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Juicio CNU: “la metodología fue dejar cadáveres en la calle para generar terror”

Escrito por el octubre 10, 2015


Dialogamos con el fiscal marplatense Daniel Adler, a cargo del Ministerio Público en el juicio contra 11 integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), 10 civiles y 1 militar retirado, acusados de asociación ilícita y homicidios calificados de estudiantes, profesores y profesionales en Mar del Plata. Los delitos juzgados se cometieron en 1975, durante el gobierno de Estela Martínez de Perón. Fue durante la emisión de Oral Y Público. (Por La Retaguardia)

El juicio, que comenzó en junio de este año, tiene como imputados al ex fiscal Gustavo Demarchi, Juan Pedro Asaro, Raúl Arturo Viglizzo, Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel, Raúl Rogelio Moleón, Mario Ernesto Durquet, el militar retirado Fernando Alberto Otero, Roberto Justel, Marcelo Arenaza y José Luis Granel.
“En este juicio no está acusada la Concentración Nacional Universitaria (CNU) sino un sector que nosotros consideramos que se conformó en una asociación ilícita cometiendo varios crímenes en Mar del Plata. Sus miembros están acusados por asociación ilícita, y 6 de ellos por 8 homicidios calificados cometidos en 1975, es decir un año antes del golpe militar. Entre los homicidios calificados, hay uno denominado ‘5×1’, que se lo llama así porque luego del asesinato del jefe de la CNU en Mar del Plata, Ernesto Piantoni (que era abogado de la Policía), asesinaron al día siguiente a 5 personas, la mayor parte de ellos militantes de izquierda (Bernardo Goldenmberg; Jorge Enrique, Jorge Lisandro y Guillermo Videla Yanzi; y Enrique “Pacho” Elizagaray), esto fue en marzo del ’75. Luego en mayo mataron a quien era una de las responsables de la Universidad Católica de Mar del Plata, que era María del Carmen Maggi (decana de la Facultad de Humanidades y secretaria general de la Universidad Católica), una mujer vinculada al Obispo (Eduardo) Pironio, que fue perseguido por este grupo. También se investiga el asesinato de otros 2 militantes, Daniel Gasparri y Jorge Alberto Stoppani, que fueron baleados, inclusive el auto de Gasparri fue quemado con él adentro”, detalló Daniel Adler, en diálogo con Oral y Público.

Terrorismo de Estado antes del Golpe

El fiscal explicó que además de estos homicidios que son los que están siendo juzgados en este contexto, hay otros asesinatos que se están investigando: “tenían la característica de ser extremamente violentos con personas a las cuales se les disparó 20, 25 veces a cada una, los cadáveres fueron dejados en la vía pública, en un contexto en lo que nosotros consideramos que fue Terrorismo de Estado. Nosotros consideramos que en el juicio se está probando la conexión de este grupo con organismos del Estado y la persecución a un sector de la población”.
Adler afirmó que obtener toda la información que permitió llegar a este juicio requirió de un trabajo de mucho esfuerzo investigativo, tanto del Ministerio Público como de los jueces que llevaron adelante los Juicios por la Verdad, celebrados mientras regían las leyes de impunidad, de manera que se establecía qué había sucedido, pero no había sanciones: “estos crímenes comenzaron a investigarse en el marco del Juicio por la Verdad, inclusive a mí me tocó ser fiscal del que se hizo en Mar del Plata, y realmente fue una tarea que se llevó adelante durante mucho tiempo, fue algo que se fue descubriendo. Nadie pensaba sobre la responsabilidad de algunas personas que luego, con la reconstrucción de la historia, se fue viendo y probando a partir inclusive, en algunos casos, de la actuación concreta que existió en causa judicial, porque por ejemplo una de las personas imputadas era ni más ni menos que el primer fiscal federal de Mar del Plata, una persona que sinceramente hasta el momento este por lo menos yo no sospechaba que podía tener vinculación y las pruebas fueron indicando esta situación”.

