Nuevo pedido en la Casa Rosada por la apertura de archivos

La carta insta a Fernández a que, en su carácter de Presidente y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, “disponga la apertura de los archivos del terrorismo de Estado, tanto del período 1974/75 como de la dictadura cívico-militar 1976/1983”. 

El mes pasado, mencionan también en el comunicado, hubo una reunión en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) e integrantes del Encuentro Militante Cachito Fukman . En esa oportunidad, Cristina Caamaño, actual interventora del centro de espionaje oficial, recibió a Carlos Sueco Lordkipanidse y a Carlos Loza. Ellos expusieron que “la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) tuvo un rol importante a la hora de recabar información para los secuestros de personas y funcionó como aglutinador con los servicios de inteligencia de las distintas fuerzas”. En ese sentido, le hicieron saber a Caamaño que “la actual AFI debe tener, en sus fondos, documentos producidos por la entonces SIDE, incluyendo los envíos de información de los demás elementos que conformaron esa ‘comunidad informativa’ al servicio de la represión”.

En el cierre de la solicitud, se expresa la responsabilidad del Estado en seguir permitiendo que los genocidas y sus cómplices permanezcan impunes, y las trabas que significa la no apertura de archivos en la búsqueda de nietos y nietas apropiadas, y en saber qué sucedió con las 30 mil personas desaparecidas. “Cada día que pasa sin que el Estado salde la deuda que tiene en materia de apertura de archivos y sin que implemente políticas archivísticas serias, planificadas, que garanticen la preservación y el acceso a esos archivos de forma integral; es un día más que el Estado continúa perpetuando la impunidad y atentando contra el reclamo de memoria, verdad y justicia. Pasaron 45 años del golpe genocida y se cumplieron 37 años del retorno de la democracia. Los años pasan, los genocidas mueren impunes; madres y familiares fallecen sin saber qué pasó con sus seres queridos desaparecidos; cientos/as de jóvenes que nacieron durante el cautiverio de sus madres continúan apropiados/as, con su identidad sustituida, mientras sus abuelas, sus hermanos/as, nosotros/as los seguimos esperando”, cierran.

Buenos Aires,  16 de junio de 2021

Al Presidente de la República Argentina Dr. Alberto Fernández

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. a efectos de solicitar se nos brinde una respuesta ante la solicitud iniciada el 3 de diciembre de 2020 y reiterada el pasado 4 de febrero, relativa al pedido de adopción de las medidas necesarias para la apertura de los archivos de la represión genocida.

Al respecto, recordamos que:

El 3 de diciembre pasado presentamos a Ud. un petitorio con miles de firmas solicitando la urgente apertura de la totalidad de los archivos de la dictadura, tanto en virtud de los compromisos asumidos por el Estado para la investigación de los crímenes de lesa humanidad, como en sus atribuciones específicas en su carácter de Comandante en Jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación;

Dicha presentación dio origen al Expediente Electrónico N° EX-2020-84314346- -APN-CGD#SGP, en el marco de la ley de derecho de acceso a la información pública Nº 27.275; por el cual el 29 de diciembre recibimos una nota de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; en la que se nos sugería remitirnos al Archivo Nacional de la Memoria. Vale destacar que la mayoría de la documentación que allí se encuentra y se puso a nuestra disposición, fue el fondo CONADEP. Dicha documentación no sólo es de público conocimiento y de vieja data, sino que además está compuesta mayoritariamente por información que hemos aportado los familiares y sobrevivientes al brindar testimonio dentro y fuera del país; siendo éste el insumo básico de acercamiento a la verdad, como ya advertía el mismo informe de la CoNaDeP. 

Conforme lo descripto en el punto anterior, resulta evidente que la nota recibida no dio respuesta al pedido realizado en diciembre de apertura de los archivos; y tampoco se hizo eco de la apelación a las atribuciones que nuestra Constitución le confiere a Ud. como Comandante en Jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación;

Por esas razones, el 4 de febrero nos dirigimos a Ud. reiterando por nota nuestro pedido de que “disponga la apertura de los archivos del terrorismo de Estado, tanto del período 1974/75 como de la dictadura cívico-militar 1976/1983”. En dicha presentación reiteramos que “en su carácter de Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las FFAA, Ud. tiene la facultad de ordenarle formalmente a dichas fuerzas y a todos los organismos de inteligencia que (…) pongan a disposición (…) los archivos”

Hasta el día de la fecha, habiendo transcurrido cuatro meses de esa presentación continuamos a la espera de una respuesta;

En este contexto fue que, a comienzos del mes de mayo, se nos citó a una entrevista en la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SI-SIDE). 

