(Por La Retaguardia) En distintos ámbitos se está hablando acerca de la posibilidad de realizar reformas dentro del sistema judicial. Específicamente, en los fallos de los juicios por delitos de lesa humanidad, comienzan a aparecer pedidos de los Tribunales de investigar lo actuado por la justicia durante los años de dictadura. Sucedió en el último juicio en La Plata, y también en el reciente de Mar del Plata. En la actualidad, hay funcionarios judiciales procesados ya no por haber ocultado sino por haber sido parte de la maquinaria del Terrorismo de Estado. De hecho, en abril comenzará en Mendoza un juicio a cuatro magistrados: Luis Miret, Rolando Evaristo Carrizo, Gabriel Guzzo y Miguel Petra, por su complicidad con el terrorismo de Estado. Sobre estos temas, hablamos con el juez del Tribunal Oral de La Plata, Carlos Rozanski.
Sobre el final, opinando acerca de la justicia en general, dejó, entre otras frases, la del título.
“Hay ciertos fenómenos violentos que serían imposibles de llevar adelante si no fuera con complicidad de parte de la sociedad en la que se producen”, señaló el juez Carlos Rozanski en diálogo con Oral y Público. Se mostró convencido de que si, durante los golpes de estado, la justicia “hubiera tenido una actitud más digna, más responsable, y sobre todo más acorde a la esencia de la propia institución”, el resultado histórico “hubiera sido absolutamente distinto”.
Rozanski manifestó que el Terrorismo de Estado marcó a la sociedad por muchas décadas: “afectó la cultura y recién ahora estamos poniéndonos a medir cuánto, y es mucho. Evidentemente los cambios tienen que ser proporcionales si la impronta que dejó el Terrorismo de Estado nos llevó treinta años comenzar a hacer los juicios. Desde ya si los cambios fueran superficiales estaríamos igual que antes”. En este sentido, destacó que quienes insistieron durante décadas para que se avanzara en el juzgamiento de lo sucedido durante la dictadura justamente fueron las víctimas: “el problema es cuando el Estado no se involucra en tomar las riendas para poner todo el poder que tiene, inclusive sus tres poderes, y llamar a las cosas por su nombre, que es un poco lo que se está buscando hacer en este momento, poner el nombre adecuado a cada una de las cosas que tenemos que hacer”, agregó.
Respecto a la lentitud con la que avanzan los juicios por crímenes de lesa humanidad, Rozanski consideró que es una realidad que caracteriza este proceso, aunque remarcó que esto no significa que se esté ante un proceso menos importante: “es importantísimo, pero dentro de esa lentitud recién ahora se está llegando a tomar conciencia de que ningún proceso genocida es posible sin una complicidad civil. En realidad de lo que estamos hablando es del rol que cada uno de nosotros tuvo durante esa época y sobre todo en la función que cada uno cumplió. En ese sentido, el rol del Poder Judicial fue fundamental. Un golpe de Estado y sus consecuencias se pueden convalidar o no, y la justicia lamentablemente, con diferentes excusas, pero a lo largo de la historia, los ha convalidado. El problema es que el Poder Judicial, y aquellos jueces que participaron de ese proceso activamente en cada una de las épocas, no cumplió con su función de decir aquello es un delito o es intolerable, acá no se trata solamente de una omisión”.
Desde una perspectiva más general, el juez también se refirió a cómo el sistema judicial actúa en función de quién está del otro lado, con una mirada de clase: “hay una realidad que tiene que ver con la mayor cantidad de recursos que tiene la persona que es acusada de algo. En segundo lugar, es algo histórico que lo penal es bastante selectivo. En general el derecho penal se dirige -con excepción de los juicios de lesa humanidad, que son un fenómeno aparte- a las clases más vulnerables; y esto es así porque las cárceles están pobladas de pobres. El derecho penal se ha orientado en general a perseguir y castigar a clases sociales más vulnerables”. Cuando le preguntamos si también castiga a las minorías, afirmó: “más que minorías hablaría de sectores vulnerables, estamos hablando de mujeres, niños, personas mayores, y además grupos de personas enfermas; todo grupo vulnerable siempre por definición ha sido el más afectado y perjudicado por aquellas personas que, por su propia ideología, porque es una cuestión ideológica, no han vacilado ni siquiera en mantener los privilegios de los poderosos que no han sido vulnerables. Es una cuestión casi de lógica, eso es lo que hay que romper, yo creo que el desafío hoy es romper con esa lógica perversa que todos conocemos y de la que todos hablamos, pero que muy poco hacemos, especialmente dentro de la propia justicia para que eso termine”.
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