizarse y controlar a las diferentes policías. Porque Zavaleta tiene ese privilegio: sus calles están habitadas por Prefectura, Gendarmería y la Policía de la Ciudad. Un ejército de ocupación.


“El policía sigue en funciones aún hoy, después de haber asesinado por la espalda a Nahuel”. Eva es contundente. El policía es Daniel Alejandro Lucero Quiroga. Él, el 7 de diciembre de 2019 alrededor de las 6.45 disparó la espalda de Nahuel Acosta. “Me enteré por mi hijo, amigo de Nahuel. Me llamó, y cuando llegué ya estaba Mónica, la mamá. Nadie explicaba nada, a ella le avisaron vecinos del barrio, nadie de la policía ni de la justicia”. El relato de Eva confirma una constante en los casos de Gatillo Fácil: el Estado mata. Pero no una sola vez. “En un momento, como tres horas después del asesinato y aún con el cuerpo de Nahuel en el piso, me acerco a los funcionarios y les digo que estaba la madre, que necesitaba que le cuenten qué había pasado. En ese momento, se acerca el Fiscal de turno y la lleva aparte a Mónica. Le dice que fue un enfrentamiento. Nosotros sabemos que es mentira, los vecinos escucharon solo un disparo”. Las palabras de Eva aclaran dos certezas típicas de la represión estatal: el armado de un escenario para argumentar una legítima defensa inexistente y la complicidad judicial. Cuando la policía gatilla, todo el engranaje estatal se organiza para que la impunidad se corporice.

Para la familia de Nahuel, sus amigos, vecinos y vecinas que acompañen, comienza el camino de la búsqueda de justicia. “Como ahora está la feria judicial, tenemos que esperar”, agrega Eva. El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Correccional y Penal N°19, comandado por Diego Slupsky. Ese juez, quien instruye, dará intervención a la Fiscalía. Pero aún no han notificado absolutamente nada. “Los vecinos y las vecinas reaccionaron muy mal. Les tocó muy de cerca, Nahuel era muy querido, era un pibe muy social”, prosigue Eva. Y concluye. “Nos estamos organizando, ya nos reunimos cuatro veces con organizaciones barriales y la familia, y el 8 de febrero vamos a hacer un mural en el barrio para que nadie se olvide de Nahuel”.


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