9 jun. 2020


El juez porteño Roberto Gallardo dictó una medida cautelar que obliga al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a entregar computadoras y garantizar el acceso a internet en los barrios vulnerables. Lo hizo tres días después de la presentación realizada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el IPYPP y el Frente Salvador Herrera. (Por La Retaguardia)


✏ Redacción: Rodrigo Ferreiro
💻 Edición: Fernando Tebele
📷 Foto de portada: Prensa GCBA




Tal vez sea necesario un viaje en el tiempo, cuatro años atrás, para observar el panorama completo. A mediados de 2016, la Gerencia de Incorporación de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ya con Soledad Acuña a la cabeza, decidió hacer un balance del Plan Sarmiento, la política pública que desde 2011 entregaba computadoras con internet interna a cada alumno y alumna de las escuelas porteñas, garantizando el modelo 1 a 1, en una copia exacta del Plan Ceibal, implementado en el vecino Uruguay desde 2007. Como todo balance en terruño macrista, fue motorizado principalmente por un ajuste. Con la oposición de algunos sindicatos, y de modo muy silencioso, la gestión Pro decidió limitar la entrega de computadoras de 4° a 7° grado y finalizar el servicio de red Wimax, que permitía a cualquier usuario obtener conexión de internet gratuita en cualquier punto de la Ciudad de Buenos Aires. El resto del colegio trabajaría con tablets que se quedarían en el establecimiento educativo, y la conexión de cada Netbook por fuera de la escuela correría por cuenta de cada familia. Esto decantó en dos consecuencias: se pisoteó el Plan de Educación Digital de la CABA, que plantea la alfabetización digital de toda la familia; y aumentó la Brecha Digital entre los hogares con mayores ingresos y aquellos que no tienen acceso a internet o dispositivos tecnológicos.


Tiempo de pandemia y (algo) de justicia


Tres años después de este recorte de derechos, el aislamiento social obligatorio produjo la implementación de la cursada a distancia, para la cual tener computadoras e internet se transforman en algo indispensable. Un gran porcentaje de niños y niñas no cuentan con ninguna de las dos cosas, y en ese contexto, desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el IPYPP y el Frente Salvador Herrera, se presentó un amparo para que el Poder Judicial ordene al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tome cartas en el asunto. El juez Roberto Andrés Gallardo le dio lugar y emitió una medida cautelar que obliga al Estado porteño a garantizar el acceso a equipamiento y conexión. “El día de hoy, lunes 8 de junio, el juez Gallardo, titular del Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario N°2, dictó una medida cautelar ordenando, a grandes rasgos, garantizar la entrega de computadoras en comodato a todos los alumnos y alumnas que asistan a establecimientos educativos de gestión estatal y privada de cuota cero, siempre y cuando compruebe o demuestre su vulnerabilidad social”, describe Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Y prosigue: “¿Cómo se comprueba la vulnerabilidad social? Si el alumno o alumna habita en una villa o barrio popular, si la familia es beneficiaria de algún programa social, o beca o subsidios, en estos casos en forma automática el gobierno debe garantizar la computadora”. Baldiviezo completa: “deben entregarse los equipamientos que hoy están guardados en los colegios, y si esta demanda supera la cantidad de computadoras existentes, el Gobierno de la ciudad tiene cinco días para presentar un plan para establecer cómo va a cumplir con la demanda insatisfecha. Y también se ordenó garantizar de modo comunitaria el acceso a internet de las villas, asentamientos, complejos habitacionales y barrios de emergencia de la ciudad. Se debe replicar el mismo sistema de acceso a wifi que ya existe en espacios públicos y algunas plazas. Y en el caso de detectar algún impedimento técnico, el gobierno tiene que garantizar un celular con acceso a datos libres para que funcione como módem que de internet a las computadoras”. El Ministerio de Educación, por otro lado, debe crear un registro donde se van a hacer los reclamos y las solicitudes e informar de qué modo funcionan los centros de mantenimiento y arreglo de computadoras.


El acceso a internet y a dispositivos digitales son algo fundamental para hacer efectiva la cursada obligatoria a distancia, la continuidad pedagógica y acceder al derecho a la educación. “El Estado debe garantizar los elementos para que los estudiantes puedan cursar. Pero además es un derecho humano básico, y el acceso a internet es una herramienta esencial para la búsqueda de información, la libertad de expresión, el derecho a peticionar, ya es parte constitutiva de la personalidad del sujeto actual. Y más aún en un contexto de aislamiento social obligatorio”, sentencia Baldiviezo. Y completa: “La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la educación es algo prioritario, y en cambio vemos sobreprecios en barbijos y dinero destinado a equipar a la policía. El fallo del juez Gallardo va en esta línea, en la línea de garantizar el derecho humano a la educación y a acceder a Internet”.

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