Imputados civiles

“Este es un juicio que a diferencia de otros juicios, la mayor parte de las personas que están imputadas son civiles, y de allí la dificultad que tuvimos de llegar a juicio. Fue una investigación que prácticamente llevó 9 años, hemos tenido múltiples acusaciones, denuncias en contra de los jueces que intervinieron, de los fiscales, múltiples dificultades para llevar adelante el juicio, pero esperemos poder terminarlo como corresponde”, agregó el fiscal.
Respecto a la metodología que utilizaron los imputados en los asesinatos, Adler especificó: “en estos casos hubo una situación de privación ilegal de la libertad, una situación probablemente realizada por funcionarios públicos o con el asentimiento de ellos, así que estamos en situación de privación ilegal de la libertad y tormentos, y luego asesinatos alevosos, asesinatos realizados prácticamente con protección estatal, y además realmente muy cruentos. A diferencia de lo que se ve en los crímenes de la dictadura en los que la metodología fue la desaparición, acá el cadáver era dejado en la calle con la idea de generar una situación de terror en la población. A diferencia de lo que ocurrió en la dictadura donde había centros clandestinos de detención, en estos casos los asesinatos se producían apenas o prácticamente al poco tiempo de ser las personas privadas de su libertad, al menos en 7 de estos casos, un octavo no está clara la situación, pero al menos en 7 de estos casos la persona era inmediatamente ejecutada”.
En cuanto a las permanentes vinculaciones que se hacen respecto al accionar de este grupo de personas en la CNU con la Triple A, el fiscal aseveró: “creo que puede haber muchas interpretaciones, muchas situaciones, pero lo concreto que nosotros tenemos acá es un grupo de personas que están imputadas a partir de la planificación de una serie indeterminada de delitos, esto es de lo que están acusadas y están acusadas también de haber cometido una serie de asesinatos realmente graves y bien dirigidos a un sector de la población, lo cual genera esta calificación de delitos de lesa humanidad. Yo quiero abstenerme de realizar cualquier tipo de calificación e interpretación, sino atenerme a los hechos objetivos que están surgiendo de las pruebas como para llevar a esta gente a juicio oral”.
Daniel Adler trabaja desde hace 32 años en la justicia marplatente. Se desempeñó como juez y en 2006 ganó por concurso de oposición y antecedentes su actual cargo de fiscal. Prácticamente desde ese momento actúa en juicios de lesa humanidad en Mar del Plata.
Al ser consultado sobre cómo se viven estos procesos de juzgamiento en los habitantes de la localidad balnearia, Adler reflexionó: “estos juicios han atravesado a la sociedad, y han atravesado mucha gente que abre los ojos y mucha gente que los cierra, mucha gente que no quiere enterarse de las cosas que pasaron. A veces es una reacción defensiva de las personas, pero hay algo que es evidente: cuando uno observa los expedientes y ve los cadáveres de gente tan joven, vidas cercenadas, realmente es algo que sensibiliza a cualquiera, lo que pasa es que es un pasado muy duro, son historias muy fuertes. Ha venido a declarar gente que ha tenido su vida destruida desde entonces. En parte los juicios no solamente nos ayudan a recomponer, a encontrarse con una historia, sino que ayuda a todo un tejido social y a un número de víctimas importante, una generación prácticamente, que ha sido víctima de estos crímenes; en ese sentido creo que esta tarea de reconstrucción histórica, de memoria colectiva ayuda a impedir que esto vuelva a suceder, por lo menos uno trabaja con esta esperanza, más allá de la realización de la justicia en los casos siempre uno aspira a que en el futuro estos hechos no se vuelvan a repetir, que la justicia tenga ese sentido de realización hacia un futuro también”.
Este juicio por delitos de lesa humanidad continúa en la etapa de declaraciones testimoniales. Las audiencias se desarrollan en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mar del Plata, integrado por los jueces Víctor Bianco, Elvio Osores Soler, Luis Imas y Alfredo Ruiz Paz.

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