10 nov 2021


Patricia Pines es docente de nivel inicial e integrante de "Vacantes para todxs en las escuelas públicas", un colectivo de familias y docentes que luchan para que se garanticen las vacantes en la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos días salió un fallo judicial que obliga al Gobierno porteño a resolver el problema. Siguiendo el slogan “No sobran pibes, faltan vacantes”, Pines sostiene una lucha por más y mejores escuelas para garantizar el derecho a la educación para todas las personas. La docente habló en el programa radial La Retaguardia y contó respecto a la problemática. (Por La Retaguardia)


🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Fernando Tebele     ✍️ Redacción: Gabriela Suárez López 💻 Edición: Diego Adur


La educación es un derecho que tiene carácter fundamental porque es esencial para el desarrollo humano, la erradicación de la pobreza y además, es garante de otros derechos y promotor del bienestar individual y colectivo.

Ante el reclamo histórico que la comunidad educativa viene realizando sobre la falta de vacantes en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, la Sala N°3 de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Federal de la Ciudad dictó sentencia hace pocos días. Confirmando lo que la jueza Elena Liberatori dictaminó en el año 2019, el fallo dispuso que la administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá garantizar el acceso a la Educación Primaria y Secundaria en los Distritos Escolares N° 1, 5, 13, 19, 20 y 21. Patricia Pines, integrante del colectivo  “Vacantes para todxs”, dijo al respecto: “Ojalá el Gobierno ahora acate el fallo con la misma celeridad que acató otros fallos que eran acordes a su política. Eso es lo que esperamos. Básicamente lo que dice el fallo es que tienen que garantizar la escolaridad, particularmente en 20 barrios, que son los más afectados por la problemática de la falta de escuelas, pero entendemos que en realidad es para toda la Ciudad. Deberían destinar el presupuesto y ejecutarlo y construir las escuelas que faltan”.

La Convención sobre los derechos del niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por la República Argentina a través de la Ley 23.849, contempla los derechos fundamentales de las infancias. En su artículo 28, la Convención reconoce el derecho a la educación para ser ejercido en igualdad de condiciones y declara que los Estados deberán implantar una serie de medidas que garanticen el acceso gratuito a la misma, y velar por el cumplimiento de las condiciones enunciadas para todos los niños y niñas del mundo fomentando el desarrollo integral y el respeto de las libertades fundamentales.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires parece hacer caso omiso respecto de este derecho fundamental cuando se trata del otorgamiento de vacantes de escuelas públicas de esa jurisdicción. Sobre este tema, Pines explicó: “Nosotros lo venimos denunciando hace mucho. No solo no han dado respuesta favorable a la demanda, sino que en estos últimos años han cerrado cientos de salas, grados, cursos e incluso escuelas enteras”. 

Instantáneas del sarcasmo

Durante el transcurso de la pandemia y en muchos casos cuando la situación sanitaria no estaba aún controlada, el Gobierno porteño presionaba por la vuelta a la presencialidad en las aulas. Sus argumentos eran variados: que en las escuelas los y las estudiantes no se contagiaban, que el derecho a la educación solo se garantizaba con la presencialidad. Sin embargo, en las inscripciones online las vacantes son un bien escaso para los pibes y las pibas. “El fallo habla de las 54 escuelas de las cuales venimos escuchando ¡hace cuanto tiempo! Están construyendo las mismas 54 escuelas, pero cuando te ponés a revisar dónde están esos edificios te das cuenta que son muy poquitos los edificios nuevos que se inauguraron y la mayoría fueron mudanzas de escuelas que ya existían. Las poquitas obras que se inauguraron se hicieron siempre en años electorales y las abren sin completar la obra, entonces entregan escuelas donde está el agujero del ascensor, sin el ascensor, sin gas, sin teléfono. Con luz de obra, o sea, los cables colgando. Después, si quieren usar algún artefacto de más enseguida salta la térmica y se quedan sin luz”, contó Pines.

En un Congreso Internacional que se celebró la semana pasada en la Universidad Católica Argentina, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, aprovechó la ocasión para cuestionar el dictamen y seguir sosteniendo que las 54 escuelas existen y relacionó el fallo con la campaña electoral además de responsabilizar al Gobierno nacional por la falta de conectividad en los barrios populares.
Ante la consulta por las obras que el Gobierno de la Ciudad se adjudica, la docente opinó: “Hay un gran desinterés por el bienestar y  por la dignidad básicamente de las infancias. El colectivo Vacantes surgió pidiendo que construyan escuelas y después a medida que fue creciendo nos dimos cuenta que en realidad hay múltiples derechos vulnerados de las infancias. No solo el acceso a la educación pública, laica, gratuita y estatal desde los 45 días de vida, que es lo que dice la Constitución de la Ciudad. Además, los comedores escolares también sufrieron muchísimos recortes en estos años, la comida es insuficiente, no es del todo saludable y no se entrega para todos los niveles. Han recortado el plan Sarmiento y el plan Conectar Igualdad”.

La educación en el laberinto judicial

Frente a las distintas demandas sin respuesta efectiva y la negativa al acceso a la información, el fallo traslada el problema a la Legislatura para resolverlo allí, aprobar presupuesto y ejecutarlo. Sobre el modo en que se resolvió este conflicto y la división de poderes, Pines agregó: “No es incumbencia del Poder Judicial legislar, ni aprobar el presupuesto, ni construir las escuelas. Entonces, en un punto la cuestión está en la voluntad política que es distinta de la voluntad judicial. Obviamente los jueces que le dan vacante a las familias que reclaman están de acuerdo con que hay un derecho vulnerado, pero es tarea del Legislativo y del Ejecutivo hacer las escuelas”.

Las comunidades educativas y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires parecen hablar distintos idiomas y la mayoría de las veces los debates son un sinsentido porque no existe ni interacción entre las partes. “Este es un gran problema histórico al reclamo, que es justamente la falta de escucha de las comunidades educativas. Es un gobierno que toma decisiones inconsultas y arbitrarias de manera permanente. Es mentira que son el gobierno del diálogo. Dialogan entre ellos porque con las comunidades educativas no dialogan, es un gran problema que tienen la mayoría automática. Todos los años se presentan proyectos en la Legislatura de construcción de escuelas y ni siquiera fueron tratados, los cajonean. Y además, difícilmente con un gobierno que tiene una política de privatización, de precarización y de vaciamiento de la escuela pública como la que vienen aplicando ellos de un día para el otro se sienten a decir ´vamos a hacer escuelas´. Pero al menos la Justicia los está presionando y eso nos parece que es un apoyo para la comunidad”, concluyó.


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