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Era trabajador precarizado en un call center y lo quieren extraditar a EEUU

Escrito por el junio 10, 2017


Gustavo Hernán Giménez está preso en Ezeiza y podría ser extraditado a los EEUU por una causa armada. Era trabajador de un call center, estaba precarizado con la mitad del sueldo en negro, pasó 9 años ahí y de un día para otro la empresa lo dejó en la calle. Cuatro años más tarde INTERPOL lo fue a buscar a su nuevo empleo acusándolo de los mismos delitos que se le imputan a su patronal. En el Enredando las Mañanas de este jueves hablamos con Noelia Rivera, su pareja, quien está desesperada intentado evitar la extradición y procurando su libertad. (Por RNMA)

Foto: La angustia de Noelia. (Agencia Para la Libertad)

“Mi marido se llama Gustavo Hernán Giménez, tiene 34 años al igual que yo; se encuentra detenido desde el 23 de febrero en Ezeiza”, comenzó contando Noelia Rivera. “Durante 9 años trabajó en un call center que cierra en el año 2013”, explicó. “Él va a trabajar un día como hacía cotidianamente y se encuentra junto con sus compañeros el call center cerrado; la gerente de la empresa, Constanza Cabra, informa que su tío, dueño de la empresa, y su socio, se encontraban detenidos en Miami, entonces la orden era borrar toda la intranet, los correos, quemar todas las documentaciones; los empleados, ante este temor, querían guardarse cosas pero no los dejaron ingresar: ese fue el último contacto que mi marido tuvo laboralmente con la gerenta y con su trabajo, de un día para otro quedó en la calle”, explicó.
La mujer relató que “el call center vendía productos de estética del mercado hispano de EEUU, por ejemplo fajas reductoras, cremas para adelgazar; estaba localizado en Argentina y todo lo que era el armado, la distribución y la entrega de paquetes era en Miami, se encargaban los dueños que son Martín Rioja y Daniel Carrasco, que actualmente se encuentran detenidos desde el año 2013 con una pena de 12 y 10 años respectivamente acusados de conspiración, estafa electrónica, fraude postal y enriquecimiento ilícito”. A ellos “se les inició una causa penal y civil, se les embargaron cuentas en paraísos fiscales, alrededor de 20 propiedades alrededor del mundo, yates, motos de agua, autos de alta gama, era una familia muy enriquecida y poderosa no solamente en EE.UU. sino también aquí en Argentina”.
Luego de que Giménez queda sin trabajo “empezamos a mandar los telegramas a las diferentes direcciones que teníamos, porque también era una empresa inestable en cuanto a su razón social, cambiaba reiteradamente de nombre”, además “él tenía la mitad del sueldo en blanco y la mitad en negro”. Buscaban que se liquide su último sueldo y la indemnización por haberse desempeñado 9 años en esa empresa, pero “todo fue rechazado, así que asumimos que estaba perdido y se puso a buscar trabajo, a los dos meses consigue de telemarketer y estuvo trabajando hasta el 23 de febrero del 2017 en un call center que vende líneas de teléfono e Internet de una misma empresa”. Ese día “llegan siete agentes de INTERPOL y se lo llevan diciendo que tiene un pedido de extradición a Estados Unidos”, relató la mujer. Se lo llevaron a la Alcaidía de General Paz y Madariaga  y luego a Comodoro Py.
“Los cargos que a mi marido se le atribuyen son estafa electrónica, estafa postal y tentativa de asociación delictuosa, que son los mismos cargos que tienen los dueños”, remarcó Noelia Rivera, quien “empeñando hasta lo que no tengo conseguí la posibilidad de abonar un abogado particular, empezamos a leer el expediente y los dueños se presentan como testigos colaboradores de la justicia norteamericana y manifiestan que Lucas Herrero, que era gerente de la empresa, y Gustavo Giménez eran los que se encargaban de manejar el call center aquí en Argentina, motivo por el cual lo acusan de cometer esos delitos y piden la extradición para ser enjuiciados allá; o sea, a mi marido se le atribuye ser un socio gerente de una empresa, con cargos similares a los cuales por los que están detenidos hoy los dueños, cuando era un simple empleado y de eso están todas las pruebas”. También explicó que “en Estados Unidos está la institución de la ´delación premiada´, que es algo parecido a lo que se está discutiendo hoy acá del ´testigo colaborador´, significa que a cambio de aportar alguna información que sea relevante o importante para la causa se pueden obtener beneficios generalmente en términos de reducción de pena; es muy probable que tenga que ver con esto”. Sin embargo, relató, “eso es inconstitucional, porque en la delación premiada no se puede delatar a un inferior, siempre tiene que ser a alguien jerárquicamente por encima, que es lo que nuestros abogados van a exponer el día del juicio por extradición, para el que todavía no tenemos fecha”.
La compañera de Giménez aseguró que él “ni siquiera tenía contacto directo con los dueños, siempre era a través de la gerencia de la empresa”.
En relación a la esfera judicial, dijo que “se presupuso que por algún motivo la embajada estaba presionando bastante, en dos o tres días se abrió el proceso penal que suele tardar varios meses y ahí se frenó” y resaltó que “estamos esperando que el Juzgado Federal ponga fecha para el juicio de extradición porque mientras tanto mi marido sigue detenido; no le han dado la excarcelación por un error burocrático administrativo, por una mala elevación que se hizo desde el juzgado federal diciendo que hay peligro de fuga”. Agregó también que “no hay un argumento sólido de por qué no corresponde llevar esto a Corte Suprema y se entregó el día lunes nuevamente el recurso de queja para que lo vuelva a rever Casación a ver si nos autoriza que la Corte Suprema vea el tema de la excarcelación porque mientras se definen fechas él sigue detenido”.
Gustavo Giménez lleva más de tres meses detenido. “Él está muy angustiado, nunca tuvo antecedentes, no tuvo ninguna conducta inapropiada a lo largo de su vida”, remarcó Rivera: “hace 18 años que estamos en pareja, tenemos un nene de 5 años, tenemos referentes de nuestros trabajos, de la gente que hoy nos está apoyando”.
Además tiene todas las pruebas, recibos de sueldo, altas de AFIP y demás donde consta “el nombre de la apoderada que además no figura en ningún lado del expediente cuando es la sobrina del dueño que está detenido, no sabemos si hubo un blindaje en esta negociación por nombrar a otra persona y ponen a mi marido en ese lugar, hay como muchos grises”.
“Lo que no quiero es que lo manden a Estados Unidos porque no tengo posibilidad de ir allá”, remarcó la mujer, que obviamente además de no tener visa (contó que hace pocos días se hizo el pasaporte “por las dudas”) no tiene recursos económicos para viajar ni alojarse en ese país. Ha hecho de todo para impedirlo “desde juntar firmas hasta pasearme por todos los medios, a llamar a quien no conozco, a pensar de ir a encadenarme a Comodoro Py, desde la desesperación”.
Noelia Rivera finalizó diciendo: “soy una persona laburante que me levanto a las 6 de la mañana y vuelvo a las 11 de la noche, trabajo en la promoción de derechos del niño hace 9 años, soy una persona de bien, soy psicóloga, me dedico a la ayuda del otro y ahora me encuentro en este estado de desamparo, donde los únicos que me acompañan son ustedes, que me brindan este espacio, porque la justicia no da respuesta a nada: es un caso más y yo soy la mujer del preso”.

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