22 sept 2021



Lo dijo Benito Allende, abogado de Micaela Rocío Mendoza, una de las cuatro mujeres fallecidas al incendiarse la Brigada Femenina de Concepción, en Tucumán. Allende, quién también es el representante de la familia de Walter Ceferino Nadal, pasó por el programa La Retaguardia y habló sobre las prácticas policiales en comisarías, el estado del sistema penitenciario y la ineficiencia del Poder Judicial. (Por La Retaguardia)

🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero

✍️ Redacción: Gabriela Suárez López

💻 Edición: Fernando Tebele

📷 Foto de portada: de izquierda a derecha Micaela Rocío Mendoza,

Macarena Maylen Salinas y Yanet Yaqueline Santillán, tres de las jóvenes que murieron calcinadas.


En la provincia de Tucumán la represión estatal conocida oficialmente como “Violencia institucional” es una práctica que circula como moneda corriente y ha sido naturalizada por gran parte de funcionarios de seguridad y de las distintas fuerzas policiales. Nada muy diferente de lo que ocurre en el resto del país. En este estado de situación en el que todo es válido, las personas detenidas y con sentencia firme pasan mucho tiempo en comisarías en condiciones infrahumanas donde las humillaciones y torturas parecen estar permitidas. 

El 2 de septiembre, Macarena Salinas, Yanet Santillán, Micaela Rocío Mendoza y María José Saravia murieron calcinadas en la Brigada Femenina de Concepción, por un incendio que se inició dentro de la celda en la que se encontraban detenidas. Sobre el accionar policial en el momento de la tragedia Allende denunció: “Vamos a buscar acreditar dentro de la causa penal que se ha producido una situación de abandono porque la Brigada no era un lugar físico muy grande y si se produce un foco de incendio dentro, la versión oficial es porque se había roto un foco y ese foco a la vez había creado un cortocircuito y la llama ha llevado al incendio. La puerta de la habitación, el pequeño espacio en el que estaban, era una puerta reja, entonces el personal policial lo único que tenían que hacer era sacar un candado. La pregunta es: ¿qué ha pasado en ese lapso de tiempo? Estas tres funcionarias policiales que se encontraban a cargo de estas chicas no han hecho algo tan simple como sacar un candado”.

Presas en comisarías

El colapso del Sistema Penitenciario está directamente vinculado al alojamiento de detenidos y detenidas que permanecen mucho tiempo en comisarías y dependencias en pésimas condiciones, como parte de un proceso que involucra a varias áreas relacionadas como la Justicia y la Seguridad y que articulan de modo crítico e ineficiente: “Ninguna persona podrá estar alojada en una comisaría. La comisaría podría ser un lugar de alojamiento en el momento en que se comete el hecho ilícito y, después, hasta que lo presente ante la autoridad judicial. Cuando tienen condena, la ley establece que tienen que pasar al Servicio Penitenciario, debe ser supervisada esa condena y a la vez la ley da una serie de derechos y garantías de las que gozan las personas que están cumpliendo una condena. Entonces estas chicas, al estar alojadas en una comisaría, se agravan las condiciones en las que están cumpliendo su condena, la privación de la libertad. Estaban vulnerando sus derechos, porque esas chicas, como para contar a la gente sobre cómo vivían, estaban en una habitación de 3x3. Prácticamente tenían que recoger los colchones y los tiraban a la noche en el suelo para poder dormir. La comida se la tenían que llevar los familiares. No comían. La situación de higiene tampoco era la mejor. El baño se encontraba afuera del lugar de alojamiento. Se encontraban en una situación infrahumana y de hacinamiento que aún hasta para una persona que se encuentra condenada o cumpliendo una privación de la libertad con una medida cautelar como puede ser la prisión preventiva, atenta contra su dignidad humana y a la vez contra los derechos fundamentales” denunció el abogado.

