20 jul. 2020



El abogado querellante en distintas causas de lesa humanidad, señaló que no hay ocultamiento de archivos. Fue luego de que se identificara una ex Centro Clandestino por un desclasificado por EE.UU. Llonto lo contó en el programa Hasta que vuelvan los abrazos por Radio La Retaguardia. (Por La Retaguardia)


🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Giselle Ribaloff
✏ Redacción: Diego Adur
💻 Edición: Pedro Ramírez Otero


El domicilio de la calle Bacacay 3570, en el barrio porteño de Floresta, fue identificado como un Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio. La casa está ubicada en la misma manzana que otro ex CCDTyE, conocido como Automotores Orletti. Si bien existían indicios que situaban en la calle Bacacay, y cerca de Orletti, la confirmación se produjo a través de un documento desclasificado de Estados Unidos: “El tema de la existencia de 'algo' esa calle estaba hace tiempo. En el procesamiento de la causa Orletti, en la lectura de su documentación, había una referencia de una exagente de inteligencia, de apellido Nieto, que había mencionado que un grupo de la SIDE operaba en una base en la calle Bacacay y después se habían trasladado a Automotores Orletti. Después, recientemente, apareció un documento desclasificado de los Estados Unidos que habla con precisión de esa calle. Con la dirección exacta uno puede corroborar si el inmueble existe y buscar si hay algún testimonio que diga haber sido llevado a un inmueble de esas características”, explicó Pablo Llonto, abogado querellante en la causa.



A diferencia de otras oportunidades donde son las y los propios sobrevivientes quienes llevan adelante las investigaciones para determinar los sitios utilizados por la dictadura para detener y torturar personas, una vez que la Justicia obtuvo la dirección exacta del domicilio contrastó los testimonios de las víctimas que podrían haber estado allí con las características del lugar: “El juzgado de (Daniel) Rafecas citó, por vía digital, a personas que hablaron de determinadas características que tenía el lugar al que habían sido llevadas. Por ejemplo, un sótano pequeño, pisos de madera, etcétera. Cuando estos testimonios se cotejan con la descripción de la casa de la calle Bacacay, coinciden. Ahí es cuando se le pone nombre y apellido de Centro Clandestino a este lugar. Ha sido un trabajo de unir centenares de datos que llegan con los años. Hay un montón de hipótesis dando vueltas en todo el país. Está buenísimo que ocurra, pero si no hay víctimas no hay centro clandestino. Esto pasó con la calle Bacacay. Hoy, ya se puede afirmar que fue un centro clandestino”, aseguró.

Por el momento, el inmueble y las personas que compraron la propiedad están bajo investigación judicial y se dio la orden de no realizar ninguna modificación en la casa. “Todo indica que la familia que está ahora compró de buena fe. Ha habido un acuerdo de no innovar. Mientras, continúa la investigación del recorrido que tuvo el inmueble. Después estará la decisión, en este caso del Gobierno de la Ciudad, de expropiar ese inmueble para convertirlo en un sitio de memoria. En el resto del país, hay un montón de lugares como que no se expropiaron”, contó el abogado.

Documentos desclasificados

Un acuerdo entre Argentina y Estados Unidos pactado hace muchos años, permitió la entrega de documentación desclasificada de los archivos secretos del gobierno norteamericano durante el terrorismo de Estado en Argentina. Los documentos, que en casos como el de Bacacay tienen suma importancia para la reconstrucción de la memoria, son seleccionados por organismos de Estados Unidos, quienes deciden qué enviar a nuestro país: “Los distintos gobiernos de Estados Unidos que hubo en los últimos 20 años fueron entregando al gobierno argentino cuatro tandas de documentación. La última entrega fue, paradójicamente, del gobierno de (Donald) Trump al gobierno de (Mauricio) Macri. No por la voluntad de ambos sino porque este es un compromiso asumido estatalmente y los distintos gobiernos lo van cumpliendo. Se van entregando de acuerdo a la desclasificación que se origina en Estados Unidos. Es la voluntad de Estados Unidos, que entrega los documentos que ellos deciden entregar, no todos. Ellos abren, leen, separan, clasifican, tachan —muchos documentos han llegado tachados—, y los entregan en tandas. En la última tanda se entregaron documentos que ya eran desclasificados de la CIA y del FBI, que tienen más información que los que entregaban antes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Agradecemos y exhortamos a que sigan entregando, pero sabemos que la selección de esos documentos la hace personal de los Estados Unidos”, aclaró Llonto y especificó: “Son los diálogos que mantuvieron personal de la Embajada de Estados Unidos con funcionarios de la dictadura. Del '76 al '83, hablaron con policías, militares, ministros, genocidas, con un montón de gente. Lo que contaban estos personajes era enviado a las distintas instituciones de gobierno de Estados Unidos”.

¿No hay ocultamiento de archivos?

Una consigna habitual de Madres, familiares y organismos de derechos humanos reclama la apertura de archivos. Llonto fue categórico al decir que esos archivos, si existen, no están siendo ocultados. Aseguró que, en Argentina, los archivos que sobrevivieron a la “limpieza” que hicieron los genocidas tras el decreto del último presidente de facto Reynaldo Bignone, están disponibles para ser consultados por cualquier juez que lo disponga. El inconveniente, contó, es el poco personal habilitado para hacerlo en relación con los volúmenes de documentación para revisar: “Si un juez pide una documentación recibe la respuesta. Los archivos de la represión y de la dictadura fueron destruidos. Lo que hay que investigar es el resto de los archivos que colateralmente pueden tener información. Por ejemplo, en los legajos de los militares, que no fueron destruidos, puede hallarse una carta o mensaje de ese militar dando información sobre algo. Hay miles y miles de documentos esperando que se los revise. No alcanza el personal y no alcanza el tiempo. Macri desarmó y desfinanció los equipos de investigación. No hay archivos cerrados en la Argentina”, opinó para cerrar.

1 comentarios:

  1. Los archivos microfilmados de la armada, en particular los del GT 3.3/2 de la ESMA, todavía siguen ocultos.
    Y lo podemos saber a partir del accionar de la defensa jurídica deede losllos marinos en los juicios en curso.
    La "falta de personal y recursos" no es excusa, ya que durante más de 40 años, las víctimas, los familiares y los militantes de DDHH fueron los que desenmascararon todos y cada uno de los crimenes cometidos y sus autorespor último, agradecerle a la CIA y al Fbi que proporcionen información censurada justamente por la CIA y el Fbi ...... no sé .. me resulta chocante.

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