14 sept. 2012

Fiscal Abel Córdoba 

(Por Oral Y Público) Catorce genocidas fueron sentenciados a cadena perpetua, uno a dieciocho años de prisión, y dos a diecisiete años y seis meses de prisión, por delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de detención y exterminio durante la última dictadura cívico-militar. Además, el Tribunal Oral Federal subrogante de esa localidad bonaerense pidió que se investiguen las actuaciones durante aquellos años de la Iglesia, en la persona del capellán ante el Ejército Aldo Vara, y del diario local “La Nueva Provincia”. En el marco del programa “Oral y Público”, escuchamos el análisis pormenorizado del veredicto a cargo del fiscal Abel Córdoba, y las sensaciones de Anahí Junquera de HIJOS.




“Fue un veredicto ejemplar, una sentencia ejemplificadora, que sentará un precedente para las próximas sentencias. Esperábamos buenas condenas pero esto fue excepcional, altamente gratificante”, afirmó Anahí Junquera, integrante de HIJOS. Ella es hija de María Eugenia González y Néstor Oscar Junquera, secuestrados en noviembre de 1976 en su vivienda de Bahía Blanca. Ambos estuvieron en el Centro Clandestino La Escuelita.

Sobre la importancia de este veredicto también habló el fiscal del juicio, Abel Córdoba. Por un lado, destacó que el tribunal respondió a las catorce penas de prisión perpetua solicitadas por la fiscalía en su alegato. En cuanto a los pedidos de pena divisibles, es decir, por año, Córdoba manifestó: “si bien bajaron un poco los máximos que habíamos pedido se trata igualmente de penas muy altas, con lo cual en la sentencia, que creo es la más abarcativa en cuanto al mayor número de condenas a prisión perpetua, se empieza a reconocer la entidad de los hechos como los más graves del orden jurídico, es algo muy importante que desde lo discursivo ya estaba, pero que un tribunal resuelva aplicar estas penas es todo un avance”.