Sobre el origen del incendio y las responsabilidades en las muertes, Allende detalló: “Pero la causa de fallecimiento, el informe preliminar, sería muerte por asfixia. Después, qué ha motivado el foco de incendio, va a ser tema de discusión técnica. Ahora, lo que no es una cuestión discutible es que estas chicas que han  fallecido se encontraban a cargo de la custodia de personal policial que tiene un grado de responsabilidad, a criterio de esta parte, y que tenían ya una enemistad manifiesta con estas chicas y el trato no era bueno. Entonces, la responsabilidad es de estas 3 personas que se encontraban a cargo en ese momento en la Brigada”. Cuando el poder de decisión y de acción queda a criterio del personal policial a cargo o de guardia, las prácticas se vuelven más complejas:  “A estas 3 funcionarias policiales a quienes nosotros les atribuimos la responsabilidad directamente por el homicidio, no por abandono de persona, porque esto es una cosa mucho más grave. Actuaron en forma dolosa por el hecho de su accionar concreto, la omisión que se transforma en un accionar que lleva al deceso de estas chicas. Se puede hablar en forma intencional, estas muertes se produjeron por el accionar de estas 3 personas que se encontraban a cargo de la guardia. Y ahí es cuando la discrecionalidad que existía, de acuerdo a la guardia que tocaba, cambiaba el trato que tenían hacia las internas. Algunos podían entrar con un poco más de libertad y otros podían prácticamente nada o condicionar su libertad a un tema de pago, de dinero, como han escuchado que han manifestado otros familiares. Entonces esa discrecionalidad que tienen los funcionarios policiales se debe a la falta de control”, afirmó Allende. 

Ante el funcionamiento ineficaz de los distintos mecanismos, la estrategia elegida es el uso de instalaciones policiales como lugares de detención, modalidad que visibiliza la falta de proyección y ejecución de políticas públicas con enfoque en derechos humanos sobre la cuestión carcelaria:  “El sistema penitenciario está colapsado y hay personas que tendrían que estar cumpliendo condena de acuerdo a la ley en el sistema penitenciario y que están hace dos o tres años a veces en la comisaría y a pesar que se pidió juicio a los órganos de ejecución, condena para que se los traslade, mandan los oficios, pero no los recibe el sistema penitenciario porque no existe cupo. A eso se le tiene que sumar el hecho de que muchas veces, en forma discrecional, fiscal y jueces dictan prisión preventiva,, para tratar de demostrar que el sistema penal funciona de forma indiscriminada. Pero a la vez el Estado no se encarga de las condiciones de alojamiento de las personas que van privando de la libertad”, dijo el abogado.

El Estado puede privar a una persona de su libertad de forma legítima y esa situación y sus condiciones mínimas se encuentran reguladas bajo normas y principios incluidos en tratados internacionales de Derechos Humanos e  incorporados en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994. Pero cuando nos acercamos a las prácticas cotidianas la distancia con la letra de la ley es enorme: “La persona detenida sigue teniendo derecho y el Estado es responsable tanto de la salud; o si esa persona ingresa a un sistema penitenciario, de educarse, de que pueda trabajar. La idea del sistema penitenciario para esa persona es resocializarla para que cuando cumpla con su condena pueda reinsertarse a la sociedad. Pero eso es la idea dentro de la ley. La realidad es otra, que normalmente el Estado te sanciona, te quita tu libertad, no garantiza ni siquiera el acceso al alimento, que es lo básico; porque las personas que están en comisarías si la familia no les lleva la comida, no comen. Y son sometidas a situaciones que es muy difícil que una persona se adapte y aguante por un periodo de tiempo prolongado. Pero aun cuando esa persona pasa por esas situaciones extremas, la sociedad permite juicios de valor que muchas veces no condicen con la realidad, porque esas personas pueden haber cometido o no un error, pueden tener una condena desde el punto de vista de la ley penal, pero no deja de ser persona. Y el hecho de la privación de la libertad es que esa persona tenga oportunidad de pagar o cumplir su condena dentro de un sistema penitenciario que les pueda garantizar que cuando cumpla su condena se va a poder reinsertar socialmente. El Estado termina siendo responsable de una forma u otra de la violencia que crea más violencia” subrayó Benito Allende.

El caso Nadal como antecedente

Como otro caso de violencia estatal en la provincia, que se ha hecho público el año pasado, Allende como representante legal de la familia, recordó el asesinato de Walter Ceferino Nadal: “Murió por asfixia y es una situación que tiene un condimento que agrava mucho la situación. Porque Nadal se encontraba reducido boca abajo con las esposas puestas y había un personal policial que ya tenía una rodilla en su espalda. Vino una segunda persona, un policía que no había intervenido en el procedimiento, que estaba como oficial de calle, pero había salido de la división de especiales de la Brigada, una formación distinta, y afirma su rodilla en el cuello de Nadal. Una persona que ya está totalmente inmovilizada no representaba un peligro, lo único que hacía era pedir que le aflojen un poco las esposas porque le dolía. Y esa persona, con intención, apoya su rodilla. Hay fotos de eso, hay dos fotos que son muy gráficas, hasta que le produce la asfixia. Esta violencia ha sido justificada por la cabeza del Ministerio de Seguridad. El mismo ministro que se encuentra ahora, Claudio Alfonso Maley. Entonces, después, salió a decir que posiblemente era por consumo de estupefacientes, no por asfixia. En el caso puntual, en este caso de Nadal, tenemos dos hechos graves en menos de 40 días”. El caso tiene muchas similitudes con el de George Floyd, un joven estadounidense asesinado en las mismas circunstancias que Nadal. Aquel hecho originó grandes movilizaciones en Estados Unidos. Aquí, en cambio, de Nadal se habló poco y nada.

La otra cara de la moneda es la impunidad con la que acciona el personal policial, con las atribuciones de quienes cumplen sus funciones en espacios cerrados y secretos, opacos para la opinión pública. “Acá, en Tucumán, cuando se dan situaciones de violencia institucional que involucran al personal policial, es muy difícil trabajar las causas porque lo que se trata de hacer es que no tomen estado público, primero; y segundo, es muy difícil que los propios fiscales, que se valen muchas veces de la labor de policía, investiguen esos hechos, porque en ese tipo de fallecimiento que se involucra a funcionarios policiales, es como si involucrara empleados públicos, son empleados del Estado. Entonces la Argentina tiene muchas sanciones a nivel internacional por ese tipo de conductas, pero el acceso efectivo a la justicia para que se investiguen los hechos es muy difícil. A punto tal que la propia autoridad muchas veces encargada de esclarecer estos hechos o los propios funcionarios que investigan los hechos, son los que hacen imposible que se llegue a la verdad. Primero no visibilizando el caso. En Tucumán muchas veces el caso de Nadal ha tomado estado público por medio de comunicación gráfica y visual de Capital Federal y después tomaron estado público en Tucumán. Lo mismo ha pasado con el caso de esta chica (Micaela Rocío Mendoza). Entonces la primera dificultad es que se visibilice el caso y una vez que se visibiliza se lo hace muchas veces por medio de un medio de comunicación de Capital Federal”, indicó el abogado.

Penalizar la pobreza, criminalizar a los pobres y utilizar la prisión o en este caso las comisarías como simple depósito de personas, no soluciona los problemas y se contrapone con un ideal de una sociedad más democrática. Los medios de comunicación y la Justicia también forman parte de este círculo vicioso: “Es muy difícil ir contra el aparato judicial que trabaja en forma corporativa y contra una Policía corporativa. Y que se investiguen esos hechos, porque es como ir contra la corriente, porque siempre se busca la justificación y se busca formar opinión. Y una vez que se forma opinión en contra de tal o cual persona, es como que la víctima es responsable de lo que ha hecho el victimario por haber tenido conflicto con la ley penal. Algo similar que se trata instalar también en el caso de estas cuatro chicas que se encontraban privadas de la libertad. El personal policial es el brazo armado del Estado, y el homicidio que comete el personal policial se encuentra agravado en el artículo 80 inciso 9 del Código Penal porque es un homicidio cometido por una persona que el Estado prepara y le entrega un arma y lo puede cometer en uso y abuso de sus funciones. Y eso comprende también al personal penitenciario. ¿Por qué decimos que en el caso de estas 4 chicas podemos ir más allá del deber de omisión? Porque ellas eran personas preparadas, que estaban para cumplir una determinada función y aquí usaban ese poder que tenían sobre las personas que se encontraban privadas de su libertad, y por lo tanto en una situación de vulnerabilidad, y abusaban de ese poder. Y esa situación ha llevado a que se produzca este hecho que ha terminado en la muerte de estas 4 chicas. Entonces, la idea, lo que regula la ley, es algo totalmente distinto a lo que trasmiten muchos medios de comunicación y muchos sectores políticos. El funcionario policial tiene más responsabilidad legal cuando comete un hecho ilícito que si fuera un civil porque así lo establece la ley. Porque cuando recibe su preparación es para resguardar la vida y seguridad de las personas, no para atentar contra la vida y la seguridad de las mismas”, concluyó.


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