28 feb. 2020



Hoy iba a declarar Luna, una joven de 17 años que denunció hace diez a su progenitor abusador. Sin embargo, la comparecencia en Cámara Gesell fue suspendida por una fractura ósea de la abogada del denunciado. (Por La Retaguardia)

📝 Texto 👉 Rosaura Barletta 💻 Edición 👉 Fernando Tebele 📷 Foto 👉 Melisa Abril

“Los bombos sonaban adentro”, dijo, risueña, Yama Corín al salir de Tribunales. No es que hoy sea un día que dé mucho para reírse, son momentos, breves, mayormente miradas cómplices con alguna compañera. Yama se ríe bastante, incluso en actividades vinculadas a la temática que la impulsa, le duele y la atraviesa, que es el abuso sexual en la infancia. Pero la jornada empezó con una mala noticia. Luna, su hija, que tenía que declarar en Cámara Gesell, después de diez años, en el marco de la denuncia a su progenitor abusador, hoy no sería escuchada por el poder judicial. Como siempre... Sólo que hoy iba a ser el día en que sí,  Luna, ahora una chica de 17, iba a ser escuchada por el poder judicial. “Escuchen a Luna”, la frase más sintética, escrita en afiches pegados frente a los Tribunales de Morón, dirigidos al Juzgado de Garantías Nro. 1 (a cargo de Alejandro Horacio Lago) y la Fiscalía Nro 7 (a cargo de Matías Rappazzo). El día era hoy, pero no fue.
Luna denunció a su progenitor abusador hace casi diez años. Él, al momento de la denuncia, militante de Izquierda Socialista, es protegido por el partido hasta hoy. El último pronunciamiento público al respecto es de Laura Marrone, dirigente de la organización: “Son mentiras o equivocaciones”, “Jamás existió un proceso en el que se le dé curso a la denuncia realizada contra nuestro compañero”. Lo dijo en la marcha de Ni Una Menos en 2016. Antes de eso, la organización de mujeres Mundanas y Yama habían sido declaradas “enemigas” de Izquierda Socialista por sostener la denuncia de Luna. El partido lo anunció en un boletín interno del año 2015 que se filtró y trascendió, en el que también esgrimen que su Comisión de Moral analizó el caso, y consideraron que las pruebas evaluadas no eran suficientes. “El caso está cerrado en la Comisión de Moral y por lo tanto en el partido” (Sic). Si bien nunca hubo una retractación pública ni privada hacia las denunciantes, ahora hay rumores extraoficiales de que el denunciado no participa más en Izquierda Socialista. No trascendieron las razones, tampoco ninguna aclaración oficial del partido respecto de si es así ni retractación alguna por la conducta de defensa activa del denunciado sostenida durante los siete años posteriores a la denuncia de Luna.
En el poder judicial, el expediente pasó los primeros tres años encerrado en un entramado burocrático respecto de la competencia jurisdiccional de la investigación. Hoy era el día en que Luna tenía que ser escuchada. Casi diez años después, había llegado el día. Luego de meses de una serie de nimiedades técnicas que hacen las veces de dilatación burocrática y garantía de impunidad, recursos que la defensa del abusador aprovechó, hoy era el día. Al abusador lo defiende la abogada Patricia Anzoátegui. Es asesora legal de la organización Mujeres Sanas, que sostiene que hay una “mafia e industria” de las falsas denuncias de violencia de género y defiende la falsa teoría del Síndrome de Alienación Parental (SAP), la estrategia por excelencia de los abusadores, que convierte al denunciado en víctima y a las denunciantes en victimarias. Esta teoría plantea que las mujeres madres pueden ‘programar’ las mentes de les niñes para impulsar denuncias falsas. Fue creada por Richard Gardner, un pedófilo confeso, carece de todo aval científico y está desestimada por la comunidad de la salud mental en su conjunto. Anzoátegui sostuvo en una entrevista sobre la labor de su organización, que los Tribunales de Familia deben aggiornarse a la realidad de que “quien convive con el niño le enseña al niño a no querer a su padre, les van inculcando ese odio que ellas sienten, y el niño cuando va a la Cámara Gesell siempre dice lo mismo, ‘no quiero ver a mi papá’, y el juez no se da cuenta de que ese chico fue inducido”. Mujeres Sanas, además, se posiciona en contra del aborto legal, seguro y gratuito.


Para conseguir la suspensión de la Cámara Gesell en la que Luna iba a declarar hoy, Patricia Anzoátegui esgrimió razones de salud que le impedían presentarse. Lo acreditó con un certificado por un hueso roto que data del 9 de diciembre de 2019. El poder judicial le concedió la cancelación. Luna tiene 17 años, y la Cámara Gesell es un derecho que tiene antes de los 18, de declarar en un lugar a resguardo, con un/una perito profesional de la salud que hace todas las preguntas necesarias para conocer los hechos en detalle. Así, los dichos de Luna en ese contexto son los que se analizan en el juicio. Ese es el recurso que permite evitar la revictimización que implicarían las preguntas de la defensa del abusador e incluso la presencia del abusador en el momento de la declaración. La revictimización sucedió igual. Luna, después de diez años, se preparó para enfrentar el recorrido más minucioso y detallado de todos los hechos que denuncia, pero sin ninguna notificación formal de por medio, su defensa supo, de casualidad, ayer a mediodía, que la Cámara Gesell programada para hoy estaba cancelada. Por el hueso roto de Patricia Anzoátegui. “No es condición sine qua non que la defensa esté presente”, aclaró Marina González Rodríguez, abogada de Luna.
La organización Mundanas había convocado a acompañar y abrazar la declaración de Luna frente a los Tribunales de Morón, y la concentración se sostuvo. Ahora había que ir a exigir una nueva fecha, sin conceder por un segundo el derecho que Luna tiene irrefutablemente: declarar en Cámara Gesell.


“Necesitábamos que Luna fuese acompañada porque iba a declarar después de diez años. Esta es una causa más de las tantas que duermen en los juzgados. Los juzgados ejercen una violencia tremenda sobre las mamás protectoras y los niños y las niñas. Eso termina en que el 1% de los abusadores denunciados reciben condena”, planteó Yama Corín antes de entrar a los Tribunales. En medio de los bombos, los cánticos y la vibración feminista desde la calle, Luna, su mamá y su abogada, ingresaron un escrito pidiendo una fecha urgente para la audiencia, que podría reprogramarse para el 18 de marzo. Adentro, supieron que el fiscal Matías Rappazzo ya había solicitado reprogramarla para cuando Luna sea adulta, como una declaración testimonial. “Esto es la cultura de la violación”, caracterizó Yama. Hoy, otra vez, el poder judicial ejerce violencia contra Luna, y el movimiento feminista la abraza de nuevo. Lo hará todas las veces que haga falta.

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