22 abr. 2020


Berni camina, presuroso. Cae la tarde en Quilmes, está fresco y luce una campera oscura, que le abriga el pecho y parte del cuello. Se para frente a los trabajadores que horas antes fueron reprimidos por la policía. Intenta explicar, habla de desinteligencias, y recibe los reclamos. Hacia la noche, y sin el conflicto resuelto, los cruces aparecerán en las redes sociales. El Ministro de Seguridad bonaerense dirá que él no ordenó el accionar policial. El Gobernador Kicillof tampoco se hará cargo. Y la Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, repudiará lo sucedido por Twitter. Nadie fue. Mientras, dos efectivos de la Bonaerense son desafectados. La represión en las puertas del frigorífico quilmeño Penta, que finalizó con heridos graves, no es excepción sino regla de una cuarentena que puso en relieve las miserias de los empresarios y las relaciones carnales entre patronal, poder político y burocracia sindical. Pero también evidenció otro factor real: la enorme organización de base de los y las trabajadoras vernáculas, resistencia heredada de la dictadura y los peores años de neoliberalismo democrático. (Por La Retaguardia)

✏ Redacción: Rodrigo Ferreiro 💻 Colaboración: Luis Angió- Nicolás Rosales- Matías Bregante- Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Agustina Salinas- Colectivo de Trabajadores de Comercio en Lucha



Les monotributistes: el ciudadano invisible

“El espacio de Monotributistas Organizadxs surge a finales de 2019, en el medio de la lucha de prestadores de salud que trabajan para las Obras Sociales, junto a estatales precarizados, luego nos sumamos nosotros”. Quien habla es Rodolfo Fucile, dibujante e ilustrador independiente, y con el nosotros se refiere a aquellos trabajadores y trabajadoras que son autónomos y, al igual que los y las laburantes estatales que tienen contrato de locación de servicio anual y los y las profesionales que facturan para Prepagas y Obras Sociales, pagan mes a mes el Monotributo al Estado. Fucile, desde un audio acorde a los tiempos de aislamiento, también recuerda que el aumento del 50 por ciento de principios de 2020, disposición heredada por el macrismo pero ratificada por el gobierno de Alberto Fernández, hirió gravemente, generando una organización antes impensada, que visibilizó el padecimiento de este grupo de trabajadores y trabajadoras.

La cuarentena los y las encontró, entonces, en pleno proceso de lucha. “Nuestra organización es horizontal. No hay jerarquías. Veníamos haciendo asambleas, pero el aislamiento modificó sustancialmente nuestra dinámica”, prosigue Rodolfo. “Tenemos grupos en redes sociales, allí nos comunicamos y tomamos decisiones. Lo que se hizo visible con el Coronavirus es la enorme precarización que tenemos muchos trabajadores y trabajadoras”, completa.

El colectivo de Monotributistas Organizadxs logró realizar un petitorio virtual masivo, donde recolectó 130 mil firmas. “Nuestro pedido era claro, no pagar el Monotributo, un subsidio de 30 mil pesos para el que lo necesite y que se garantice la cobertura de salud”. Por la presión ejercida por los y las trabajadoras, el gobierno decidió otorgar un Ingreso Familiar de Emergencia de 10 mil pesos por mes, suma que para Fucile es insuficiente. “No cubrió la situación del sector. Lo real es que no solo no se cubre nada con ese dinero sino que millones de monotributistas quedaron afuera. Se nos excluyó a muchos que hoy no tenemos trabajo con requisitos absurdos y prejuiciosos. Deberemos insistir con el reclamo, entonces. Y, en lo posible, volver a las asambleas y las movilizaciones”.

