“Parece que los pobres no tenemos derecho a estar en Buenos Aires”

Por Juan Pablo Rubiños, para La Retaguardia

Dentro del aluvión de leyes vetadas por Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño también vetó algunos permisos de uso precario a inmuebles y terrenos de asociaciones civiles o cooperativas de vivienda como la de Gascón 123. Allí se ubica un edificio de siete pisos, donde desde hace treinta años funciona una vivienda social. Es la segunda ley que la Legislatura votó afirmativamente para que este lugar funcione como cooperativa de vivienda. Ambas leyes fueron vetadas por Macri.
Plácido Burgos, miembro de la Cooperativa Nuevo Horizonte, nos cuenta qué ocurrió: “A fines de 2011, a través de la diputada (María Elena) Naddeo, de Diálogo por Buenos Aires, logramos enviar un proyecto a la Legislatura para que ese terreno, que es del Gobierno de la Ciudad, sea designado a viviendas sociales y pagarlas como cualquier ciudadano, que es lo que queremos. No queremos que nos regalen nada”. Además resaltó: “Ese proyecto salió aprobado con 56 votos y una sola abstención. El 17 de enero, el jefe de gobierno volvió a vetarnos el proyecto. Hemos recurrido a la Justicia y tenemos una medida cautelar y un amparo, a los cuales ellos apelaron y nos acusan de ser okupas, de no tener derecho a estar en ese terreno ”.

Ya son cuatro los años que llevan estas familias atravesando obstáculos. En 2008, se envió un proyecto de ley a la Legislatura, que fue aprobado por mayoría y al poco tiempo fue vetado por el Ejecutivo. Luego del veto vino el decreto de desalojo, en forma administrativa, sin intervención de la Justicia y finalmente les dieron un plazo. Pero el plazo se agotó y los problemas para los habitantes de Gascón 123 regresaron: “Después de las elecciones que ganó con el 67% de los votos nuevamente fue por nosotros y nos intimó con el decreto de desalojo, vigente desde 2009 y sin darnos ninguna solución.”, agregó Burgos.
En 1969 había una constructora edificando en los actuales terrenos de Gascón 123, cuando el gobierno del dictador Juan Carlos Onganía lo expropió porque existía un proyecto para construir una autopista que uniría la capital con la zona oeste del Gran Buenos Aires. El proyecto quedó trunco, pero el edificio abandonado quedó en manos del Estado y poco a poco se fueron instalando allí familias que no tenían vivienda.
Las trabas del Ejecutivo confrontan con lo que determina la Ley 341 del año 2000, que dicta que el GCBA está obligado a facilitar que la gente constituida en cooperativas de vivienda tenga acceso a una vivienda digna a través de créditos u otros mecanismos que el propio gobierno determine.
En el lugar, además, hoy funciona un merendero, financiado por el propio gobierno porteño. “Ellos mismos designan gente para que le brindemos el servicio porque no tienen cupos en otros lugares. Es una contradicción, parece que los pobres no tenemos derecho a vivir en Buenos Aires y tener una vivienda, y es algo básico.”, concluyó Plácido.