9 ene. 2020



Así calificó a la situación del Estado Plurinacional de Bolivia el juez Eugenio Raúl Zaffaroni, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En conferencia de prensa, Zaffaroni fue nombrado por Evo Morales Ayma como su asesor legal junto a Raúl Gustavo Ferreyra. La Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano y el informe final sobre las violaciones a los Derechos Humanos en Bolivia. Los casos de Sebastián Moro y Facundo Molares. En este clima serán las próximas elecciones anunciadas para el 3 de mayo. (Por La Retaguardia)

Texto: Paulo Giacobbe Edición: Rosaura Barletta Fotos: Natalia Bernades y Rolando Andrade Stracuzzi



“En este momento, decir ‘fuera al golpismo’, ya es ser sedicioso. El que protesta contra el gobierno de facto ya es sedicioso”, denunció Evo Morales en la conferencia de prensa que brindó el jueves 2 de enero de 2020 en el hotel BAUEN, sobre las persecuciones que está realizando en Bolivia el gobierno de facto que lidera espiritualmente Jeanine Áñez. “Los primeros días ni se imaginan cómo se calló a los medios de comunicación. Una amenaza, que la prensa nacional e internacional será investigada por sedición, si algún medio de comunicación protestara contra el gobierno de facto”, continuó el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia que, minutos antes, se había referido a las persecuciones que sufrieron los heridos y acribillados en las represiones: “Después de que los heridos estaban en los distintos hospitales de la ciudad de El Alto, fueron algunos fiscales y algunos médicos, ¿qué dijeron? Son terroristas, hay que procesarlos”.  De este modo las víctimas de los golpistas quedaban sin atención médica.
La conferencia de prensa tenía como finalidad presentar a quienes serán los asesores legales y eventuales defensores jurídicos ante tribunales bolivianos e internacionales de Evo Morales Ayma: Eugenio Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra. “Bolivia no es un estado constitucional”, sentenció Ferreyra.

Violaciones a los Derechos Humanos


La Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano presentó su informe final sobre su visita a Bolivia. El objetivo “era observar in situ si antes, durante o después del golpe se violaron derechos humanos, sociales, políticos y/o culturales. El contingente estuvo en el Estado Plurinacional de Bolivia los días 28, 29 y 30 de noviembre, con la participación de un equipo multidisciplinario de profesionales y dirigentes de movimientos de DDHH, sociales/sindicales.”,  señalan en la introducción, aclarando que no pudieron “realizar la totalidad de las actividades programadas por las amenazas explícitas del Ministro de Gobierno (de facto) Arturo Murillo y el accionar de grupos civiles de choque que hostigaron a los integrantes con total impunidad durante toda su estadía”. Esas acciones empezaron apenas pisaron el Aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz. En la Plaza Murillo también quisieron golpearlos y los insultaron, frente a las cámaras de los medios de comunicación que apoyan al gobierno de facto.


Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, integrante de la comisión, había adelantado para Oral y Público parte del informe:  “Denuncias de asesinatos. Tanques de guerra persiguiendo entre barrios a la gente, tirándoles con balas de plomo, muchos muertos en la cabeza o en los hombros. Era notorio cómo baleaban desde helicópteros de las Fuerzas Armadas. Presos. Muchos familiares de heridos, hospitalizados y que no se pudieron hospitalizar”, también denuncias de desaparecidos y fosas comunes.
El informe tiene un apartado especial para delitos sexuales, masacres contra poblaciones civiles, detenciones a la justicia y violaciones de derechos políticos y violaciones al acceso a la justicia, entre otros crímenes. También detalla los casos de dos ciudadanos argentinos: Sebastián Moro y Facundo Molares Schonfeld.
Facundo Morales fue detenido ilegalmente en un hospital, sufre una insuficiencia renal grave. Su padre viajó de Argentina a Bolivia y lo pudo ver sólo quince minutos porque junto a su pareja fue interceptado por un vehículo policial, retenido por 22 horas y liberado con la amenaza “de que se fueran de Bolivia y no regresaran, ya que eso les costaría la vida. Por tal motivo, y a pesar de la dolorosa situación, partió de Bolivia” y desde Argentina realiza gestiones por la libertad de su hijo.  Facundo había pertenecido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y por eso lo detuvieron. El caso le permitió al gobierno de facto hablar de narcoterrorismo y Murillo responsabilizó a Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela. Facundo había viajado a Bolivia para realizar su trabajo de fotoreportero para la revista Digital Fotocentenario y pensaba regresar a Argentina a principios de noviembre, según cuenta el informe.
Sebastián Moro “falleció en la Clínica Rengel de la Ciudad de La Paz, producto de un supuesto ‘accidente cardiovascular’, causado por razones que se están investigando”, sostiene el Informe de la Delegación Argentina. Sebastián era periodista, trabajaba para distintos medios de Bolivia pertenecientes a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), medios digitales y radios que actualmente no están funcionando producto de los ataques. También realizaba informes para la prensa internacional. Su hermana, la periodista Penélope Moro, dialogó con La Retaguardia: “En Argentina, Sebastián se perfeccionó y se desempeñó en tema de Lesa Humanidad, trabajaba para Radio Nacional Mendoza, donde a partir de la gestión macrista empezó a ser censurado en sus informes. Agobiado por la situación, se fue a buscar nuevos rumbos periodísticos a Bolivia, se comprometió muchísimo con la realidad política y cultural del país desde que llegó a La Paz y comenzó a trabajar para la CSUTCB”.
Penélope contó que en la mañana del 9 de noviembre, Sebastián no pudo trabajar en la sede de la CSUTCB porque estaba sitiada por un grupo paramilitar afín al golpismo. Decidió volver a su casa y trabajar desde ahí. Sebastián mantuvo comunicación con su familia hasta la noche. El domingo 10 se perdió la comunicación.  Gracias a un “contacto que tenemos allá, logramos que entrara a la casa, la puerta estaba entreabierta y Sebastián semi inconsciente. Desde ese momento es internado en una clínica de La Paz”, explica Penélope, que el lunes 11 viajó a Bolivia y se encontró con un país en llamas: “El día lunes estaba arriba del avión, tratando de llegar a La Paz. Evo Morales estaba renunciando esa tarde de domingo, así que era todo un caos. Sebastián resistió en terapia intensiva en estado de coma hasta el 16 de noviembre, que fallece. Los partes médicos aseguran que había sufrido un ACV. Yo apenas llego, tomo contacto con su cuerpo y noto golpes, tomo fotografías y algunos estudios que tenían que ver con los golpes internos. Algunos médicos me decían que esos golpes eran productos de agresiones o de tortura, pero no me daban más información”. Penélope Moro dice que en la clínica no le ofrecieron realizar una autopsia y la única manera de repatriar los restos de Sebastián era cremándolo. Permanecer en Bolivia era peligroso y tampoco podían realizar ningún tipo de denuncia. Decidieron realizar la cremación y volver a Argentina. Desde aquí realizaron denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH “que hemos ido nutriendo con pruebas. El material clínico fue analizado por médicos forenses que concluyen que la muerte de Sebastián es extremadamente dudosa y merece una investigación. Sumado al contexto de persecución de periodistas y de funcionarios en esos días pre golpistas para promover el derrocamiento de Evo Morales. Sebastián ocupaba un doble rol de riesgo porque estaba comunicando, desde antes del golpe de estado, el devenir político y social, la violencia que se avecinaba, hacia el interior, el campesinado y los indígenas y hacia la Argentina. Por lo tanto estaba en una primera línea de fuego”, analizó la hermana de Sebastián Moro y para finalizar agrega un dato de vital importancia: “De la casa desaparecieron y nunca más encontramos su chamarra de la CSUTCB, la campera con el logo de prensa, su grabador de periodista y su libreta de anotaciones”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado de prensa con fecha 10 de diciembre donde mencionan a Sebastián. El 8 de noviembre “se registra la quema de la sede de las Seis Federaciones del Trópico del Chapare y del Movimiento Al Socialismo (MAS) donde se encontraban las instalaciones de la Radio Comunitaria Kawsachun Coca; y la toma de instalaciones de diferentes medios de comunicación estatales y otros canales privados como TVU, Red Uno, UNITEL. El 9 de noviembre, el director de la radio estatal Radio Tupak Katari y del periódico Prensa Rural, José Aramayo (jefe de Sebastián Moro) fue amarrado a un árbol y vejado durante horas por vecinos de la zona de Miraflores, en La Paz, incidente que habría sido documentado por el corresponsal del periódico argentino Página 12, Sebastián Moro, quien un día después fue encontrado inconsciente en su domicilio, con traumatismos en distintos lugares del cuerpo y luego de seis días falleció.”

