Tribuna popular, otra de las instancias de participación negada a los porteños

A través de una acción legal iniciada por la Red de Interparques y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la justicia ordenó a la Legislatura de la Ciudad por segunda vez que implementara esta facultad ciudadana prevista en la Constitución. En el programa radial La Retaguardia, Jonatan Baldiviezo, a cargo de la organización, explicó de qué se trata y para qué sirve la Tribuna popular. (Por La Retaguardia)

Foto: observatoriociudad.org/

“Es un derecho que tenemos todos los habitantes de Buenos Aires a poder reclamar o peticionar frente a todos los legisladores de la Ciudad constituidos en un cuerpo legislativo en las sesiones. Generalmente rige lo que se conoce como democracia participativa. A partir de la Constitución de 1996, que estableció un eje arquitectónico de la forma de gobierno, se fueron creando distintas instituciones participativas”, contó Baldiviezo y enumeró: “Las audiencias públicas, la posibilidad de participar en los debates en las comisiones cuando se tratan proyectos en la legislatura y la tribuna popular, que es el derecho de poder manifestarnos cada jueves cuando hay sesiones en la legislatura en forma previa a que se inicien. Cualquier habitante podría hacer uso de la voz y plantear propuestas, análisis, llamar la atención sobre temas de importancia o interés de la Ciudad”, señaló.
Según Baldiviezo, ese derecho se incumple hace más de 15 años, pues está reconocido en el reglamento de la Legislatura desde el ’98, “pero hasta ahora no se ejerció ni una vez en ninguno de los gobiernos ni legislaturas que se fueron conformando con los años. Esto muestra que hay una actitud reacia y recelosa a escuchar lo que quieren plantear los ciudadanos”.
Con respecto a la aplicación, Baldiviezo explicó que la normativa no establece cuántas personas podrían intervenir, pero “la justicia plantea que está ese derecho pero que hay que reglamentarlo y que esa reglamentación no puede ser obstáculo para ejercerlo. Hay un paralelismo que se hace, generalmente sucede que los legisladores tienen media hora para hablar antes de que comience el tratamiento de un proyecto en una comisión. Nosotros creemos que se puede aplicar esto analógicamente, dar media hora para que la ciudadanía pueda plantear sus valoraciones, sus propuestas, sus peticiones, en forma previa a que inicie la sesión con todos los legisladores”, propuso. El responsable del Observatorio del Derecho a la Ciudad no cree que sea casualidad que se haya cambiado recientemente el horario de sesión: “Antes era cuatro o cinco de la tarde y eso permitía que muchas personas que salían del trabajo podían ir a ver el debate. Ahora es a la mañana, donde para la mayoría es casi imposible”, aseguró.
“Esta actitud es un rechazo a lo que establece la Constitución sobre que hay que ir más allá de la democracia representativa y hacia una democracia participativa y no sean únicamente legisladores y representantes los que tengan la palabra y las decisiones”, denunció.
Por otra parte, sobre los resultados del cumplimiento de este derecho, Baldiviezo reflexionó: “Tanto en el Congreso como en la Legislatura los debates suelen ser discusiones en base a decisiones ya tomadas. Acá estamos acostumbrados a que cuando hay sesiones y se va a tratar un proyecto es que ya están acordados los votos para sacarlo. No hay ningún proyecto que llegue sin que se tengan los votos. Es decir, no hay instancias de deliberación en el recinto aunque debería ser en ese ámbito. Eso no existe”, aseguró de forma taxativa. “Sí notamos que a medida que se abren más instancias de participación y por más que los legisladores no quieran escuchar pueden ser instancias de presión política y difusión. Eso hace más difícil que las decisiones sean tomadas en forma oculta. Los legisladores no siempre quieren que sean publicitadas sus decisiones, sus argumentos. Hay partidos que votan en forma contraria a sus propios principios”, advirtió. Por otra parte, Baldiviezo rescató que, “si los ciudadanos identifican esas maniobras, se hacen más difíciles estas deliberaciones en base a acuerdos políticos o negociaciones por contratos u otras leyes. En el último tiempo, por ejemplo, cuando se trató la Agencia de Bienes, la gran participación hizo que se modificara mayormente este proyecto. En principio, el órgano iba a tener facultades para vender inmuebles de la Ciudad pero eso logró restringirse y tendrá que pasar por la Legislatura. Si no hubiera habido participación, audiencias públicas, iba a ser mucho más fácil”, explicó para sentar posición sobre la aplicación del derecho a la tribuna popular.
Para Baldiviezo, los partidos mayoritarios no comprenden la profundidad de llevar adelante un gobierno con democracia participativa: “Siguen con la vieja idea de que únicamente toman las decisiones los representantes. La Constitución establece otra forma en la que se consulte constantemente a la ciudadanía y no únicamente para informar o consultar sino para tomar decisiones reales. No puede ser que haya audiencias públicas donde unánimemente se rechazan proyectos de ley y los legisladores vayan luego a votarlos sin ninguna manifestación a favor”, denunció y razonó: “Eso implica que representan otros intereses y no los de la ciudadanía que se expresa. Estas instancias de participación no logran quebrar por sí solas esta democracia débil y diluida pero es una posibilidad más para ir hacia esa democracia participativa un tanto más profunda y más abierta”.
Sobre el recorrido legal que llevó a este nuevo fallo, Baldiviezo explicó que “el año pasado la justicia ya ordenó que se garantizara este derecho. Nosotros fuimos a hacerlo valer en la Legislatura y el vicepresidente no nos dio ningún lugar para hacer ejercicio de la tribuna popular. Acudimos, entonces, nuevamente a la justicia a decir que se estaba incumpliendo una sentencia y eso constituye un delito. Actualmente los funcionarios jerárquicos están cometiendo un delito penal”, aseguró. En esta oportunidad, el juez advirtió que si no cumplen “establecerán sanciones que pueden ser económicas hacia la Legislatura o los funcionarios que se muestren reticentes”. ¿Será la hora de abrir la Tribuna para que no esté más vacía?

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