6 may. 2020



Después de que los medios tradicionales dieran cuenta de las prisiones domiciliarias a presos, el debate sobre ese beneficio ha disparado reacciones de todo tipo. Para analizar esta situación  Marcelo Parrilli, abogado y referente de los Derechos Humanos, habló con La Retaguardia y explicó que el principal componente a analizar para otorgar o no la domiciliaria es el riesgo de vida del detenido y su condición carcelaria. (Por La Retaguardia)


🎤 Entrevista: Fernando Tebele
✏ Redacción: Diego Adur
💻 Edición: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero
📷 Foto de portada: Andrés Masotto

Mucho se ha hablado en los últimos días acerca de si está bien o no otorgar prisiones domiciliarias a los presos de diferentes penales del país para prevenir el contagio del virus COVID-19. Es importante  marcar que sólo un ínfimo porcentaje de las personas detenidas a las que se evalúa para dar este beneficio son femicidas, violadores, asesinos o genocidas. La mayor parte de dicho grupo está encarcelado por delitos contra la propiedad o menudeo de estupefacientes y permanecen presos sin una condena firme.
De todos modos, el doctor Marcelo Parrilli, abogado y referente de los Derechos Humanos, remarcó que la cuestión central para decidir si brindar o no la prisión domiciliaria está relacionada a las condiciones en las que el detenido se encuentre encarcelado. Es sabido que los genocidas y los presos con un alto nivel económico no pasan demasiadas penurias en sus cárceles; no están en condiciones de hacinamiento. En cambio, los denominados ”presos comunes” están ubicados en pabellones con pésimas condiciones de higiene y sobrepasan el máximo de personas permitidas para esos lugares.

“El Código Penal de esto no dice nada. Se aplica de acuerdo al grado de arbitrariedad y nivel ideológico de nuestros magistrados, lo que es peligroso. Es una cuestión que se resuelve desde el punto de vista del derecho procesal penal. Hay que abordarlo desde la salud y el derecho a la vida. El punto de inflexión es el peligro de vida de las personas que están detenidas. En ese punto, el aspecto central y concreto es el nivel de hacinamiento. Ahí se define todo. El nivel de detención que tienen los condenados por delitos de lesa humanidad es el de un hotel de cuatro estrellas. Están tan cómodos y seguros como en su casa. En cambio, si en un pabellón donde entran 15 personas hay 70, eso ya es un problema muy grave. La vida versus las consecuencias procesales. A nadie le dan la libertad. Lo que se cambia es el modo de detención. Si entendemos que la ecuación es la vida versus los fines procesales, me parece que muchas dudas no hay. En todos los institutos de Servicio Penitenciario federal las condiciones son absolutamente inadecuadas para toda la población penal de riesgo”, expresó el abogado.

Control versus caos

Una vez otorgada la domiciliaria, es indispensable vigilar que los detenidos no salgan de su casa y continúen cumpliendo la condena: “El control es responsabilidad del Estado. Hace rato que no hay pulseras electrónicas. No se puede negar la prisión domiciliaria a una persona porque no hay pulseras electrónicas. Es un problema del Estado. Tendrá que controlarlo a través de los organismos jurisdiccionales de vigilancia que tiene en el domicilio de la persona. Hay muchas maneras. En el medio de los controles que hay hoy por la pandemia, me parece muy difícil que cualquiera que esté con una prisión domiciliaria pudiera salir libremente por cualquier lado”, consideró Parrilli.
A diferencia de lo que suele pensarse, el abogado contó que son  minoría los casos de violadores y femicidas considerados para otorgarles el beneficio. La mayor parte de los detenidos en las cárceles todavía no han enfrentado un juicio: “Los femicidas, violadores y homicidas no son la mayoría de los presos. Toda persona es inocente hasta que una sentencia firme de condena demuestre lo contrario. La mayor parte de las personas que están presas hoy no son delincuentes que van a salir. Primero, porque no salen y segundo, porque no son delincuentes. Si respetáramos el principio básico de inocencia, la persona debería estar libre hasta que una sentencia firme de condena determina detenerla. En Argentina, nuestros jueces penales piensas al revés: el imputado, sobre todo cuando es pobre y vulnerable, tiene que estar preso.Partimos, entonces, de que el 60 o 70% de nuestra población carcelaria no tendría que estar en la cárcel. Los femicidas y violadores son una minoría ínfima, que no llegan al 5% de los condenados. Si se les otorgara la prisión domiciliaria al resto de los presos, el penal les quedaría para ellos solos. El 90% de la población carcelaria es por delito contra la propiedad, narcotráfico, piratería del asfalto. Delitos que causan un mal social infinitamente superior al de violadores y femicidas, pero en esos delitos se mezcla mucho la noción de pecado y delito”, manifestó.

El partero de la ESMA

Al ser consultado respecto a la domiciliaria que recibió el médico Carlos Capdevila, uno de los más temibles represores de la ESMA, Parrilli mencionó que el grupo de genocidas y presos de alto nivel económico no deberían tener que ser beneficiados porque sus condiciones carcelarias no implican ningún riesgo: “La cárcel no es igual para todos. Los militares condenados por genocidio no están hacinados. Tampoco están hacinados muchos otros presos condenados por otro delito que tienen mucho dinero. En la cárcel se vuelve a reproducir, de manera mucho más brutal, la división social que hay afuera”, dijo.
Por último, el abogado se refirió a otros países, con una doctrina penal mucho más dura que la argentina, en los que ya se han sacado de sus cárceles a muchísimos detenidos: “Miremos el mundo. Miles de presos están teniendo excarcelaciones o prisiones domiciliarias en países como Estados Unidos, Francia, Alemania. No países precisamente de 'mano blanda'. Pasa que esto no es una cuestión penal, es una cuestión de política sanitaria”, concluyó.

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