Fuera del sistema


Añez y Camacho con la Biblia en la mano son postales que no necesitan palabras. Evo Morales en el Hotel Bauen, recuperado por sus trabajadores pero con una orden de desalojo eterna pendiendo sobre sus cabezas, dando una conferencia de prensa junto a Eugenio Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra, es otra postal que tampoco necesita demasiadas palabras.
“Bolivia no es un estado constitucional. Los estados en el mundo se dividen en estados constitucionales y en estados no constitucionales. Bolivia está fuera del mundo.  Bolivia es un estado donde no existe la fuerza regulada racionalmente, Bolivia es un estado de pura fuerza bruta”, continuó Ferreyra en la conferencia de prensa y resaltó que en toda América Latina no existe un estado de pura fuerza bruta como el estado boliviano. Se preguntó si la autoridad de facto en Bolivia “domina totalmente el aparato de la administración y el aparato del territorio, lo ignoramos porque no tenemos informaciones” y reconoció a Evo Morales, quien estaba a su lado, como el presidente del país vecino: “La asamblea boliviana no ha aceptado ni rechazado la renuncia. En consecuencia, desde el punto de vista constitucional estamos en presencia del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”.


Además, para la Constitución de Bolivia “todos los actos del gobierno de facto son nulos y la República Argentina no debería responder al gobierno de facto ningún pedido de ninguna índole”, advirtió Ferreyra adelantándose a un posible pedido de extradición. El jurista explicó que Bolivia va a entrar en una zona de acefalía absoluta después del 22 de enero: “termina el mandato del presidente y termina también el mandato de los miembros de la asambleas, en ese momento Bolivia va a entrar en una zona de acefalía absoluta”.
Zaffaroni recordó que la Asamblea Legislativa Plurinacional “no ha podido reunirse porque los diputados son gaseados para que no entren al recinto. (Sobre) La situación jurídica de Evo morales, yo diría que tiene la inmunidad de un jefe de estado extranjero, por lo menos hasta el 22 de este mes. Es insólito. Mientras se titula presidenta de Bolivia una señora que surge de un partido que tiene el 5 por ciento de los votos”, dijo Zaffaroni sobre Añez.


“Se han salido del sistema planetario. En los últimos días el régimen o el ejercicio del poder boliviano, que no sé si es un Estado, ha violado normas, las más elementales normas de derecho de gentes, que regula la coexistencia entre estados. Hostigar embajadas. Hecho a representantes diplomáticos. Violar la norma elemental de derecho de gentes, de inmunidad de embajadas extranjeras. Estamos tocando las normas más elementales que hacen a la coexistencia de la comunidad jurídica mundial”, describió así el Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el panorama que se vislumbra desde Bolivia, que incluye además violaciones a los derechos humanos. En cuanto a las denuncias que Evo Morales tiene en Bolivia y un posible pedido de extradición, fue concluyente: “ Ante el derecho nuestro no se ha pedido ningún pedido de extradición. Lo único que hemos visto es una orden de detención emanada por dos fiscales por el delito de sedición. La sedición es un delito objetivamente político y por delito político no se puede extraditar a nadie, según dicen las normas internacionales”. Tampoco se ha realizado ninguna gestión ante Interpol.

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