13 jun 2021


Lo dijo Gigi Krein, integrante de Consejerías de Vivienda de la Ciudad, en diálogo con el programa radial Hora Libre. Allí hizo mención al panorama actual de la situación de desalojos en contexto de pandemia y opinó sobre el aumento de la cantidad de gente que vive en situación de calle y la necesidad de que se lleve a cabo un nuevo censo popular. También denunció problemas estructurales y sostuvo que se dan tras una complicidad entre el sector hotelero, los alquileres, y el Gobierno porteño.
(Por La Retaguardia)


🎤 Entrevista: Natacha Bianchi/Matías Bregante/Rodrigo Ferreiro
✍️ Redacción: Nicolás Rosales
💻 Edición: Pedro Ramírez Otero
📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia


Consejerías de Vivienda es una organización comunitaria que acompaña situaciones de desalojo, exigencias por viviendas dignas y acceso a las tierras como un derecho. Una de las últimas propuestas que se conocen es la que se presentó como un “Alquiler Social” ante el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación y el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Entienden que dicha propuesta no es una solución habitacional definitiva, pero sí abre un debate para las organizaciones sociales que trabajan estas temáticas. 

Gente en situación de calle

“Estamos mal en este aspecto y además ahora se conocen los datos de un censo de personas en situación de calle que hizo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se habían empezado a juntar (María) Migliore (Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat) con algunas organizaciones sociales que venían trabajando con el censo popular por fuera del oficial y que trabajan muy específicamente con este tema. Tienen Centros de Integración, ollas populares, hacen recorridos. Y estas organizaciones terminaron siendo expulsadas por la metodología censal que el Gobierno les proponía. Los cálculos de las organizaciones que pretenden hacer el censo popular de gente en situación de calle, claramente no son los números mentirosos que salió a decir el Gobierno, que dijo que solo hay mil personas en la calle hoy en la Ciudad. Por otro lado, se está considerado por primera vez y por la lucha de las organizaciones como Proyecto 7, incluir a la población que se encuentra hoy en los paradores. Que son a veces personas que las que lleva el Gobierno cuando quiere a través del BAP (Buenos Aires Presente). Falta hacer un conteo real, para exigir políticas reales a este drama”, comenzó describiendo Gigi Krein, integrante de Consejerías de Vivienda. 

Krein se refirió al Decreto de necesidad y urgencia (DNU) que prohibía los desalojos, que finalizó el 31 de marzo. “Ahí el Gobierno nacional y el de la Ciudad se parecen, porque rápidamente dan por sentado que acá ya pasó todo. Lo único que se hizo fue que si hay algún tipo de desalojo saquemos un protocolo de urgencia que solo engloba a alquileres formales. Se deberían tomar en realidad a los alquileres como un gran problema estructural, algo que se extiende por todo el país, y que de todas maneras con el pasado DNU tampoco esto era considerado, y los desalojos fueron apoyados por organizaciones sociales. Nosotros tenemos un dicho en las Consejerías de Vivienda que es triste pero real: una familia desalojada es una familia que queda en situación de calle”, planteó.

En relación a la Ley Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle, vigente en la Ciudad desde el 2010, la integrante de Consejerías de Vivienda opinó: “El Gobierno de la Ciudad debería incluir en el diálogo a las organizaciones sociales, eso en un principio se hizo. Pero después las desoyó, como pasó con el censo. Las participaciones a las que convoca el Gobierno son para cumplir con una formalidad y para que después no se les hagan denuncias”. 

Krein también mencionó lo que para las Consejerías de la Vivienda son dos variables de problemas estructurales en el ámbito porteño: “Uno es el de los subsidios habitacionales, y que el Gobierno en este último tiempo aumentó el monto. El tema es que ahí no existe alguna cláusula que obligue a los hoteles o pensiones a no aumentar los alquileres por una x cantidad de tiempo”.

Por último, denunció: “Lo que pasa es que aumenta el subsidio y automáticamente aumentan los alquileres. No solo esto, sino que el Gobierno de la Ciudad exime de pagar el ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) al sector de este tipo de viviendas. A hoteles que sabemos que en la pandemia hicieron desalojos, o que maltratan y abusan al colectivo travesti trans, o que no le quieren alquilar a una mamá con hijos e hijas. Y la segunda razón del problema estructural es que hay una complicidad total entre el Gobierno y los hoteles para que en los alquileres no se acepten a las niñeces”. Además agregó que no existe un plan de vacunación contra  la Covid-19 que contemple a la gente en situación de calle. 

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