26 feb 2021



Los 8 imputados llegaban por primera vez a juicio. No eran los nombres más reconocibles de la megacausa. Las penas bajas y la negación del genocidio. La descripción de Carlos Loza, sobreviviente e integrante del Encuentro Militante Cachito Fukman, quien conoce el expediente en detalle. (Por La Retaguardia)


✍🏻 Texto: Paulo Giacobbe 📺 Entrevista y cobertura en juicio: Fernando Tebele/Luis Angió ⌨️ Edición: Fernando Tebele


El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, integrado por Daniel Horacio Obligado, Adriana Palliotti y María Gabriela López Iñiguez, condenó a 8 represores por privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción, retención y ocultamiento de menores, en el cuarto tramo de la Megacausa ESMA. 

Raúl Cabral, Carlos Castellví y Miguel Conde fueron condenados a prisión perpetua. Carlos Carrillo, Jorge Luis María Ocaranza, Ramón Zanabria y José Ángel Iturri, enfrentarán 15 años de prisión. El tribunal consideró coautores a unos, y partícipes secundarios a otros. En cambio, a Claudio Vallejos lo consideraron “partícipe necesario” y fue condenado a seis años, “la que se tiene por compurgada por el tiempo en detención sufrido”. Vallejos, quien declaró ser periodista, transitó parte del demorado proceso excarcelado, había estado prófugo y fue extraditado en 2002 desde Brasil. En ese país dio entrevistas ufanándose de sus crímenes. Al comienzo del juicio su abogado dijo que fue expulsado de su casa y estaba viviendo en la calle. Solo dos de los represores se encuentran en un penal: Zanabria y Carrillo. El resto goza del beneficio de la prisión domiciliaria.   

“Los ñatos”, como nuestro compañero Víctor Basterra nombraba en genérico a todos los represores, fueron condenados en este comienzo del 2021, videoconferencia mediante. 

En su fallo, los jueces declararon a los hechos “constitutivos de crímenes de lesa humanidad” e imprescriptibles. Pero, por mayoría, no hicieron lugar al pedido de la querella representadas por Patricia Walsh y Carlos Lordkipanidse, “respecto a considerar los hechos analizados del presente proceso como constitutivos de la tipificación normativa del Delito de Genocidio”. Los delitos sexuales no fueron considerados y los fundamentos quedaron para el 19 de abril de este año. 

Condenados por la tarde

La jornada comenzó por la mañana con las últimas palabras del represor Carlos Carrillo, quien negó su firma en documentación presentada por la fiscalía y trató de desprestigiar el testimonio de Víctor Basterra, que lo ubicó en la ESMA. 

Carlos Loza, integrante del Encuentro Militante Cachito Fukman participó de la transmisión en vivo de La Retaguardia y dijo que Carillo tenía varios alias dentro del centro clandestino de detención, tortura y exterminio: “Son excusas que siempre dan, que ya estamos acostumbrados. Que era marinero, que no había estado, que no correspondía, que cumplía otras funciones. Estamos ya cansados que no quieran asumir la responsabilidad que tuvieron, más o menos lo mismo que dijo el otro imputado que está preso con él, Zanabria”. Carrillo o Cari o El Salteño, como lo identificó Víctor Basterra “y otros testigos”, estuvo en el campo de concentración, aportó Loza.   

Cuatro de los represores fueron ubicados por documentación interna, recordó el militante: Iturri, Zanabria, Néstor Tauro (fallecido en 2019) y Ocaranza “están en el listado que hizo Sergio Tarnopolsky. Hay como cuarenta nombres y es un trabajo de militancia como el que hizo Víctor Basterra. Sergio, su hermana, su esposa y sus padres se encuentran desaparecidos”.

Radiografías

Calos Loza brindó un rápido repaso de los prontuarios de dos represores, uno que fue condenado en este juicio y otro que logró evadir a la justicia por un tiempo más. “Un personaje muy importante porque era un personal civil de inteligencia, Miguel Conde, que iba de Campo de Mayo a la ESMA”, detalló Loza, “según Ana María Martí, sabía más de la organización Montoneros que cualquiera de los militantes. Es un hombre ya condenado en otra causa, esta con prisión domiciliaria, tiene más de 90 años y está siendo juzgado en simultáneo en la Megacausa Campo de Mayo. Un hombre muy importante porque se dedicaba a interrogar a las víctimas y a armar el rompecabezas de la organización y eso le permitía hacer nuevos procedimientos. Había penetrado en todas las estructuras a partir de estos interrogatorios y ubicando a cada uno había llegado a reconstruir las estructuras de la organización Montoneros”, fue la radiografía que Carlos Loza sacó del represor Miguel Conde. 

El militante y sobreviviente también habló de Pantera, tal como se hacía llamar en el campo de exterminio de la ESMA el contralmirante retirado Horacio Luis Ferrari: “un caso que no está por una arbitrariedad es el de Ferrari”, denunció Loza. La Corte Suprema dejó firme un fallo de la Sala II Cámara Federal de Casación Penal: “ordenó que no puede ser juzgado por este tribunal con la participación de Daniel Horacio Obligado y Adriana Palliotti, porque ellos ya intervinieron en juicios anteriores y tienen opinión formada. Lo que está formado es la materialidad de los hechos, no los integrantes del tribunal”, por eso dijo Loza  que es “lamentable” la decisión de juzgar a Ferrari “por este tribunal pero con otros integrantes, esto ha sido apelado y es una arbitrariedad, porque siguen ganando tiempo”. Ferrari, como otros represores, “se escudó en que estaba navegando y está claro que estuvo en la ESMA y lo certifican varios testigos”, subrayó el integrante del Encuentro Militante Cachito Fukman.

Impunidad Biológica

Carlos Loza calificó las prisiones domiciliarias como parte de un sistema para consolidar la impunidad de los genocidas: “este sistema está diseñado para la impunidad”. Y explicó que hasta que no llegue una sentencia firme, siguen detenidos en esa condición. Que a la espera de apelaciones, idas y vueltas por Casación, hasta recorrer el laberinto que conduce a la Corte Suprema pasan muchos años: “Nos va a encontrar muertos a nosotros, a ellos. Para tener una idea, el juicio que terminó en 2017, Casación todavía no lo confirmó. Tiene que ir a la Corte y la Corte  tiene alrededor de 60 casos para confirmar sentencia. Algunos tienen ocho años de atraso. Son cuatro años y ocho años, son doce años... y mientras tanto van a estar en la casa. Cuando les llegue la sentencia firme van a estar muertos los imputados, seguramente”, graficó así Loza la impunidad por goteo que algunos tribunales permitieron al otorgar el beneficio de la domiciliaria a quienes cometieron todo tipo de crímenes en la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.  




1 comentarios:

  1. Muy buena información de primera mano en juicios difíciles de seguir se dilata y las sentencias cuando llegan es tarde y arbitrarias
    FUE GENOCIDIO

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