14 may 2021



Lo dijo Griselda Galarza, docente e integrante de la Red de Docentes, Familias y organizaciones del Bajo Flores. En diálogo con el programa radial La Retaguardia, describió la grave situación por la falta de conectividad y dispositivos de la población más pobre de la Ciudad. Además, contó que desde la Red realizaron un relevamiento sobre estudiantes y familias sin posibilidad de conectarse y que se lo entregaron a las autoridades reclamando conectividad para todos y todas. Denunció la "total desidia del Estado" calificando de “criminal" la política que exige la presencialidad, y se refirió a la persecución que sufre el personal educativo con mecanismos de disciplinamiento. (Por La Retaguardia)

🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Fernando Tebele
✍️ Redacción: Nicolás Rosales
💻 Edición: Pedro Ramírez Otero
📷 Fotos: Red del Bajo Flores


La Red de Docentes, Familias y organizaciones del Bajo Flores viene desarrollando una serie de relevamientos en el barrio a partir de encuestas antes y durante la pandemia de Covid-19. Luego de procesar y analizar la información exigen que sean cubiertas ciertas necesidades como, en el último caso,  de conectividad de las y los habitantes de esta parte de la Ciudad. 




Sin conexión

“Creemos que las autoridades tienen la obligación de resolver cuestiones tan urgentes como la alimentación, la salud, la educación y la vivienda. Estamos exactamente igual en todos los planos. En educación, más allá de la encrucijada de los últimos días de la presencialidad, la realidad es que estamos ante un escenario de mucha más restricción que la de ahora, por la cual la vuelta a la virtualidad plena es más que posible. Y nuevamente estamos dejando a una enorme mayoría, que son los más pobres, desfavorecidos, o más vulnerables; los más despreciados por esta gestión, a la intemperie. En nuestra escuela tenemos una matrícula de 480 pibes. Sacando a los del ciclo superior, de cuarto o quinto año que serán unos 100 que tienen su propio celular, el resto no. Por ende no tienen posibilidad de conectarse”, comenzó analizando Griselda Galarza, docente y vicedirectora de la escuela N° 3 del Distrito Escolar 19.

Una política criminal

Galarza denunció la inacción del Gobierno porteño y las necesidades reales de las y los pibes del barrio: “A pesar de la absoluta desidia del Estado, los docentes hicimos guardias pedagógicas para acompañar a los alumnos. El Gobierno de la Ciudad milita la presencialidad y es un desastre lo que están haciendo en términos sanitarios. Una política criminal, dice (el gremio docente) Ademys, y coincido con eso plenamente. No hay ninguna política en términos de preservar la vida humana, es en algún punto despreciar la vida. Porque si el Estado no interviene en ningún plano desde el cuidado, la protección o el amparo, de alguna manera lo que alienta es el individualismo, el sálvese quien pueda y también la violencia. La autorregulación en el territorio, que los pibes implosionen hacia adentro, que se maten entre ellos”, dijo.





Vaciamiento y disciplinamiento estatal

“La mirada que tiene el Gobierno a la educación pública va de la mano del vaciamiento presupuestario. Este año, hasta hace unos días atrás, no pudimos dar de alta ni a coordinadores de tutores, a tutores, coordinadores de área, ni EDI (Espacios de Definición Institucional), porque no se sabía si había partida presupuestaria para esa cantidad de horas. Estos cargos en mi escuela son fundamentales, porque en algún punto son ellos los que ‘campean’ la desigualdad. Hacen un seguimiento de los pibes, saben lo que les pasa, están atentos a que no se caigan de la escuela. Y eso último nos ocurre. Por otro lado, el vaciamiento va acompañado de todo un silencio de una cuestión intermedia entre el Ministerio y las escuelas. Meten miedo desde lo jerárquico y de las disposiciones que uno tiene que cumplir a través de lo que te mandan. Son rigurosos con lo administrativo, casi que tienen una política persecutoria y de disciplinamiento en este sentido”, culminó Griselda.

La semana pasada, La Red de Docentes, Familias y organizaciones del Bajo Flores realizó un “semaforazo” en Cobo y Curapaligue. Exigieron “conectividad para todes”, lo que implica instalar cuatro antenas para unas 50 mil personas y dispositivos para las 3.764 familias de estudiantes con matrícula en las escuelas del barrio, según datos precisos que arrojó el último relevamiento. 

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