18 feb. 2020



Lo dijo Ángeles Ramos, a cargo de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, en el programa Oral y Público de Radio La Retaguardia, y contó acerca del informe que presentaron a fines de 2019. La Fiscal dijo que uno de los objetivos para este año es lograr llevar a juicio una mayor cantidad de causas de lesa humanidad y pidió mejorar la estructura hospitalaria del Sistema Penitenciario Federal para así lograr disminuir la cantidad de arrestos domiciliarios a genocidas. La entrevista fue realizada a fines de 2019. (Por La Retaguardia)

🎤 Entrevista 👉 Fernando Tebele
📝 Texto 👉 Diego Adur
💻 Edición 👉 Fernando Tebele
📷 Foto 👉 Informe de la Procuradoría de crímenes contra la humanidad



¿Se terminan los juicios por crímenes de lesa humanidad? ¿Hay un final a la vista o acaso serán procesos eternos? ¿Los genocidas van a seguir cumpliendo las penas en sus casas? Estas y otras preguntas rondan en el mundo de los organismos de derechos humanos y la parte de la sociedad que intenta seguir con atención lo que sucede en estos procesos históricos.
Ángeles Ramos está a cargo de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), que entre otras acciones, realiza periódicos relevamientos acerca del estado de las causas.
Uno de los puntos que destacó el informe  presentado en diciembre pasado, es el bajo porcentaje de denuncias e investigaciones por crímenes de lesa humanidad que finalmente llegan a ser sometidas a juicio: “Manejamos una de las pocas estadísticas oficiales del tema. El informe de cierre del año reflejó como fue toda la actividad en materia de juicios de lesa humanidad en el país. En números, hoy estamos en un 50% en términos de juzgamiento. No me refiero a juicios en sí, sino a causas, porque hay procesos que están en plena etapa de investigación y recopilación de pruebas. Hay un porcentaje muy pequeño que ya está en etapa de juicio, son alrededor de veintiuna causas. Esto empezó en el año 2003 y ya estamos cerca de las doscientas cuarenta sentencias. Por lo tanto es un porcentaje muy pequeño el que está en etapa de juicio, un 4% de los procesos. Algo está pasando. Hay algún problema que tenemos que identificar. Hay muchas denuncias e investigaciones que se inician todos los días por causas de lesa humanidad, pero no avanzan hasta la etapa de juicio. Hay como un embudo que hay que destrabar”, expresó Ángeles Ramos, titular de la PCCH.
Uno de los motivos por los que no logran desarrollarse los juicios o la razón por la que las causas que sí son llevadas a juicio se pausan y dilatan frecuentemente es por la dificultad para conformar los Tribunales Orales: “Hay una necesidad de cubrir Tribunales Orales. Hay muchas vacantes en el Poder Judicial y también en el Ministerio Público Fiscal. Esto genera que, si hay un tribunal que tiene que tener tres jueces y tiene uno solo, necesitemos que vengan dos jueces prestados para hacer los juicios. Esos dos jueces, a la vez, tienen su propio Tribunal. Tienen una disponibilidad reducida”, explicó Ramos y agregó el condimento de la poca voluntad del Estado y el Poder Judicial para priorizar las causas de lesa por encima de otras: “En los últimos años, la política criminal estuvo enfocada a otros fenómenos criminales. Yo defiendo darle prioridad a los juicios de lesa humanidad porque venimos con 40 años de atraso. Primero tenemos que esclarecer esos hechos y luego, o en paralelo, darles lugar a los demás. Debemos buscar mecanismos para realizar los juicios y no evitarlos. Debe haber una decisión de Estado de darle prioridad a estos juicios en conjunto con el Poder Judicial y la Corte. Sin esta decisión no se va a poder solucionar el problema que tenemos de déficit de salas y audiencias y los problemas por falta de recursos para realizar, por ejemplo, videoconferencias. A la vez, algunos Tribunales están sobrepasados de causas. Hay que tratar de buscar una solución que compatibilice todos los problemas”, exigió Ramos.
En esa línea, la Procuradora dio el ejemplo de la causa ESMA Unificada, un juicio de “una magnitud tremenda” que “insumió 5 años porque no daban abasto”. La solución no es recortar testimonios ni pasar por alto ninguna prueba, sino que “los Tribunales tienen que poner a disposición otros recursos. Hay salas de audiencia que a la tarde no se utilizan. El juicio de ESMA Unificada duró 5 años porque se llegó a realizar solo una vez por semana”.
Por último, la fiscal Ramos se refirió al otorgamiento de la prisión domiciliaria cada vez más habitual para los genocidas mayores de 70 años. Aclaró que cumplir esa condición no es suficiente para acceder al beneficio y pidió que se refuerce el sistema de salud dentro de la penitenciaria para así evitar que los genocidas sigan recurriendo al arresto en sus domicilios: “El estándar actual en materia de análisis para la concesión de arresto domiciliario es una mesa de varias patas. Una de ellas es la edad. La edad que establece la ley es de 70 años. Además de tener 70 años se exige que la persona esté atravesando una enfermedad que sea de imposible tratamiento dentro del ámbito del Servicio Penitenciario. El Servicio Penitenciario Federal  tiene estructura hospitalaria, aunque no demasiado desarrollada. Cuando no puede atenderse la persona bajo ese sistema es que el arresto domiciliario emerge. En la realidad, el arresto domiciliario no soluciona el problema de un adecuado tratamiento. A veces nos oponemos al arresto porque de ningún modo está demostrado que estar en el domicilio va a mejorar el cuadro. Sin embargo, los Tribunales tienen cierta ambigüedad en este sentido y los otorgan. Los esfuerzos del Estado deberían estar enfocados en reforzar el sistema hospitalario dentro del servicio penitenciario y solo en excepcionales casos otorgar el arresto domiciliario. Hoy en día, todos los que gozan de este beneficio ya deberían disponer de un sistema de monitoreo permanente. Esperamos que a partir de este año haya presupuesto suficiente para lograrlo”, pidió la procuradora.

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