18 feb. 2013

Foto: jujuyalmomento.com 
(Por La Retaguardia) En el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy están acusados el interventor militar del Servicio Penitenciario de la provincia, Antonio Vargas, y los dos integrantes del grupo de tareas conocido como Grupo Adelantado de Inteligencia de Jujuy, que dependía del Destacamento de Inteligencia 143 de Salta, Mariano Rafael Braga y José Eduardo Bulgheroni. Se los juzga por más de cuarenta hechos que incluyen privaciones ilegítimas de la libertad, homicidios, tormentos, y violación de domicilio. Dialogamos con el fiscal de la causa, Pablo Pelazzo, quien adelantó que en su alegato pedirá las penas máximas contempladas en el Código para cada delito. Además, se refirió a las dificultades que existen en Jujuy para llevar adelante los juicios por delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar.
Esta etapa final del juicio comienza hoy.

Jujuy es una de las provincias donde se ven con mayor claridad las dificultades para juzgar los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. La connivencia judicial ayudó a la fragmentación y al escaso avance de la investigación de los distintos casos. Recién en julio de 2012 comenzó el primer juicio por lesa humanidad, que mañana llega a la etapa de alegatos.
“El alegato se va a acotar solamente al trato que recibieron los detenidos de la causa Aredez. Se va a hacer alusión a la situación de detención de (Luis) Aredez y del grupo de víctimas que conforman esa causa y cómo fueron trasladadas a la Unidad 9 de La Plata. Es solo ese período, porque los imputados y los hechos por los que fue elevada la causa se acotan a ese momento”, explicó el fiscal Pablo Pelazzo en diálogo con Oral y Público.
“Lo que pasó es que de una cantidad bastante importante de imputaciones – continuó –, el juez de instrucción no citó a todas las personas que habían sido imputadas por la fiscalía, con lo cual hubo un rechazo sistemático de los pedidos de detenciones e indagatorias y eso es lo que hace que hoy en Jujuy tengamos un juicio con cinco causas donde hay un montón de hechos, casi cincuenta, y estemos solo juzgando a tres personas. Este fue justamente el motivo por el cual Jujuy había sido noticia en cuanto a la resistencia de la impunidad. Por dar un ejemplo, en la causa Álvarez García en el año 2008 la fiscalía había pedido la indagatoria de diecisiete personas y el juez citó solamente a dos. En otra de las causas, se había pedido a treinta y cinco personas y el juez citó a declarar a nueve, y en muchos casos después se dictó falta de mérito. Esas citaciones fueron fragmentadas, se dieron bastante distantes unas de otras en el tiempo. Cualquier juicio trata de reflejar lo que pasó en la realidad de los hechos que se investigan; la realidad es que hubo un aparato represivo sistemático que actuó en conjunto y acá se citaba gente un año, al año a otra, algún militar, después a alguno del servicio penitenciario. No siguieron criterios de acumulación y celeridad de las causas que permitan llegar a juicios con todos los imputados. Todo esto produjo el atraso en las causas de Jujuy”.
Sobre las dificultades que conlleva la fragmentación de las causas, Pelazzo agregó: “si se hace un solo juicio con varios imputados, los testigos declaran una sola vez y no se someten a la revictimización que implica estar declarando en distintos momentos. El juicio trata de reproducir lo más cercano a la realidad, cómo sucedieron los hechos, entonces una audiencia donde están todos los imputados y donde el testigo se puede referir a la totalidad de ellos, y que las partes puedan preguntar por todos los imputados permite que el juicio sea más completo. El hecho de que no estén ahora, por ejemplo, Blaquier y Lemos en esta parte de Aredez o los responsables militares, nos impide a nosotros preguntar por la parte de los hechos que los involucra, porque no están ellos para ejercer su derecho a defensa. Eso hace más complicado el trabajo, lo que puede tener un efecto negativo en relación a la prueba. La fragmentación de los juicios es un efecto bastante negativo en general”.
Cuando el fiscal menciona a Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos se refiere al dueño y al administrador general de la empresa Ledesma, respectivamente. Ambos son investigados  como partícipes primario y secundario por el delito de privación ilegítima de la libertad de veintinueve personas durante la llamada Noche del Apagón (que en realidad fueron varias noches), un hecho que no está siendo juzgado en este juicio, sino que fue recientemente elevado al tribunal oral. “La situación es bastante compleja de entender justamente por la fragmentación que tiene la causa. Hay una parte de Aredez que está en juicio casi para sentencia y otra que está en instrucción. La otra causa es Burgos. En las causas Aredez segunda parte y Burgos se investiga la responsabilidad de, entre otras personas, Blaquier y Lemos”, aclaró Pelazzo.
Actualmente Blaquier y Lemos están procesados. Según explicó el fiscal en diálogo con Oral y Público, este procesamiento fue apelado tanto por la defensa como por la querella y la fiscalía y deberá ser resuelta próximamente por la Cámara de Apelaciónes de Salta.
Los intentos de demorar el avance de la justicia también se dan en el marco de los propios juicios. En las últimas audiencias de la primera parte de la causa Aredez, uno de los imputados, Braga, hizo referencia a Luciano Benjamin Menéndez, a quien acusó de evadir su responsabilidad de acuerdo a los grados que tenían cada uno en aquel momento. Cabe recordar que Menéndez no fue incluido en este juicio por cuestiones de salud, aunque luego sí se permitió su juzgamiento en Córdoba. Para Pelazzo se trata solo de maniobras de la defensa: “en la última audiencia se pidió también que se lo cite a declarar a Videla. Yo creo que son distintas maniobras en la estrategia de la defensa. Sin perjuicio de la responsabilidad que le cabe tanto a Videla como a Menéndez, son maniobras que tienden a tratar de diluir o menguar un poco el nivel de responsabilidad que les cae a ellos, los actuales imputados. Las decisiones sobre el destino final de los desaparecidos en cada provincia y en cada lugar las tomaban los miembros de los grupos de tareas más allá de su grado o de su jerarquía dentro del ejército”.
Finalmente, Pelazzo adelantó que en la audiencia del 21 de febrero pedirá las penas máximas contempladas en el Código en relación a cada delito, en algunos casos en concurso real: “son varios delitos y hechos que se acumulan, con agravantes por la cantidad de personas, la alevosía, la cantidad de tiempo que estuvieron privados de libertad, y también se tienen en cuenta los delitos cometidos, y que fue en el marco de un genocidio; además del daño provocado, porque en estos casos hay un plus por la desaparición y la incertidumbre no solo para los familiares sino también para toda la sociedad”.

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