20 jul. 2013

(Por La Retaguardia) Daniel Solano desapareció hace veinte meses y recién esta última semana aparecieron las primeras respuestas concretas de parte de las autoridades políticas de la provincia de Río Negro. Esto motivó el levantamiento de la huelga de hambre de dieciocho días que realizaban los familiares del joven salteño y su abogado. Esta decisión también se vio fundamentada en el deterioro de la salud de Julieta Vinaya, mamá del Atahualpa Martínez, asesinado hace cinco años en Viedma, quien se había sumado a la medida de fuerza. Dialogamos con Sergio Heredia, letrado de la familia Solano, sobre los alcances de la reacción gubernamental y también sobre el estreno del documental “Diario de una Causa” realizado junto a Leandro Aparicio, que muestra minuciosamente cómo se desarrolló la investigación de este caso del que podemos ver un adelanto en esta nota.

Ante la paralización de la causa por la desaparición de Daniel Solano, a partir de que la jueza Natalia Constanzo se hiciera cargo de la misma, los familiares del joven y su abogado consideraron que estaban frente a un nuevo intento de encubrimiento de las responsabilidades de los autores ideológicos, ya que se pretendía llevar a juicio únicamente a los siete policías detenidos y solo por algunas imputaciones, por lo que elaboraron y presentaron un petitorio de nueve puntos que obtuvo, finalmente, respuesta de parte del gobierno provincial.
Daniel Solano era miembro de la comunidad guaraní Misión Cherenta, y había viajado en octubre de 2011 desde su Tartagal natal a la zona de Valle Medio de Río Negro para trabajar en forma temporaria en la cosecha de manzanas, a través de la empresa tercerizadora Agro Cosecha SRL, en el establecimiento de la multinacional Expofrut, ubicado en la localidad de Lamarque. Tan solo un mes después, fue visto por última vez mientras era sacado por policías del boliche Macuba en Choele Choel. Era la madrugada del 5 de noviembre; desde entonces nada más se supo de él.
Fue a partir de la investigación que llevó adelante el abogado Sergio Heredia que se descubrió que detrás de su desaparición había un entramado de estafas a trabajadores, trata de personas, esclavitud, y connivencia judicial, política y policial.
Tras la presentación del petitorio, la familia de Solano y su abogado recibieron la visita de distintos representantes del gobierno nacional y provincial. “Fuimos visitados por el secretario de Derecho Humanos provincial que nos trajo una respuesta personal del gobernador donde prácticamente respondió en forma positiva a todos los puntos, por más que algunos no eran de su incumbencia; en esos casos articuló los medios para que se contesten –relató Heredia en diálogo con La Retaguardia–. Por ejemplo, en el primero nosotros exigimos que Expofrut, la multinacional belga para la cual Solano vino a trabajar en forma tercerizada, a través de Agro Cosecha, responda una presentación que le hicimos donde le explicábamos cómo era la estafa, en cuánto había sido estafado Solano y le exigíamos que haga la denuncia o que se presente como querellante, y la empresa nunca contestó. Ahora, el gobernador personalmente escribió una carta y le pidió a Expofrut que responda. Otro ejemplo: la doctora María Cecilia Constanzo, prima hermana de la jueza, era asesora legal de Lamarque, también juez de faltas; nosotros acreditamos ante el gobierno ya en marzo su relación con Agro Cosecha, hoy el gobernador la suspendió en sus funciones en forma inmediata. Eso también es una prueba muy importante para la justicia y ante eso el intendente de Lamarque también la echó de su cargo como jueza de faltas. La pregunta es por qué no se hizo eso antes. Otro punto que nosotros pedimos es que se haga un protocolo de desapariciones para el funcionamiento de la policía porque aquí se hacía averiguación de paradero; el gobernador nos contestó que había una ley pero que no estaba efectiva por la reglamentación, y hoy fue reglamentada. O sea que esa ley con la que no pasaba nada comenzó a funcionar. Y así se respondió positivamente a cada uno de nuestros puntos”.
En una de las ocasiones en las que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, se reunió con Heredia y la familia, les dijo que tenían todo el apoyo de la Nación y -según relata Heredia- les presentó a un señor de apellido Robles, miembro de delitos complejos, quien iba a estar a su disposición. “En base a eso –continuó el abogado– el (por entonces) juez (de la causa) Víctor Soto dijo ‘visto que vino Fresneda, visto que ofrecieron todo, le mando un oficio a él y al Ministerio de Seguridad para que manden tecnología para hacer el entrecruzamiento de llamadas’, y nunca contestaron. Entonces ahora mostré esos oficios sin respuesta, y el gobernador se volvió a comunicar con la Nación y empezaron a articular los medios de por qué nunca se contestó. Les dije entonces que el único problema para nosotros es que había pasado todo un año. En este año los señores policías han hecho todo lo que quisieron. Ayer me llamaron del Ministerio de Justicia de la Nación y les dije que les iba a escanear el oficio y mandárselos porque les guste o no, no se ayudó, no se contestó el pedido de un juez”.
