22 jun 2021



El trabajo de forenses determinó que uno de los cuerpos hallados en “La Barranca de la carnicería” corresponde a Jhosivani Guerrero De la Cruz. A casi 7 años de la masacre de Iguala, en la que fueron desaparecidos 43 estudiantes y asesinados 3 más, continúan los hallazgos, las investigaciones y la lucha de los familiares por la verdad y la justicia. ¿Por qué esta identificación rompe con la teoría del gobierno de aquel momento? (Por La Retaguardia)


✍️ Redacción: Mónica Mexicano
💻 Edición: Fernando Tebele
🖍️ Ilustración: Brian Carlson
📷 Foto: Asamblea de mexicanxs en Argentina


El 16 de junio el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dio a conocer la identificación de los restos del estudiante desaparecido Jhosivani Guerrero De la Cruz. En octubre de 2020 habían sido recuperados varios restos óseos del lugar conocido como “La Barranca de la Carnicería”. Fueron analizados en el laboratorio de Genética de la Universidad de Medicina de Innsbruck. mediante el análisis del ADN nuclear, que dio como resultado una coincidencia genética del 99.99% con las muestras de ADN brindadas por la familia del estudiante.

Cabe decir que ya en 2015 la Procuraduría General de la República, en México, había anunciado la identificación de Jhosivani, pero el EAAF resolvió que dichos resultados no contaban con condiciones de certidumbre técnica y jurídica, por lo que no eran concluyentes. Este análisis se realizó por ADN mitocondrial, lo que no arroja resultados determinantes para casos de desapariciones forzadas, como lson las de Ayotzinapa. Además, dichas muestras fueron recolectadas del Río San Juan en condiciones irregulares y en ausencia de investigadores/as independientes.

En diciembre de 2014, en el mismo lugar y mismas condiciones, fueron encontrados y levantados los restos del estudiante Alexander Mora Venancio. Si bien se reconoce su identidad, los familiares y abogados resaltan las irregularidades del proceso de identificación.
 
También la semana pasada dieron a conocer que se re-asoció otro resto óseo al estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, que en julio de 2020 ya había sido identificado por otro fragmento de hueso. Tanto la familia de Cristian como de Jhosivani ya han sido notificadas por los y las profesionales del EAAF.

Esta nueva identificación del normalista Jhosivani, echa abajo la supuesta “verdad histórica” que elaboró el entonces presidente Enrique Peña Nieto, junto con el procurador Jesús Murillo Karam, quienes afirmaban que los estudiantes habían sido desaparecidos y asesinados por un cártel narco conocido como Guerreros Unidos,  sus cuerpos cremados en el basurero de Cocula y los restos esparcidos en el Río San Juan.

Sin embargo, los restos de Jhosivani, de esta segunda identificación, aparecen lejos del Río San Juan. Cada nuevo hallazgo evidencia la manipulación y el encubrimiento por parte del gobierno de Peña Nieto.

La supuesta “verdad histórica”, fue cuestionada desde un inicio por los familiares, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes señalaron una serie de inconsistencias y alteraciones en la investigación.
 




El dolor de los fragmentos

La desaparición forzada es una forma de tortura continuada para los familiares y para el resto de la comunidad, pues al no tener respuesta acerca del paradero de la persona desaparecida, la incertidumbre y la pena se vuelven infinitas. Que la verdad venga a cuentagotas y que se obtengan sólo fragmentos, no sólo de lo ocurrido, sino sobre todo del cuerpo de los estudiantes desaparecidos, acrecientan la incertidumbre y la pena. Pero también fortalecen la lucha.

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, quién visitó la Argentina en 2016, refiere lo siguiente: "Ayer nos llegó la noticia que salió positivo de uno de los 43. Los padres Margarito Guerrero y Doña Martina de la Cruz, pues para nosotros las madres y padres de los 43 nos sentimos muy tristes, muy doloroso la noticia que nos dieron porque nos pega a todos, como familiares, abuelos y abuelas, primos... pero pues es verdad en un 99.9% que sí. Tenemos mucho que buscarlos a los demás, tenemos mucho que hacer las búsquedas, así que nos encontramos tristes, pero vamos a seguir en pie de lucha hasta encontrarlos a los demás hijos, qué pasó esa noche del 26 de septiembre del 2014".
 
Las familias continúan su caminar por la verdad y la justicia. Aún faltan por investigar algunas de las líneas propuestas por el GIEI, como  el trasiego de droga en alguno de los autobuses que los estudiantes habían tomado, la participación del ejército, y la localización de los celulares de los estudiantes.

Desaparición en México

México vive una crisis humanitaria. El inicio se remonta al 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los carteles de la droga. A partir de entonces se militarizó el país y comenzaron las violaciones sistemáticas a los DDHH, no sólo por parte de policías y militares, también por grupos del crimen organizado, que en connivencia con el Estado se han adueñado de grandes extensiones del territorio mexicano. La desaparición forzada de personas, las ejecuciones, la tortura se han convertido en una cotidianidad que ni la pandemia detuvo.

Hasta el año pasado, el Estado mexicano reconoce como cifra oficial 77.171 personas desaparecidas; se han localizado más de 4 mil fosas clandestinas de las cuales se han exhumado más de 6.900 restos.  A la fecha existen al menos 37 mil cuerpos sin identificar. No hay una política que alcance a resolver la enorme crisis en materia forense.

Miles de familias mantienen la esperanza de que quienes desparecieron vuelvan a casa. Es obligación del Estado mexicano agilizar las políticas y los recursos para resolver esta crisis y dar respuesta a la pregunta que se repite por todo el territorio: ¿Dónde están?


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