En esa oportunidad, con fecha del 6 de mayo, hicimos un pedido formal ante AFI para que, en el marco de la ley 27.275 de acceso a la información pública,  se nos brindara información acerca de los fondos documentales que se encuentran en poder del organismo y que guarden relación con la planificación y ejecución del plan genocida; a sabiendas de que la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) tuvo un rol importante a la hora de recabar información para los secuestros de personas y funcionó como aglutinador con los servicios de inteligencia de las distintas fuerzas. En esa presentación, señalamos que la masa de información que las áreas de inteligencia plasmaron en distintos documentos que circulaban por la “comunidad informativa” era de vital importancia para la ejecución del plan de exterminio; mencionamos el tipo de documentación de la que tuvimos conocimiento y destacamos que por las misiones y funciones de la SIDE, la actual AFI debe tener, en sus fondos, documentos producidos por la entonces SIDE, incluyendo los envíos de información de los demás elementos que conformaron esa “comunidad informativa” al servicio de la represión. Adjuntamos a la presente  copia de la nota recibida por la Agencia Federal de Inteligencia.

Pese a haberse excedido ya, en ambos casos, el plazo de 15 días hábiles establecido por el artículo 11 de la ley 27.275 de derecho de acceso a la información pública, continuamos sin tener respuesta a ninguno de los dos pedidos realizados.

En virtud de ello, es que solicitamos:

1 – Se nos informe si ya fue realizado un relevamiento de los archivos en la totalidad de las locaciones bajo jurisdicción tanto de las Fuerzas Armadas como de las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad de Nación, en particular sobre las áreas de inteligencia. En caso de que la respuesta sea afirmativa, solicitamos se nos entregue copia de los informes producidos en dichos relevamientos.

2 – Se nos informe acerca de aquella documentación relacionada con el accionar de la comunidad informativa, particularmente en relación a las tareas de inteligencia naval, inteligencia del ejercito e inteligencia aeronáutica; y referida a detenciones, seguimientos o “blancos” de detenciones, centros de detención, niños y niñas nacidas en cautiverio y sus destinos.

3 – Se nos informe si ya fueron realizadas las tareas de identificación, clasificación y descripción de los fondos documentales de las Fuerzas Armadas. En caso de que sí haya sido realizada esa tarea, solicitamos se nos remita copia del cuadro de clasificación de cada uno de los fondos identificados, así como de los inventarios y todos aquellos instrumentos de descripción que se hayan confeccionado para garantizar las posibilidades de recuperar información en contexto de esos documentos.

4- Se nos envíen copias de los informes producidos por la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de la Defensa como respuesta a las solicitudes de información del Poder Judicial en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad; así como una copia de los inventarios de la documentación relevada para la realización de los mismos. Asimismo, se nos informe sobre los resultados arrojados por los relevamientos realizados sobre los fondos documentales del período pertenecientes a fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Cada día que pasa sin que el Estado salde la deuda que tiene en materia de apertura de archivos y sin que implemente políticas archivísticas serias, planificadas,  que garanticen la preservación y el acceso a esos archivos de forma integral; es un día más que el Estado continúa perpetuando la impunidad y atentando contra el reclamo de memoria, verdad y justicia. Pasaron 45 años del golpe genocida y se cumplieron 37 años del retorno de la democracia. Los años pasan, los genocidas mueren impunes; madres y familiares fallecen sin saber qué pasó con sus seres queridos desaparecidos; cientos/as de jóvenes que nacieron durante el cautiverio de sus madres continúan apropiados/as, con su identidad sustituida, mientras sus abuelas, sus hermanos/as, nosotros/as los seguimos esperando.

Quedamos a la espera de una respuesta favorable.

Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente.