Esta semana, las organizaciones piqueteras recibieron un duro golpe: la Cámara de Apelaciones ordenó 27 allanamientos e imputó a 28 integrantes de varios grupos, que el juez Sebastián Casanello había rechazado realizar en primera instancia, en una causa que investiga posibles delitos de extorsión contra beneficiarios de planes sociales. Los medios tradicionales se hicieron un festín con su modus operandi habitual: tomar un caso, mostrarlo como una generalidad y generar la estigmatización necesaria para que la persecución política se realice con importante consenso social. Entre los señalados en las operaciones mediáticas, por un llamado no del todo claro que lo […]