24 ago. 2020



Lo dijo Magalí Zirulnicoff, integrante de la Coordinadora "La Ciudad somos quienes la habitamos", un espacio que pone en debate la planificación urbana ambiental. En diálogo con el programa Oíd Mortales habló acerca de  la reunión virtual donde se trató la problemática de las familias inquilinas y el proceso denominado inquilinización(Por La Retaguardia)


🎤 Entrevista: Luis Angió/Cristina Varela
✏ Redacción: Nicolás Rosales
💻 Edición: Pedro Ramírez Otero


“Hace un mes que se sancionó la ley 27.551 que vino a regular cuestiones que tenían que ver con el alquiler, algunas muy elementales, pero sigue siendo injusta la situación para una gran parte de la población de la Ciudad. Somos 500.000 familias que alquilamos. Ese proceso de ‘inquilinización’ lo que hace es impedir a muchas familias el acceso a la vivienda. Porque por un lado faltaba una total regularización. Ahora hay una parte que está regulada, pero seguimos sin acceder a la tierra”, comenzó problematizando Magalí Zirulnikoff, de la Coordinadora "La Ciudad somos quienes la habitamos". 

 
Una encrucijada histórica 

“Así como veíamos hace más de 200 años que unas pocas familias accedían al derecho a la propiedad y a la educación, hoy lo vemos de otra forma. Y es el plusvalor que generamos los trabajadores en vez de que se lo quede el propietario de los medios de producción, hoy en día lo que vemos es que se lo queda el propietario de la tierra en la Ciudad de Buenos Aires. Tierra a la que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de acceder porque destinamos el 40%, y algunos más, de los ingresos familiares al pago del alquiler. Que es para un derecho básico, que es el acceso a la vivienda. Y en la Ciudad falta una regulación para adquirir vivienda”, afirmó Zirulnikoff.

Vivir en 18 metros cuadrados

La integrante de de la Coordinadora La Ciudad somos quienes la habitamos se refirió a las especulaciones inmobiliarias y a lo dificultoso que resulta poder adquirir un lugar para vivir: “Es en este contexto del Plan Urbano Ambiental, que también tuvo que ver con  una modificación que se hizo el año pasado, donde se consideran viviendas a departamentos de 18 metros cuadrados: se vive en una habitación. Esa es la propuesta de la Ciudad de Buenos Aires, y dentro de los negocios inmobiliarios que hace le conviene porque mientras en menos metros cuadrados se pueda hacer una vivienda, más cantidad pueden vender. Y siguen haciendo negocios privados, con una necesidad pública como la vivienda”, denunció.

“No todos somos familias tipo, a veces tenemos familias grandes. Esto lo que hace es perpetuar una situación de desigualdad donde si los inquilinos queremos acceder a un crédito hipotecario deberíamos tener por lo menos el 30% del valor de una propiedad que mientras estamos pagando un alquiler es imposible que lleguemos ahorrar esa cantidad de dinero para poder comprar la tierra en la cual vivimos. Seguimos transfiriendo, como clase trabajadora pobre, recursos a gente que sí tiene una propiedad a la que nosotros se nos hace imposible de acceder. La Ciudad de Buenos Aires no tiene ningún tipo de política de vivienda real para que podamos resolver, y en algún momento adquirir ni para los trabajadores de la Ciudad, ni para las persona en relación de dependencia ni mucho menos para los monotributistas. No hay ninguna política clara desde hace muchísimos años. Es una deuda histórica”, agregó.

Por último, explicó: “A partir del Plan Urbano Ambiental pretendemos que se pueda incorporar dentro de la agenda el acceso a la vivienda. Porque es un derecho. Y los recursos que tenemos se van pagando un alquiler”. Y ejemplificó: “Mi suegra tiene 81 años y alquiló toda su vida, se vino a los 15 años a la Ciudad, y sigue alquilando. Y destina más de la mitad de su jubilación para alquilar. La lucha inquilina viene desde 1907. Necesitamos que en algún momento se equilibre un poco la balanza. Pero terminamos siendo esclavos para vivir en un espacio que es de otro. Y pagando muchas veces impuestos a la propiedad que nosotros no tenemos”. 

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