“No encontraremos ningún rastro de genocidio en la versión de La Nueva Provincia”

Lo denunció en su alegato el fiscal Miguel Palazzani. Fue en el contexto del juicio de lesa humanidad más grande de Buenos Aires en Bahía Blanca, con 37 acusados, y el medio referenciado es el diario más importante de la ciudad. El otro fiscal es José Nebbia. Palazzani, que hoy dirige la PROCUVIN, dialogó con Fernando Tebele en el programa Oral y Público, que cubre los juicios a los genocidas en todo el país.(Por La Retaguardia)

Foto. andaragencia.org

Miguel Palazzani está a cargo también de la Procuraduría de Violencia Institucional junto a Felix Crous. En su alegato hizo referencia directa al accionar del diario local La Nueva Provincia, propiedad de la familia Massot: “La conducta del medio, lejos de ser el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, fue un acto perfectamente proyectado junto con los altos mandos militares y que era esencial e indispensable para el plan criminal. Lo definimos como un caso de acción psicológica que no sólo formó parte sino que fue un elemento esencial sin el cual no pudo haberse llevado a cabo el genocidio tal como se hizo aquí y en la región. Con ese grado de profundidad y encubrimiento. Se trata de un plano del objeto procesal que también debe ser valorado y sobre el cual debe explayarse la sentencia como acto jurisdiccional que busca reparar a las víctimas y sus familiares en este largo camino de reconstrucción de la memoria. La realidad y la historia del período en que ocurrieron los hechos juzgados fue escrita por La Nueva Provincia, y en esa versión diagramada día a día no encontraremos ningún rastro de genocidio, de plan sistemático, de terrorismo de Estado ni nada que se le parezca por el encubrimiento mediático y la acción psicológica que fue llevada a cabo. Las víctimas de este juicio no sólo fueron llevadas a centros de tortura, fusiladas y desaparecidas, también han sido desaparecidas sus identidades. Y reemplazadas por la imagen del delincuente terrorista que aún hoy encontramos en las páginas del diario con sólo una visita a la hemeroteca de la principal biblioteca de la ciudad, que es la única colección completa que se puede encontrar. La otra está en la Unidad Fiscal de lesa humanidad que titularizamos. Gran parte de las operaciones de acción psicológica sobre este grupo de víctimas fueron analizadas en este Tribunal en otra causa, lo que permitió que se elevaran actuaciones al juzgado federal. Esta práctica alcanzó grados de perversión inusitados en el caso de Fernando Jara: el mismo día de su asesinato La Nueva Provincia publicó un artículo donde se lo señalaba con nombre y apellido como integrante de un grupo de delincuentes subversivos bajo el título ‘no eludirán la justicia del hombre y de dios'”, dijo Palazzani en su alegato junto al fiscal Nebbia. El alegato siguió la línea de los tramos anteriores de esta megacausa y también del que dio la fiscal Mercedes Soiza Reilly en el actual tramo de la megacausa ESMA, donde también solicitó reparaciones de parte de los medios tradicionales de comunicación.

La reparación no es única

“En la primera sentencia ocurrida en Bahía Blanca por delitos de lesa humanidad, en el juicio de Armada que terminó el año pasado, se hizo lugar a un derecho a réplica colectivo como medida reparatoria. Una vez que la sentencia quedara firme, entonces, La Nueva Provincia estaba obligada a publicar el desagravio en sus páginas porque la cobertura es nula. Además tanto a la Universidad Nacional del Sur como la del Comahue y la municipalidad, también el Tribunal les indicó medidas de reparación simbólica como colocación de baldosas”, recordó Palazzani. “En las Universidades, actividades académicas. Hemos seguido la línea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos van en ese sentido. Estos juicios también tienen esa dimensión: la posibilidad de la reparación simbólica”, consideró el fiscal.
Sin embargo, Palazzani también se pronunció sobre las altas penas que pidieron en el juicio en curso: “Se pidieron 25 perpetuas porque los imputados, en su mayoría, tenían posiciones de mando o probamos que habían actuado por mano propia. En la mayoría de los casos había desapariciones o asesinatos, y esa es la pena que prevé el Código Penal. El veredicto puede llegar a estar antes de la feria judicial para luego conocer los fundamentos. Hay varias defensas, son muchos imputados. Sólo el 25 % de las sentencias del país han quedado firmes. Duermen bastante las sentencias”, señaló.
Por último, en relación a su rol en PROCUVIN, y a similitudes en el trato que recibieron los secuestrados durante el Terrorismo de Estado y el que hoy reciben los presos, observó: “La cárcel es el lugar donde más se violan los derechos humanos. Cuando uno se hace la composición de lo que declaran las víctimas y el sufrimiento, hay lugares en el sistema federal donde las condiciones son infrahumanas”, concluyó.

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