7 abr. 2020



La fiscal federal Gabriela Sosti, representante del Ministerio Público en el juicio de la Contraofensiva Montonera, habló acerca del rol de las y los defensores de genocidas. Lo hizo como columnista en el programa Oral y Público de Radio La Retaguardia. Sosti aseguró que tanto los defensores y las defensoras privadas como oficiales le generan una “incomodidad ética” y señaló que “muchos se exceden de la defensa técnica”. (Por La Retaguardia)

🎤 Entrevista: Fernando Tebele ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto: Gustavo Molfino


Como flamante columnista del programa Oral y Público, Gabriela Sosti, fiscal en el juicio oral y público por la Contraofensiva Montonera que se está desarrollando actualmente, se refirió al rol que ejercen los defensores y las defensoras de genocidas, necesarios para llevar adelante los juicios por delitos de lesa humanidad, pero sin dejar de generar en ella un complicado conflicto ético: “Es un dilema complejo. La presencia de los defensores es lo que garantiza la legalidad y legitimidad de estos juicios, que hay que seguir reivindicándolos como una de las dimensiones éticas más reivindicables del Estado en estos últimos años. Esa presencia es necesaria, pero genera conflictos. A mí me genera muchos conflictos éticos. Yo, en principio, respeto a los trabajadores y a las trabajadoras. Respeto a las personas que trabajan y desarrollan su trabajo. Si son colegas, los respeto en particular. En el caso de los defensores, tanto públicos como privados, ese respeto es meramente protocolar, meramente burocrático. Como abogada no tengo resto para respetar a una persona que trabaja como abogada del diablo”, expresó la fiscal y marcó una diferencia entre los defensores públicos y los oficiales: “Hace 10 años que me vengo enfrentando a un montón de abogados particulares y de defensores públicos. La diferencia es diametral porque al abogado privado le paga el propio genocida. Me genera mucho escozor que los defensores públicos son pagados por la guita del pueblo”, señaló.


El dilema ético que supone defender a una persona que cometió crímenes de lesa humanidad, secuestró, torturó e hizo desaparecer personas, o formó parte del alguno de los eslabones de esa cadena es, sin lugar a dudas, apabullante. Sosti habló de esa incomodidad, de enfrentar a colegas que recibieron la misma educación universitaria que ella y pudiendo negarse a defender a un genocida lo hacen igual y, en muchos casos, con un esfuerzo extremo que se torna ideológico: “Me enfrento a colegas que pasaron por la misma facultad que yo, aprendieron el mismo derecho y soñaron con la misma justicia que soñé yo. Esa incomodidad ética la tengo tanto con los privados como con los particulares. Yo me pregunto cómo un colega se puede plantar del otro lado de la sala para defender, francamente, lo indefendible; más allá de que hay que sostener la legalidad de estos juicios. Me pregunto qué hacen con lo que escuchan y cómo se sientan a escribir sus alegatos. Los defensores públicos no tienen la obligación de asumir la defensa. La objeción de conciencia está latente. Sin embargo, es llamativa la cantidad de abogados oficiales que son técnicamente buenos. El Estado le está brindando a tipos que pueden pagarse un abogado privado una defensa técnica más que reivindicable. Hay que reconocer que hacen una defensa impresionante. Ponen un esfuerzo y un trabajo para defender a estas personas que no sé si muchos lo ponen en los casos de los delincuentes comunes”, reflexionó.
Por último, la fiscal ahondó en el tema de la participación activa y hasta a veces pasional para defender a un genocida. Si bien aseguró que muchos abogados realizan la defensa porque es necesario para darles legitimidad a los juicios, muchos otros y otras lo hacen para sumar alguna estrella en su carrera: “Hay defensores oficiales que aceptan porque no les queda otra y para sostener los juicios. He visto a muchos colegas sufrir en los juicios escuchando lo que escuchaban, sintiendo en el cuerpo ese dilema ético. También escuché otros, abogados y abogadas oficiales, que no solamente hacen defensas enjundiosas en lo ideológico sino que hacen preguntas en los juicios que son más que repudiables. Pienso que es parte de un desafío administrativo en su carrera. Ser defensor de genocidas, en algunos casos, les da un cierto prestigio en su carrera. A lo largo de 10 años me he encontrado con muchísimos defensores oficiales que, a mi juicio, se exceden de la defensa técnica. Un ejemplo es lo que estuvieron haciendo los defensores oficiales a partir de la pandemia, que entraron a revolear a mansalva pedidos absolutamente infundados de excarcelaciones y de domiciliarias. Evidentemente se les juega este desafío de conseguir determinados logros como si fuera un campeonato”, cerró.

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