CORREPI: Las muertes en contexto de encierro crecen como nunca antes

María del Carmen Verdú, principal referencia de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), dio algunos detalles del informe anual sobre la represión estatal. En diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, compartió datos de los últimos casos y mencionó el crecimiento exponencial de las muertes en lugares de detención. La presentación fue solo con la presencia familiares en el Auditorio de ATE y se transmitió por los propios canales de la organización. (Por La Retaguardia)

“Es un informe que este año viene con algunas particularidades. Empecemos por el hecho de que, por primera vez en 25 años, no vamos a estar en Plaza de Mayo haciendo la presentación con el acto habitual, sino que lo vamos a estar realizando en el anfiteatro de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) a quienes agradecemos que nos cedieron el espacio. Teniendo todas las posibilidades de respetar los protocolos de cuidado y de poder transmitir con calidad a través de nuestro Canal de YouTube y las demás redes. Y con la sola presencia de las verdaderas protagonistas de esta historia que son los y las familiares víctimas de la represión estatal, que en su mayoría forman parte de grupos de riesgo y por eso tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas en el traslado y en garantizar esos protocolos de cuidado durante la transmisión”, comenzó explicando la abogada María del Carmen Verdú en esta charla sostenida días antes de la presentación.

 

 “Más allá de las formas, este será un informe raro. Porque este año es necesario contemplar dos etapas: hasta y después del 20 de marzo. De hecho, hemos tenido que duplicar el trabajo de gráficos y de tablas en relación a las distintas modalidades, las incidencias de las distintas fuerzas; es decir, todas las variables que habitualmente trabajamos. Porque a partir de la aplicación del ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) y de todas la decisiones que se tomaron desde el 20 de marzo con el Decreto 297 seguido además por todas las demás provincias y la Ciudad de Buenos Aires, el incremento de facultades a las fuerzas policiales para garantizar ese cumplimiento en detrimento de las medidas sociales que hubiesen ayudado de manera mucho más eficaz, generaron una situación anómala en materia represiva”, planteó Verdú.

La referenta recordó que desde CORREPI creían que con la pandemia y la disminución de circulación de personas en la vía pública iba a ser un año de descenso del gatillo fácil. No por falta de balas policiales, dijo, pero sí por escasez de blanco móvil. “Eso no terminó pasando, tenemos un montón de casos registrados”, remarcó. 

“Por el otro lado, aparece un crecimiento de las muertes en lugares de detención, mucho más encima de la media habitual, llegando al 65% del total de casos que es también consecuencia directa de las medidas que se tomaron o no, en la relación a los cuidados en la pandemia”, detalló.

“El 10 de diciembre del 2019 terminó lo que habíamos denominado un periodo excepcional en materia de represión con índices nunca antes vistos: una muerte cada 19 horas. Algo inédito en estos 30 y pico de años post-dictadura y que además venía acompañado de todo un reforzamiento de una modificación estructural de la lógica de las fuerzas, los protocolos Bullrich, etcétera. En ese marco, hemos señalado desde el primer momento de la actual gestión hubo algunas señales que aunque incompletas e insuficientes, eran auspiciosas y  progresivas, como la derogación de seis de los protocolos Bullrich, la suspensión del uso de las (pistolas eléctricas) Taser, del protocolo que habilitaba a disparar a las personas por la espalda aunque estuviesen desarmadas, el protocolo para detención de personas del colectivo LGBT, o la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio para la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), etcétera”, manifestó Verdú. 

Pero registran un cambio a partir de las medidas tomadas por la pandemia: “Ahora, el 20 de marzo, eso dejó ocurrir y se tomaron decisiones en sentido contrario. Empezaron a tener preeminencia en las decisiones de gobierno alternativas más de la cara de (Sergio) Berni o de la cara de (Sergio) Massa, como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, donde al mismo tiempo que desalojaban a sangre y fuego en Guernica, destinaban 38 mil millones de pesos a la construcción de comisarías, cárceles y compra de pertrechos para la Bonaerense ¿Cuántas viviendas populares se podrían haber construido con esa plata?”, aseveró.

La integrante de CORREPI destacó que frente a una decisión correcta desde el punto de vista sanitario como el ASPO, algunos sectores de la sociedad pudieron quedarse en su casa como pedía el gobierno, pero otros no podían hacerlo: “Para ese momento el 40% y hoy mucho más que ese porcentaje de personas precarizadas laboralmente, gente súper explotada, cuentapropistas, desocupados, subocupados, y como siempre los bolsones más vulnerables como el colectivo trans 

-travesti, o las personas que viven en lo que el Gobierno llama barrios populares y que hay que decirles con todas las letras villas, había una disyuntiva feroz: o cumplo el ASPO y me cuido del virus, no como y me muero yo y mi familia de hambre; o trato de ver de qué manera puedo salir a hacer la diaria y me expongo al virus y también a la represión”, precisó.  

