30 mar. 2020



Mercedes Soiza Reilly, quien fue fiscal en el tramo más relevante de la Megacausa ESMA, opinó en el programa Oral y Público de Radio La Retaguardia acerca de los pedidos de prisión domiciliaria que realizaron genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad por la pandemia de Coronavirus. La abogada detalló las resoluciones dictadas por la justicia y los protocolos de prevención aplicados por el Servicio Penitenciario Federal para preservar la salud de los detenidos.

🎤 Entrevista: Fernando Tebele
✏ Redacción: Diego Adur 
💻 Edición: Fernando Tebele
📷 Foto: Camilo del Cerro

Una comisión interna del Servicio Penitenciario Federal estuvo encargada de informar acerca de los potenciales pacientes de riesgo que existen en las distintas instituciones carcelarias en vistas de la pandemia del virus COVID-19. A partir de ese informe, las defensas de decenas de genocidas en todo el país condenados por crímenes de lesa humanidad, solicitaron a la justicia el beneficio de excarcelación y/o prisión domiciliaria. Mercedes Soiza Reilly, ex fiscal del Ministerio Público durante el tercer tramo de la Megacausa ESMA, contó a La Retaguardia acerca de esos pedidos que , en su mayoría, están siendo rechazados por la justicia. La abogada aseguró que el SPF cumple con las resoluciones y protocolos establecidos por el Gobierno para que prevenir y evitar el contagio del virus de los presos: “Hay una crisis sanitaria global que hoy es prioridad. Esto repercute en el estado de hipersensibilidad que se maneja dentro de los lugares de encierro. Da lugar a que se desencadenen los pedidos de los presos para salir, ya sea bajo prisión domiciliaria o por excarcelaciones. Sabemos que las condiciones de detención en las cárceles argentinas son, en la mayoría de los casos, infrahumana. Lo hemos denunciado. A la vez, sabemos que las condiciones de detención en los pabellones de lesa humanidad son diametralmente diferentes. Según los informes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), se están manteniendo las condiciones de higiene general. Además, los pabellones de lesa humanidad no están superpoblados; eso no es poco. No hay hacinamiento, como ocurre en otras unidades penitenciarias con presos ‘comunes’. Hay espacios para mantener la distancia entre personas y tienen atención médica las 24 horas. No es un dato menor a la hora de hablar si se concede o no se concede una prisión domiciliaria”, aseguró Soiza Reilly en su primera columna radial en La Retaguardia, y expresó que parecería ser que se vienen rechazos mayoritarios por parte de cada tribunal. “Ninguna de las resoluciones que hasta ahora se han tomado a nivel estatal, con todos los poderes en juego, hacen pensar en una salida indiscriminada de personas imputadas de graves crímenes. Muy por el contrario. La normativa trae que las instituciones penitenciarias deben establecer protocolos de emergencia. En ningún momento dice nada de conceder libertades ni prisiones domiciliarias. El Servicio Penitenciario ya puso en práctica estos protocolos y estas directivas. No habla de una liberación indiscriminada sino, por el contrario, hablan de un cuidado interno, intramuros”, dijo.
Vale destacar dos cuestiones importantes que señaló Soiza Reilly. Aún no hay reportes de contagios dentro de las unidades penitenciarias. Además, de existir alguno, dentro de las prisiones contarán con un servicio de salud que, probablemente y a medida que avance la pandemia en nuestro país, estará colapsado fuera de los penales. “Lasas preguntas que nos hacemos son: si se conceden esas libertades, ¿quién garantiza que en los domicilios estas personas no contraigan el virus? ¿Cómo hacemos para controlar que los convivientes no hayan estado en contacto con el virus? Cuando avance el estado de la pandemia la salud pública va a estar colapsada. Los presos de lesa humanidad alojados en sus domicilios también van a sufrir las consecuencias de ese colapso. Estos datos son los que están tomando los tribunales para rechazar la concesión de estos beneficios. Otro dato: no se registran contagios en las unidades penitenciarias, lo que significa que la situación puede verse controlada. Hay un plan de contención epidemiológico para evitar no solo la propagación sino también la detección a tiempo del causante. El 24 de marzo se aprobó un protocolo maravilloso por lo que contiene: Detección, diagnóstico precoz, aislamiento preventivo y aislamiento sanitario por Coronavirus en todos los establecimientos penitenciarios del país. Es para todos los presos del país”, expresó la abogada. De todos modos, si se produjeran contagios en los pabellones de presos comunes, la situación podría ser la contraria, porque allí sí hay hacinamiento y reina la desatención médica y la desidia.
De los 200 genocidas condenados en todo el país que aún permanecen en instituciones penitenciarias, más de 70 pidieron el beneficio al tiempo de la publicación de esta nota. Soiza Reilly aclaró que, en caso de concederse los beneficios, la medida debería durar hasta que se logre frenar la pandemia: “No hay que perder de vista que el beneficio no es automático. Hay que analizar las posibilidades de otorgamiento en cada uno de los casos. En caso que se concedan, estas medidas son de carácter excepcional y extraordinario. Están sujetas al plazo que dure esta crisis sanitaria”, cerró.

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