29 abr. 2020



Se trata de una de las cadenas de kioscos más importantes de la Ciudad y el Conurbano, que despidió a 150 trabajadores/as que estaban en condiciones de contratación precaria. Esta decisión viola el decreto 329/2020 que prohíbe despidos por 60 días, y la patronal de OPEN 25 suma así más irregularidades a su historial. Hablamos con Alejo Caivano, abogado laboralista y representante de varios empleados y empleadas de la cadena. (Por La Retaguardia)

🎤 Entrevista: Andrés Masotto
✏ Redacción: Andrés Masotto
💻 Edición: Rosaura Barletta

El abogado se refirió, primero, a las condiciones de precariedad previas a la pandemia: “Si hoy hubiera una competencia de condiciones de hiper-explotación entre empresas que emplean a más de 3.000 laburantes en CABA y AMBA, la cadena OPEN 25 entraría en el podio con un probable primer lugar. Sus laburantes tienen un régimen que es bastante parecido al feudalismo: laburan doce horas de lunes a domingo y cuentan con un solo franco semanal. El total de las horas semanales que deben trabajar es de setenta y dos horas semanales. La jornada legal actual para el gremio de comercio (el que corresponde a la actividad) es de cuarenta y ocho horas semanales. En total hacen veinticuatro horas extras por semana, siempre en dos turnos, de siete a diecinueve horas y de diecinueve a siete”, enumeró Caivano. Y sentenció: “Si falta el reemplazo, deben quedarse hasta que los supervisores consigan algún otro. Si no consiguen, deben quedarse hasta completar el turno, laburando al menos veinticuatro horas”.
Las lamentables condiciones laborales que pesan sobre los contratados por Juan Manuel y Jorge Damiani no terminan ahí. Muchas empresas vieron en la pandemia la oportunidad para profundizar la violencia contra sus empleados y empleadas, y los hermanos Damiani no fueron la excepción. “Alguien distraído pensaría que ganan fortunas de esa forma, trabajando todas esas horas: ganan $25.000 de los que tienen recibos de sueldo por menos de la mitad. Todo se los pagan en efectivo. En épocas de pandemia los están obligando a trabajar todo el tiempo o a permanecer en los locales cerrados ‘cuidando la mercadería’, sin ningún elemento de seguridad”.
“Las condiciones de trabajo que se dan en esta cadena son lamentables incluso para nuestro mercado laboral. Me han informado todo tipo de manifestaciones xenófobas por parte de supervisores de esta empresa quienes vulneran a diario los derechos de los trabajadores de esta empresa. Estamos hablando de una expropiación por parte de los empresarios, cotidiana e ilegal. Los trabajadores tienen miedo porque los amenazan constantemente”, expresó Caivano.
Sobre los recientes despidos, el abogado, que lleva adelante varias causas contra la cadena, detalló: “Ahora despidieron a 150, algunos que no habían cumplido los tres meses de prueba. De esa forma se ahorran aproximadamente cuatro millones de pesos mensuales. ¿Alguna duda de quién va a pagar la crisis del sector? Es importante destacar que los locales están abiertos actualmente. A muchos que les ofrecen mantener el trabajo les piden que renuncien a las empresas que los contratan y les dicen que otras empresas los tomarán en otros locales, todos de la misma cadena, pero registrados por sociedades distintas para evadir responsabilidad”.

¿Y el Estado?

Alberto Fernández firmó el 31 de marzo el decreto 329/2020, con Techint como caso insignia, que amenazaba con despedir a 1450 trabajadores/as. Se estableció entonces la prohibición de despidos por 60 días. A pesar del decreto, las personas despedidas, cesanteadas y suspendidas ya son 300 mil, dentro de los que se encuentra el grupo de Techint, cuyo accionar fue oficialmente convalidado por el Ministerio de Trabajo. Y esas 300 mil son solo las registradas.
“Había una expectativa importante en diciembre pasado con la elección de las autoridades del ministerio de Trabajo respecto de que esta empresa tenga alguna fiscalización por parte del Estado. No se concretó cambio alguno. Lo mismo que con el cambio presidencial anterior. OPEN 25 goza del visto bueno del Ministerio y del Sindicato de Comercio: el Estado en su conjunto está unido para que estos laburantes estén en condiciones de explotación precapitalistas en comercios que están a metros de la Casa Rosada”, planteó el abogado. Y agregó: “Hace dos días la CGT y la UIA firmaron con el aval del propio Ministerio de Trabajo un acta acuerdo que recomienda reducir los salarios de los trabajadores para ‘solventar’ la pandemia. ¿Harán lo mismo para que los empresarios compartan sus ganancias cuando pase esto?”, interpeló.

No quieren que se hable de ellos

“El año pasado junto a un grupo de abogados denunciamos esta situación y la empresa me envió carta documento para que no realice denuncias públicas sobre las condiciones de esta empresa, amenazándome con acciones penales y civiles”, finalizó.

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