Osvaldo Bernardino Páez, Hugo Jorge Delme, Juan Manuel Bayón, Mario Carlos Antonio Méndez, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Jorge Aníbal Masson, Hugo Carlos Fantoni, Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Condal, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Héctor Arturo Gonçalves, Vicente Antonio Forchetti y Héctor Jorge Abelleira fueron los represores que recibieron prisión perpetua; en tanto, Reynaldo Miraglia y Héctor Selaya fueron condenados a diecisiete años y seis meses; y Carlos Contreras, a dieciocho años.
Pero este veredicto fue especial o distinto si se quiere porque incluyó el pedido de investigación de las actuaciones durante la última dictadura del sacerdote Aldo Vara, capellán de la Iglesia Católica ante el Ejército, y de los directivos del diario local La Nueva Provincia: “Vara estaba mencionado en la causa desde los inicios, - explicó Córdoba - hubo un intento en su momento de avanzar en la imputación sobre él que fue trabado por el juez retirado (Alcindo) Álvarez Canale, y luego en este juicio oral se produjo nueva prueba que aclaró más el rol que ha tenido esta persona. Fue vista durante el cautiverio de algunas víctimas, con lo cual a partir de ahora lo que hace el tribunal es indicar que la condición de testigo no es viable a su entender y remite las acciones a primera instancia donde analizaremos formular la imputación respectiva. Se trata de una señal muy fuerte hacia la responsabilidad de este y otros eclesiásticos en los hechos. Hasta el momento, se lo intentó ubicar y no ha sido hallado, por eso en algunos medios incluso se está indicando que hay una cobertura institucional por parte de la iglesia que será investigado ahora”.
En relación al rol de La Nueva Provincia, el tribunal ha detectado, a lo largo del debate, a partir de la documentación agregada, de los testimonios y de las valoraciones efectuadas en el alegato de la fiscalía (que de hecho comenzó justamente con una cita de un editorial del diario) un aporte de la empresa periodística hacia los hechos, sobre todo en el aspecto de la acción psicológica sobre la sociedad: “en este sentido, el tribunal lo que hace es detectar que es posible que allí haya una hipótesis de delito, una acción criminal de los responsables de esa empresa, y ordena remitir las actuaciones a primera instancia. Yo creo que allí radica lo que es calificado como una sentencia muy valiente, porque no ha dejado pasar ese aspecto, por el contrario no es solo una remisión de copia sino que es una indicación del camino a seguir de acá en más en este aspecto. Una vez que el tribunal remita estas copias, veremos en primera instancia si la hipótesis de fiscalía sigue siendo la que indica una acción que es punible, delictiva. Es una consecuencia clara de lo que ha sido el juicio y lo que han sido las valoraciones de lo que ha pasado. Era algo que veíamos como posible que pasara”, detalló el fiscal Córdoba.
Para él, además, la sentencia efectuada por los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava avanza en diferentes aspectos que deben destacarse. Por ejemplo, las penas a perpetua para jefes de operaciones, jefes de personal, integrantes de las cadenas de inteligencia del V Cuerpo del Ejército, grupos de tareas de la Policía Federal, jefes de la unidad carcelaria Nº 4, lo que implica, en palabras del fiscal, el quiebre de la impunidad en Bahía Blanca.
El fallo también pide que los condenados sean retirados de las fuerzas armadas: “la degradación, el apartamiento de las fuerzas es un gesto hacia lo que es una reparación de la institucionalidad democrática. Es decir, no solo hay una sanción en términos criminales de un tribunal, sino también dentro de la institución, que es por demás saludable”, explicó Córdoba.
A su vez, el veredicto revocó todos los beneficios de excarcelaciones y prisiones domiciliarias que contaban los acusados, ahora condenados. Así lo detalló el fiscal: “el tribunal anterior, que intervino en la primera etapa de la causa y que tuvo la responsabilidad de la demora de este juzgamiento, había resuelto excarcelar a la gran mayoría de los acusados, incluso algunos que tenían antecedentes de fuga, y uno de los cuales efectivamente se fugó, como el caso de Miguel Ángel García Moreno. Lo que hizo este tribunal fue detenerlos para realizar el juicio pero sin revocar las excarcelaciones sino como una medida procesal para permitir y asegurar la realización del juicio. (Al finalizar el juicio) el tribunal tenía que decidir qué hacía con los acusados, si los mantenía en prisión para lo que había que recovar las excarcelaciones y detenciones domiciliarias o si volvía a regir esa situación. Obviamente que compartimos la decisión del tribunal, es inaceptable que un tribunal luego de condenar a estas penas permita la libertad de una persona. Más allá de las consideraciones que merece el principio de inocencia, la cuestión es que el peligro de fuga es mucho mayor”.
En cuanto a las distintas tramitaciones, tensiones y obstáculos que se han vivido a lo largo de todo este proceso, Córdoba destacó que se hayan podido superar cada una de ellas, lo que ha sido beneficioso no solo para esta causa en particular, sino también para la conformación del Poder Judicial: “como en este caso, por ejemplo, hemos tardado en llegar pero finalmente quien juzga es un tribunal imparcial que los propios imputados han reconocido en sus últimas palabras que no podrían objetarle nada”.
Al respecto, Anahí Junquera aclaró: “tenemos que decir que estas condenas son ejemplares porque los jueces no son de Bahía Blanca, ya que si lo fueran no tendríamos estas condenas. Es importante recalcarlo en una sociedad tan conservadora y con tanta connivencia de los sectores civiles, como el poder judicial u otros empresarios, que tuvieron que venir jueces de afuera para conformar un tribunal y darnos una sentencia superadora en todos los sentidos, abrió nuevas puertas para seguir investigando. Puso en tapete a La Nueva Provincia, que nosotros venimos diciendo desde siempre que son partícipes de la represión, y los jueces lo pusieron en evidencia, los pusieron a investigar, a instrucción. También nos pareció muy valioso que investiguen al Padre Vara, todos nosotros sabemos quién es pero en la sociedad se disfrazan en estas investiduras eclesiásticas. Tiene un simbolismo muy grande esta sentencia, ya que no solamente fueron militares, sino que también hubo partícipes o al menos cómplices civiles, personas de la Iglesia Católica”.
Abel Córdoba agregó en este sentido que son procesos de justicia irrepetibles: “me considero con la suerte de poder hacer un aporte en este momento histórico, luego de que tantas personas que han hecho esfuerzos enormes no han coincidido con la posibilidad jurídica de hacerlo, queda también una satisfacción personal muy fuerte, un esfuerzo muy grande, un compromiso que he sostenido y al mismo tiempo está la conciencia continua de que hay un aprendizaje de cuestiones más allá de lo jurídico, lo noto también en otros fiscales que trabajan en estas causas, lo que hay es un cambio de la concepción de cuál es el rol que los funcionarios públicos tenemos que tener en un proceso penal, cuál es la consideración sobre las víctimas y cuál es nuestra propia entrega que tenemos que hacer hacia esto que se podría llamar ´servicio de justicia´, pero que es poner la función pública en función de las causas más graves que están ocurriendo”.
Finalmente, Anahí manifestó que el día del veredicto se sintieron muy acompañados por la militancia y la juventud, ya que ven en la lucha de cada uno de ellos a sus viejos: “a ellos los mataron por ser personas militantes, que buscaban una justicia social, por eso nos rodeamos de estos jóvenes que militan porque en la fuerza de ellos está la continuidad de la lucha de nuestros viejos. También estuvieron presentes todos los referentes de derechos humanos que tenemos en Bahía Blanca; ellos fueron los que comenzaron la apertura de la investigación cuando se abrieron las causas”.
Anahí definió la jornada en que se conoció la sentencia como un claro día de justicia: “Para mí es como que toda la historia se vino encima. Mis abuelos no están como tantos otros padres de víctimas, ellos no lo pudieron ver, pero están nuestros hijos y ellos sí lo pueden ver, entonces compensa un poco. Estamos en un proceso, esto quiere decir que los juicios por delitos de lesa humanidad en algún momento tienen que terminar, es decir, el poder judicial le tiene que dar celeridad, no podemos estar en el año 2060 todavía condenando crímenes de la Triple A, porque en realidad la reparación tiene que ser verdadera y no histórica”.



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