En el mismo universo monotributista se encuentran, como se menciona en el párrafo anterior, los y las profesionales que prestan sus servicios a las Obras Sociales y Prepagas. Javier Cirigliano, psicólogo que trabaja fundamentalmente en el área de discapacidad, es uno de ellos. “Hasta el 2017, aproximadamente, el conflicto giraba casi siempre por la metodología de contratación. Es decir, las Obras Sociales nos contrataban, se quedaban con un porcentaje y nosotros, además, debíamos pagar el Monotributo”, describe. “Pero en 2017 comienza a haber una brecha salarial entre ciertos sectores dentro de las Obras Sociales, diferencias entre transportistas y profesionales, que produjo un germen de organización de los profesionales independientes”, continúa. “Estuvo bueno, fue desde abajo, y surge el colectivo de Prestadores Organizados. En 2018 comenzamos a interactuar con otras organizaciones por el recorte fuerte en discapacidad”, cierra. Javier cuenta, entre los actores de lucha, a las familias de niños y niñas discapacitadas. “Las familias se sumaron. Con ellos nos pudimos organizar bien, con algunas marchas, frente al Congreso, por ejemplo”. Durante la cuarentena la Superintendencia de Servicios de Salud, ente a cargo de Eugenio Zanarini y que regula a Obras Sociales y Prepagas, publicó la resolución 308, donde se recortaba a la mitad el pago de prestaciones para personas con discapacidad. La reacción fue inmediata, y la organización previa se constituyó en un factor clave para enfrentar el ajuste. “Llegamos fuertemente a los medios, y eso produjo que se decida dar vuelta esa resolución, aunque aún no lo hicieron efectivo. Pero la promesa está, y eso es gracias a lo que se hizo”, concluye Javier Cirigliano, describiendo la decisión de la Agencia Nacional de Discapacidad de garantizar la totalidad de la cobertura aunque manifestando el estar alerta hasta que no se publique el Decreto de Necesidad y Urgencia correspondiente.




Sin lugar para el aplauso: les empleades de comercio

“En Carrefour ya hay tres casos confirmados de Coronavirus y en Coto, dos. Pero no los blanquean, cierran el local diciendo que hay tareas de desinfección, ocultando la verdad, poniendo en riesgo a los y las trabajadoras y no cortando la cadena de contagios”. Quien habla es un trabajador organizado bajo el colectivo “Trabajadores de Comercio en Lucha”, espacio de resistencia colectivo que nació a partir del Aislamiento Social Obligatorio. “Nosotros empezamos a evaluar la necesidad de crear esto a partir del descontento generalizado por las medidas de las empresas de supermercados ante el Coronavirus. No nos cuidan, nos abandonan y, por otro lado, nuestro gremio, con Armando Cavallieri a la cabeza, no nos representa de ningún modo, negociando siempre con la patronal”. Las palabras del trabajador de comercio, que se mantiene en el anonimato por razones de seguridad, reflejan una realidad que es un denominador común en muchas instancias de lucha laboral: la necesidad de organizarse desde abajo porque las conducciones sindicales no responden a los intereses de la clase trabajadora. “Los Cuerpos de Delegados, en sus redes sociales, repiten el mismo discurso que la empresa. Niegan, en el caso de los compañeros con Covid-19, que el contagio haya sido en el espacio laboral, hacen ciberpatrullaje mandando solicitudes de amistad por Facebook e Instagram rastreando agitadores, amenazan a compañeros para que no difundan casos de Coronavirus en los locales y, en casos puntuales como el del delegado Ramón Muerza en Coto, garantizan que los comercios abran sin ni siquiera respetar la distancia entre personas, como sucede en el Hípermercado de Avellaneda”, prosigue el trabajador de comercio. Y completa: “En Carrefour hay algunas agrupaciones que apoyaron a Muerza en las elecciones para Secretario General del Sindicato, que perdió en 2018. Luego se abrieron, pero las prácticas son las mismas, garantizan que los supermercados abran, que no haya medidas de fuerza y que los trabajadores nos calmemos”. Con respecto al empresariado, plantea: “La patronal no tuvo medidas bien organizadas frente a la pandemia. Fue todo improvisación. En algunos locales repartieron guantes, en otros barbijos, pusieron acrílicos en las cajas, aunque no en todos lados. Pero todo esto se logró a partir de la presión nuestra. Si no, no hacían nada”. Una vez más, lo obvio: cuando la patronal encuentra una resistencia organizada, cede. “Nuestra organización fue por etapas, y logramos bastante. Primero, armamos un petitorio claro, donde pedíamos reducción de la jornada laboral, licencias pagas y un bono no menor a 20 mil pesos. Ahora, estamos en un segundo momento, donde lo importante es denunciar el ocultamiento de las empresas sobre casos positivos de Covid-19”. Sin embargo, el petitorio no fue la única medida que trabajadoras y trabajadores pensaron para presionar. “El 6 de abril amenazamos con hacer paro al otro día. El 7 hicimos una sentada de cuatro horas. Allí, el Ministerio de Trabajo dictó la Conciliación Obligatoria. Cuando se presentó el Bono de 5 mil pesos como una victoria, nosotros planteamos que no, que queríamos de 20 mil. Sintieron la presión, se dieron vuelta muchos delegados, y empezaron a exigir el de 20 mil. Cuando comenzamos a pedir medidas higiénicas y nos mandaron un tutorial para que nosotros armemos máscaras en casa, nos levantamos y exigimos que se cumpla el artículo 67 del Convenio Colectivo de Trabajadores de Comercio, que plantea que si las condiciones de seguridad no están dadas podés abstenerte de ir a trabajar. Y allí, aparecieron los barbijos, los guantes, los alcoholes en gel”, cierra el compañero trabajador organizado en Trabajadores de Comercio en Lucha, realizando una cronología exacta de las decisiones motorizadas por el colectivo de laburantes.