“Frente a esa situación, lo que se hizo fue insuficiente desde el punto de vista de las medidas sociales. O sea, muy bien el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) pero no llegó a todo el mundo y encima ahora lo cortaron, y lo mismo para el resto de las medidas. Está muy bien el decreto que suspendió los desalojos, pero qué pasa con quienes no tienen un contrato de locación y viven en una pieza de hotel donde llegaron y el dueño les cambió la cerradura. Ahí es donde se nota con claridad. En la situación de las villas y de las cárceles, que tienen elementos comunes como el hacinamiento, la falta de agua potable, de elementos de higiene, demostraron cómo no se hizo nada para impedir que el virus entrara y podría haberse evitado, porque claramente ninguna persona presa o ningún vecino de la villa anduvo de vacaciones por Europa como para volver con el virus”, expresó la activista antirrepresiva. 

También señaló que el virus entró a las cárceles porque los guardiacárceles no tomaron las precauciones necesarias: “Las visitas las suspendieron las propias personas presas conscientes de la situación. Y en el caso de las villas se contagiaron por las personas que se veían obligadas a seguir prestando tareas de trabajo doméstico, o changas saliendo del barrio. Eso los sabemos, que el caso cero, como dicen los sanitaristas, fue una mujer que se contagió de la patrona que había andado por Canadá. Claro, la patrona tenía OSDE y no se murió, pero la compañera antes de morirse, contagió a las 11 personas que compartían con ella el mismo inodoro. Frente a esto, la respuesta fue militarizar los barrios populares y reprimir en las cárceles. Por primera vez en décadas entre las personas muertas en detención, tenemos que incluir fusilados en el marco de protestas por el servicio penitenciario. Fueron cuatro: dos en Jujuy, uno en Florencio Varela (Buenos Aires) y otro en Corrientes”, analizó con crudeza.

“Hace ya algún tiempo que CORREPI decidió dar un paso que es bastante inusual en organizaciones de nuestro tipo que nos proclamamos anticapitalistas, antiimperalistas, antirrepresivas, feministas, etcétera, que es salir de la pura denuncia para hacer una elaboración de una agenda de medidas concretas que son posibles tomar aquí y ahora por cualquier gobierno que tuviese la decisión política de disminuir en buena medida la letalidad de las fuerzas de seguridad. Que por supuesto no van a terminar ni con el gatillo fácil, con la tortura, con las muertes en los lugares de detención. Porque sabemos que la represión es política de todo Estado capitalista. Esa agenda, que llamamos ‘Agenda Antirrepresiva Urgente’, contiene una veintena de medidas que fueron las que le llevamos a la ministra (Sabina) Frederic cuando nos convocó para preguntarnos cuál era nuestro diagnóstico en diciembre del año pasado, y se la entregamos. Se la dejamos sobre el escritorio. Y cinco se tomaron, que fueron las derogaciones de los protocolos Bullrich con lo cual empezó en ese camino. Y se le prohibió por ejemplo a la PSA llevar el arma reglamentaria fuera del horario de servicio. Lo cierto es que este año, no hay un solo caso de gatillo fácil de la PSA”, explicó la abogada, y añadió que las medidas son insuficientes porque el resto de las fuerzas siguen teniendo el arma reglamentaria fuera de servicio, y la mitad de los casos de gatillo fácil son por policías, gendarmes o prefectos fuera de servicio. 

“Lo que vamos a presentar el viernes, que irá directo por nuestro Canal de YouTube y por las demás redes como Facebook, no solamente son esos datos crudos que nos muestran por ejemplo que casi el 85% de los casos de todo el año ocurrieron el período post pandemia, que es el 70% del tiempo gobernado. Este informe viene a mostrar como las muertes en comisarías, cárceles e Institutos de menores crecen a números que nunca antes habíamos visto, y cómo cambian las incidencias de las fuerzas. Por primera vez los Servicios Penitenciarios ocupan el primer puesto en lugar de las policías en la cantidad de casos en los que tienen responsabilidad directa. Pero, además de eso, insistimos con la agenda urgente que tiene que ver con cuestiones tan básicas y de reclamos históricos como las detenciones arbitrarias, que son la puerta de entrada a la tortura y la muerte en comisarías. La mitad de las personas muertas en comisarías no estaban detenidas por un delito. Terminando con las detenciones arbitrarias, automáticamente se bajaría el 50% las muertes en comisarías. Y eso se puede hacer, pero para que se haga, no tiene que ganar la línea Berni-Massa”, concluyó.