1 jul. 2020



María del Carmen Verdú, principal referencia de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), habló acerca de los últimos asesinatos en manos de fuerzas del Estado. Lo hizo en diálogo con el programa Hasta que vuelvan los abrazos, donde se refirió también a los matices entre gobiernos. (Por La Retaguardia)


🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Giselle Ribaloff
✏ Redacción: Nicolás Rosales
💻 Edición: Pedro Ramírez Otero

📷 Fotos: Archivo Natalia Bernades La Retaguardia
El 22 de junio, días después del asesinato de Facundo Scalzo por parte de Gendarmería Nacional en el Barrio Rivadavia 1, en el Bajo Flores de la Ciudad de Buenos Aires, ocurrió otro caso de similares características en la localidad bonaerense de Quilmes. Acerca de este hecho, María del Carmen Verdú, integrante de CORREPI  detalló: “Lo que sucedió fue un caso de fusilamiento por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Una pareja, un varón y una mujer, policías bonaerenses en la Barrio Primavera, Quilmes Oeste, fusilaron a Fernando Matías Leguizamón, un muchacho de 31 años, mecánico de profesión, que además era sobrino de un compañero muy conocido y querido de la interna de Cresta Roja. Esa desgraciada circunstancia hizo que nos pudiéramos poner en contacto muy rápido con la familia, porque fue el compañero quien nos llamó. Estamos apenas en los preliminares, sin acceso a la causa, no se ha hecho la entrega del cuerpo y se está la autopsia en este momento en Lomas de Zamora. Y con la situación de feria judicial extraordinaria por la pandemia, sabemos que la presentación judicial va a tener todas las demoras que emergen con la dilación en responder las presentaciones electrónica y demás, pero allí estamos ya coordinando con la familia. Fernando iba caminando por la calle con su compañera, ellos tienen cinco chicos, y la situación culminó, después del fusilamiento de Fernando,y con la compañera demorada en la comisaría. Que afortunadamente  fue liberada rápidamente. Y, como de costumbre, una causa que habla de tentativa de robo, completamente esperada, y como un caso más que viene a sumarse a esta ola que hemos tenido en las últimas semanas de unos cuantos casos. Cuando la lógica nos permitía decir que, dentro de todo lo que hay que denunciar de la implementación de políticas represivas durante la pandemia, va a tener que bajar el gatillo fácil por la sencilla razón que hay menos gente transitando por la calle”.

Al referirse a la reacción del Gobierno nacional en estos casos, la referente de CORREPI expresó: “Lo cierto es que no tenemos políticas concretas de la enorme cantidad de hechos represivos que hemos denunciado a lo largo de estos ya más de tres meses de cuarentena, que van por todas las herramientas ocurrentes: detenciones arbitrarias, implementación de tormentos y torturas, desapariciones forzadas, muertes en situaciones de detención, gatillo fácil. No tenemos conocimiento de que haya detenciones de esos miembros de las Fuerzas de Seguridad. En algunos casos se ha comunicado públicamente la separación de las Fuerzas, una suerte de disponibilidad preventiva, o una cosa por el estilo. O la iniciación incluso de una causa penal como en el caso de aquellos gendarmes que obligaron en las primeras semanas de la cuarentena a los pibes de San Alberto a hacer flexiones mientras cantaba las estrofas del Himno Nacional. Lo cierto es que, en resultados concretos no tenemos gran cosa. Por eso, en este último informe que hemos presentado sobre la implementación del Decreto 297, es decir de esta decisión errónea por donde los miremos de garantizar el cumplimiento de una medida efectiva desde el punto de vista sanitario, como es el aislamiento preventivo y obligatorio, pero dejándolo en su efectividad en manos de las Fuerzas de Seguridad; hacemos hincapié en esa agenda pendiente, que fue nuestro caballito de batalla en los últimos meses del 2019, cuando empezamos a construirla y difundir y que llevamos a Plaza de Mayo el día de la presentación del Informe de la Situación Represiva 2019 y de la actualización de datos del archivo. Que también entregamos en su momento cuando la Ministra (Sabina) Frederic convocó a CORREPI para saber cuál era nuestro diagnóstico en materia de situación represiva. Lo que hicimos fue llevarle esa lista de medidas urgentes e imprescindibles que componen esta agenda, algunas de las cuales, vale decirlo, se cumplieron”. Acerca de cuales de esos pedidos se cumplieron, continuó: “Como la derogación de uno, no de todos, de los protocolos establecidos por (Patricia) Bullrich para la actuación de las Fuerzas de Seguridad: el de disparar por detrás a personas desarmadas, que no es que haya dejado de ocurrir, lo estamos diciendo, pero por lo menos esos funcionarios no van a poder alegar la disposición ministerial para su defensa, como  nos ocurrió durante la vigencia de este protocolo; el del ‘Servicio Voluntario en Valores’; entre otros. Pero, naturalmente, cumplir a medias como decimos siempre, no es cumplir. Y, precisamente por eso, estamos insistiendo en esa agenda mínima que no necesita de un cambio radical, profundo,  estructural, de nuestro sistema social para ser llevada adelante. Justamente son medidas que, cualquier gobierno que decida poner mínimamente un freno a estas cotidianas aplicaciones de la política represiva estatal, puede llevar adelante. Seguimos insistiendo y militando en ese sentido”.