Final, o cuando la cuarentena no es privilegio

Ante el atropello patronal, el gobierno nacional publicó un decreto que prohíbe los despidos. Pero no se cumple. La situación de muchos y muchas trabajadoras no es de privilegio. A las exigencias en sus espacios laborales y el desamparo sindical se suma, en no pocas oportunidades, la pérdida del trabajo. Según encuestas, muchísimos ciudadanos y ciudadanas han reducido su ingreso en un 50 por ciento en el último mes. La mayoría, autónomos y autónomas, aunque también en relación de dependencia, como son los casos de los y las trabajadoras de varias cadenas de comida rápida, de capitales nacionales y extranjeros. En ese sentido, se organizaron laburantes de algunas líneas de colectivos de la zona sur, como las 540 y 553, que lograron el depósito de la totalidad del sueldo luego de haberse reducido a la mitad. Tal vez, ante estos datos, sería interesante repensar el alcance corto del bono gubernamental de 10 mil pesos. Sin embargo, no todo es dinero. Algunas empresas multinacionales de la industria del neumático como Fate, Pirelli o Bridgestone ya están reabriendo sus puertas ante la autorización estatal. Sus trabajadores, atinadamente, exigen que se haga público el stock que poseen. Lo más probable es que no sea necesaria la producción y sí seguir cuidando a los trabajadores y las trabajadoras, como en un reciente Comunicado plantea la Lista Roja del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina (SUTNA). Sin embargo, las empresas insisten con la necesidad de la reapertura, desoyendo el pedido del sindicato, y evidenciando una colisión de intereses de compleja resolución si no interviene alguna autoridad estatal.

Lo narrado solo es un panorama breve de algunos espacios de resistencia laboral en el marco del Aislamiento Social que ya cumplió un mes. Existen más trincheras, numerosas decisiones colectivas de lucha, como el Paro Internacional de Repartidores de Aplicaciones, el 22 de abril, acción inédita en la historia reciente. Todo evidencia, a las claras, que a pesar de las medidas del gobierno, de las patronales que quieren que se siga produciendo para engrosar sus bolsillos y dirigentes sindicales que pactan con ambos, las y los trabajadores se organizan para no seguir siendo explotados y cuidar su salud. 


"Esta nota forma parte de la cobertura especial 'Emergencia del Trabajo' frente al COVID-19 realizada conjuntamente por SIPREBA, ANRED y la Fundación Rosa Luxemburgo".



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