10 sept. 2020





En el marco del noveno juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, declararon como testigos de la causa denominada ‘Operativo Antijesuita’ Yamila Álvarez, Pablo Correa Llano y Oscar Martín Midone. Fue ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de esa provincia, en general los viernes por la mañana, con modalidad semipresencial. (Por La Retaguardia)


✍️ Texto y cobertura en el juicio 👉 Luis Angió
💻 Edición  👉 Fernando Tebele/Diego Adur
📷 Fotos 👉  Pablo Correa Llano, quien declaró por su hermana desaparecida, María Inés Correa Llano. (Luis Angió)


Yamila Álvarez, es docente e investigadora. Investigó la tarea del Padre José María Llorens en el barrio San Martín, donde junto al grupo de los 27 sacerdotes crearon las Juventudes Universitarias Católicas (JUC). Álvarez manifestó que, si bien esos grupos eran integrados por jóvenes de distintas organizaciones sociales y políticas, predominaban otros vinculados al peronismo. El padre Llorens había organizado campamentos, llamados Juventudes Universitarias de Trabajo (JUT), que durante el verano ayudaban en la construcción de viviendas en el barrio San Martín. Además, les servía para que tomaran contacto con otra realidad.

Yamila Álvarez comenzó a investigar estos hechos en el 2008, dentro del Movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo en Mendoza, y su vinculación con Montoneros. Su trabajo de investigación llega hasta el año 1968. En esa provincia se identificaban más con el Peronismo de Base (PB), ya que no estaban de acuerdo con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) ni Montoneros por la metodología de la lucha armada. El Peronismo de Base en Mendoza tomó el nombre de Coordinadora. Álvarez también manifestó que los grupos armados nunca tuvieron un mayor desarrollo y no había una distinción entre los distintos grupos, como FAR, FAL y FAP.

Ante la pregunta del Dr. Pablo Salinas, querellante por parte de del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH), Yamila Álvarez expresó que a nivel provincial no había vinculación entre las CUT y los Montoneros. Antes de finalizar su declaración, el defensor oficial, Pérez Videla le preguntó si junto con el Padre Llorens estuvieron trabajando integrantes del ERP y de los Montoneros, a lo que ella respondió que desconocía esa situación.

El dolor de no saber

Luego declaró Pablo Correa Llano, hermano de María Inés Correa Llano, quien trabajaba como instrumentadora en el sector de cardiología del Hospital Central. Además, era montañista en el Club Andinista de Mendoza y tenía actividad con el Padre Llorens en el parque San Martín. Él nunca conoció ninguna actividad política de su hermana.

Cuando ella desapareció, Pablo concurrió al hospital para saber si María Inés estaba yendo a trabajar. Allí se enteró de que había sido despedida por ausentarse un tiempo. Posteriormente, hizo la denuncia en la dependencia policial de Chacras de Coria. Contó que su padre hizo gestiones ante autoridades militares y que en una oportunidad reunió a su familia para decirles que personal del Ejército secuestró y asesinó a María Inés, aunque el testigo no supo quién le había dado esa información. Correa declaró en el año 2006. Ya en esa instancia comentó lo que el padre le había dicho sobre las averiguaciones, pero que nunca supieron el destino de su hermana. 

María Inés estaba en pareja con un hombre de Gral. Alvear y estaba embarazada aproximadamente de 8 meses. Nunca supo nada del bebé de su hermana, pese a que dejaron muestras genéticas en el Banco nacional de Datos Genéticos (BNDG).

Sobreviviente, testigo y familiar de desaparecida

Oscar Martín Midone declaró sobre la desaparición forzada de María Cristina Lillo, estudiante de la Facultad de Medicina y compañera en esa facultad. Le decían Pili. Él fue secuestrado, y luego detenido y reconocido. 

Contó que junto a Pili militaban con otras compañeras y compañeros. Tenían diferencias con la dirección de la carrera, pero no tenía conocimiento de que ella militara en ninguna organización política. 

Midone se exilió y cuando regresó al país tomó conocimiento de las desapariciones, cuando comenzaron los juicios. En ese momento le comentaron que Lilo tenía alguna militancia en Guaymallén. Narró que ellos militaban en el barrio Olivares y Flores. Hacían medicina popular con el Padre Llorens, visitaban a los vecinos en los dispensarios, realizaban historias clínicas y ayudaban a los vecinos a organizar la unión vecinal. En una oportunidad hubo un atentado en la Iglesia de los Pobres. En la facultad realizaban asambleas todos los días en el aula magna, que era como un anfiteatro, y peleaban por un plan de estudios y biblioteca, ya que en esa época no había asistencia del Estado. 
A la pregunta de uno de los abogados defensores, respecto de si les llegaban provisiones de mujeres de clase alta, manifestó que les daban maicena para reemplazar la leche. Eran señoras vinculadas a la Iglesia Católica. También le preguntaron si les habían hecho inteligencia previa antes de su detención. Comentó que luego de ser detenido, en los interrogatorios que le hacían y donde era torturado, salieron a la luz las actividades en los barrios. De ahí concluyó que hacían inteligencia en la facultad.

Respecto a su situación personal, dijo que estuvo detenido dos años y tres meses. “Vinieron a mi casa el 6 de junio a las dos de la mañana con camiones y jeep. Me llevaron a la 8ª Brigada de Infantería. Había 120 personas. Tres o cuatro días después le avisaron a mi familia. Había torturados y secuestrados sin ninguna legalidad. Nos decían que estaban a disposición de Poder Ejecutivo Nacional (PEN)”. Habló de la “tortura, que era terrible” y de “los bastones largos con que nos pegaban”. Luego comentó que lo imputaron con la Ley 20840 de actividades subversivas, y lo pasaron a disposición del Poder Judicial. Estuvo dos años y medio, hasta septiembre de 1976, en el Regimiento 8º de Comunicaciones, y luego fue trasladado a la Penitenciaría de Mendoza y al Aeropuerto de Mendoza, hasta La Plata donde lo fue a ver un fiscal de Mendoza. El padre le dijo que su pareja estaba embarazada y entonces decidió casarse en la cárcel. La parte civil fue en la oficina donde estaba detenido y luego en la capilla del hospital. El 21 de septiembre de 1976 le dieron una pensión e indemnización por preso político y salió del país. Vivió en el extranjero desde 2000 al 2012. 

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