Además, repasó las medidas que no se vienen cumpliendo. La principal, aseguró, es  derogación de todo el sistema de detenciones arbitrarias que,ue además, explicó que desde el 2003 tiene una imposición legal. “Porque el 18 de septiembre de 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino a derogar todas las facultades normadas y dejar sin efecto todas las prácticas, para que las Fuerzas de Seguridad puedan detener personas por fuera de las hipótesis constitucionales. Es decir, la comisión de un delito, o una orden judicial en el marco de una causa preexistente. Eso solo  reduciría drásticamente la cantidad de detenciones arbitrarias sin comisión de un delito. Como averiguación de antecedentes, razias, faltas, contravenciones, etc. Lo que no solamente sería el respecto de la libertad individual de las personas, sino que si vos no tenés el ingreso de esas personas en la Comisaría, tampoco la estás exponiendo ni a la tortura, ni a la muerte. La enorme mayoría de las muertes en comisarías no son de gente imputada por un delito que al día siguiente va a declarar delante de un juez o de un fiscal. Sino que son este tipo de detenciones arbitrarias: el famoso ‘demorado’ Que no es un detenido, pero está preso. En segundo lugar,  sería el cese inmediato de este hostigamiento permanente y sistemático a quienes se ven obligados a vivir con tareas precarias en la vía pública. Sabemos que hay un universo enorme de situaciones que tenemos que denunciar de compañeros y compañeras que hay que defender, que tienen que ver con la necesidad material de la venta ambulante, el arte callejero, el servicio como cuidado de autos, limpiezas de parabrisas, personas en situación de prostitución, etc”, manifestó.

“En las últimas décadas, la legislación penal, contravencional y procesal solamente ha tenido reformas represivas. Por eso planteamos la derogación de todas esas reformas, de carácter regresivo. No solo las que se llevaron adelante los últimos cuatro años del gobierno de Cambiemos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad, sino también de los que vienen de antes. Por ejemplo, seguimos reclamando la derogación de las reformas introducidas al Código Penal por las 7 leyes antiterroristas dictadas entre el 2004 y el 2010”, planteó. Y avanzó: “La pandemia nos hace pensar en otras cosas, pero antes que irrumpiera una de nuestras preocupaciones centrales era que seguía estando en el Congreso, con estado parlamentario, el proyecto de reforma del Código Penal, donde hay acuerdos de los bloques oficialistas y opositores de las fuerzas que representan el capital, incrementando la criminalización de la pobreza, de la protesta, consagrando la impunidad de los represores. Y que tiene también incorporado colateralmente el poyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil con la baja de edad de imputabilidad de niños y adolescentes, del que tantas veces hemos hablado. Eso sigue estando pendiente en el Congreso, y ya se hubiese votado si no hubiera sido por la pandemia”.

Por último, Verdú se refirió a cuestiones específicas de algunos colectivos: “La anulación del Decreto 70 del 2017 que habilitó la deportación exprés de inmigrantes, o el Decreto 489/2019 que creó el RePET (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento) donde seguramente estamos todos los que estamos hablando en este momento, y lo que están escuchando esta transmisión. Y después, todo un paquete que tiene que ver con la estructura operativa, logística y los protocolos de actuación de las Fuerzas. En ese sentido, una medida acertada que tomó el Ministerio de Seguridad actual, fue decirle a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)  ‘señores, ustedes no van a portar el arma de seguridad reglamentaria fuera del horario y lugar de servicio’. Con lo cual, vamos a tener muchos menos casos de policías de Seguridad Aeroportuaria cometiendo fusilamientos de gatillo fácil. Por bien que esté eso, lo cierto es que mientras sigan teniendo el arma reglamentaria y la  facultad para usarla fuera del horario de servicio, policías federales o provinciales, Prefectura, Gendarmería y Servicio Penitenciario; la incidencia de quitarle el arma a los de la PSA que son los menos, porque es la Fuerza menor en cantidad de integrantes de todas las Fuerzas Federales, no mueve para nada el amperímetro. Y hemos tenido que incorporar a esa agenda 2019 un nuevo punto central que es la derogación del 144 del actual Ministerio de Seguridad, que es el protocolo de actuación para las tareas de prevención en plataformas y fuentes digitales públicas, o sea el ciberpatrullaje”, finalizó.

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