8 ene 2021



En diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, Patricia Pines docente e integrante del colectivo Vacantes para Todes, expresó su preocupación por un fallo judicial que atenta contra el acceso a las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, y que agravaba aún más la falta de vacantes que se viene sucediendo en el último tiempo. Un revés judicial abre una luz de esperanza. (Por La Retaguardia)


✍️ Redacción: Nicolás Rosales
💻 Edición: Pedro Ramírez Otero
📷 Foto de portada: Tiempo Argentino


A finales de diciembre del 2020, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) falló contra las familias que reclaman una vacante para sus hijos e hijas en las escuelas públicas. Además, había declarado inconstitucional que se exija a las autoridades porteñas la obligatoriedad de las vacantes y  determinaron que solo debían hacer el reclamo por la vía judicial aquellas personas que no puedan abonar la matrícula en la educación privada. Un pequeño giro en la justicia podría revertir la situación.

Una luz de esperanza

Al cierre de esta nota, el colectivo Vacantes para Todes sacó un comunicado donde se expresa con esperanza: 

“En un fallo con perspectiva de género el Dr. Darío Reynoso, Juez a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de C.A.B:A. Nº 24 secretaría 47 reconoció y protegió los derechos de una mamá a cargo de manera exclusiva de su hijo. Hizo una combinación de artículos de los Tratados Internacionales incorporados en la Constitución Nacional a fin de hacer reales, es decir, operativos los derechos humanos y sociales para esta mamá y su niño. También tuvo presente el artículo 24 de la Constitución de C.A.B.A. en cuanto a la perspectiva de género. El fallo describe la vida de una mamá sola y pone en evidencia la discriminación, el trato desigual a la hora de salir a trabajar, la dificultad de acceder de manera igualitaria a la oportunidades y el distinto trato que genera el estar a cargo exclusivamente de un hijo. Demuestra que se combinan todas variables insalvables para redundar en pobreza y exclusión de la mujer de ámbitos vitales y productivos”. 

Por otro lado, aclaran: “Se aplicó conjuntamente la Convención de Derechos del Niño/a y Adolescente y la Convención Contra toda forma de Discriminación hacia la Mujer. Como resultado se cumple el sueño de acceder a una vacante”. 

Mencionan que el Estado es responsable de asistir a las familias en cuanto a políticas públicas que aseguren poder criar, escolarizar, construir aulas, formar docentes con sueldos acordes a la importante tarea de educar, y del diseño de políticas públicas que favorezcan a la mujer.Y finalizan: “Esto permite vislumbrar una legítima demanda de la justicia a Horacio Rodríguez Larreta, el principal responsable de que estos derechos se vean vulnerados sistemáticamente y desde hace años en su gestión a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

Otra vez sopa: cada vez más, menos vacantes

“Vacantes para Todes en las escuelas públicas es un colectivo de familias, docentes, miembros de distintas agrupaciones, personas independientes, que desde hace siete años viene luchando por la construcción de escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, y denunciando que la situación de las familias que quedan en lista de espera cada año se va agravando”, comenzó explicando Patricia Pines, integrante del colectivo Vacantes para Todes. 

“Es cada vez mayor el número de familias afectadas. En 2013, cuando se implementó el sistema de inscripción online en la Ciudad, era ministro Esteban Bullrich y reconocía entre 7 mil y 9 mil niños, niñas y jóvenes que quedaban fuera del sistema educativo. Y ya para el 2020, si bien el Ministerio de Educación de la Ciudad se niega sistemáticamente desde el 2016 a entregar cifras concretas del resultado de las inscripciones, pudimos acceder a ellas y constatar que son alrededor de 15 mil niños, niñas que se inscribieron y quedaron en lista de espera. Y otros 15 mil más asisten a los Centros de Primera Infancia (CPI). Que no son escuelas, porque no dependen del Ministerio de Educación, dependen del Ministerio de Desarrollo Social”, detalló.

La justicia

“Hasta ahora el colectivo venía haciendo amparos gratuitos para las familias con un conjunto de abogados y abogadas que dentro de todo era el único ámbito, en el poder judicial, donde encontraban las familias afectadas algún tipo de respuesta favorable. Dado que hemos ido numerosas veces a la Legislatura, se presentaron distintos proyectos de construcción de escuelas que nunca se trataron, que no recibieron adhesiones de ningún otro bloque más que del Frente de Izquierda que fueron quienes lo presentaron consecutivamente todos los años. Sabemos también que el Ministerio de Educación viene subejecutando partidas para infraestructura escolar hace años y el presupuesto educativo, incluso para este año (2020), es uno de los más bajos de la historia. En el poder legislativo y ejecutivo, no hay ningún tipo de respuesta favorable para esta problemática. Nosotros habíamos llevado más de 700 amparos dentro del colectivo, más todos los que se hacen por fuera de él, de familias que vienen reclamando en los últimos años”, aclaró la integrante de Vacantes para Todes.

Certificado de pobreza, ¿será obligatorio?

“Ahora el Tribunal Superior de Justicia dictaminó que las familias ya no van a tener este derecho de poder reclamar por algo constitucional vulnerado de sus hijos e hijas por no poder acceder a la escuela pública. Y solo podrán hacerlo aquellas familias que demuestren, suponemos a través de ANSES, un certificado de pobreza. Este fallo, además de ser escandaloso y aberrante, atenta básicamente a la pluralidad de las escuelas públicas que conocemos desde su formación. Si hay que caracterizar a las escuelas públicas es por la heterogeneidad de los grupos, las clases sociales que asisten a las escuelas. Las familias más vulnerables y sus hijes pueden vincularse con familias trabajadoras, con familias más pudientes. La escuela pública iguala en ese sentido, e incluye a todas las personas independientemente de sus orígenes, prácticas religiosas, nacionalidad, condiciones económicas, culturales o de otra índole”, planteó.

Por último, Pines aseveró: “Esto es sumamente alarmante, esperamos que se retracte, y desde el colectivo estamos sumando adhesiones a este repudio que consideramos tiene que ser generalizado”.  Se espera que, ante el nuevo fallo, esto se revierta. Cuestión que aún está por verse.


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