Sergio Heredia comenzó a estar al frente de la investigación apenas un mes después de la desaparición de Solano. A los dos días de su llegada a Río Negro dio una conferencia de prensa en la que dijo que el joven había sido asesinado: “mis palabras fueron ‘Solano vio algo’; y lo que vio Solano fue la estafa millonaria. En mayo, después de reunirnos con Fresneda, dimos los nombres de los autores ideológicos, dijimos los asesinos materiales son éstos, los asesinos intelectuales son éstos. El 18 de enero de 2012 presenté una denuncia de ciento cincuenta páginas donde denuncié a treinta y cuatro personas; hoy hay veintidós imputados, trece procesados y siete detenidos, pero me faltan los doce civiles. Por ejemplo, yo la denuncié a la doctora Marisa Bosco (otra jueza de la causa) por encubridora, y con el juicio político que se lleva adelante contra ella nos dan la razón pero entonces me pregunto por qué no está imputada. Ella era cuñada del gerente de la empresa", dice Heredia atropellando con datos y nombres que hay que ordenar con cuidado para no perderse. "Hay un testigo que dice que lo vio a Solano en el bar El Tano el sábado; eso significaba que estaba vivo, pero descubrimos que este señor que se llama Paulino Rivera es el patrón de Pedro Cabaña Cuba, paraguayo desaparecido en la estancia ‘El Negro Muerto’. Descubrimos que en ese bar se hacía el hacinamiento de los paraguayos que traían para esa estancia ¿Cómo puede ser que en el expediente no se haya preguntado si Cabaña Cuba tenía teléfono? Nosotros dimos la respuesta al aportar dos testigos que vieron cómo la policía escondía y se robaba el teléfono, porque obviamente no querían que se supiera con quién había hablado ¿Y si Solano está enterrado en El Negro Muerto? ¿Y si Cabaña Cuba vio lo qué pasó? Al año apareció un cuerpo de una persona de 50 años, al que le faltaban los dientes, las manos y los pies, pero concuerda con el pobre Cabaña Cuba. Después desaparece otro señor que se llama Héctor Villagrán, jujeño, también trabajador de esa empresa, justo el día que tenía que tomar el colectivo donde tenía que volver Solano. Y después también aparece otro cuerpo en Beltrán y cuando preguntamos nos dicen que podía ser de un obrero chileno que se llama Valde Benito, que también estaba desaparecido. ¿Cuántos cuerpos van a aparecer acá? No puede ser que en una democracia, en un pueblito como Choele haya tres desaparecidos en un lapso de dos meses y nadie diga nada. Una de las exigencias nuestras fue que los Concejos Deliberantes del Valle Medio emitan resoluciones admitiendo que tienen desaparecidos y que lo comuniquen a la Nación. Es más, en un terreno cerca de Macuba donde desaparece Solano también encontramos un cuerpo, no sabemos a quién corresponde porque no tenemos la tecnología para determinarlo”.
La charla con Heredia se realizó el miércoles a la noche, cuando aún se encontraban en huelga de hambre el propio abogado, el papá de Solano Guadalberto, sus tíos Pablo y Romina, y su sobrina Maira, a quienes se había sumado también en los últimos días Julieta Vinaya. Se trata de la mamá de Atahualpa Martínez, un joven de 19 años que fue asesinado hace cinco. Durante la madrugada del 15 de junio de 2008, fue sacado de un boliche de Viedma, y su cuerpo fue arrojado en un descampado en las afueras de la ciudad. Le habían disparado por la espalda.
Respecto a Vinaya, Heredia relató cómo la conoció: “ella cayó de noche con su bolsito, yo la recibí con Gualberto y enseguida nos dijo que había venido a apoyarnos, a acompañarnos, a sumarse a la huelga de hambre. Le manifesté que no me parecía y me respondió ‘yo perdí un hijo y usted no me va a venir a decir a mí si tengo que venir o no a apoyar a un padre’. Ella es una persona frágil, muy delgadita y obviamente empezaron los problemas de salud. Hace tres días la vi mal y medio como que la obligué a internarse. Logramos convencerla, está con suero pero no quiere comer. Ella vino a solidarizarse y ahora está mal de salud”, contó con preocupación Heredia.
Este jueves 18 de julio, el estado de salud de Vinaya y las respuestas del gobierno provincial motivaron el levantamiento de la protesta, pero no de la lucha, ya que el reclamo de justicia continúa. Esto quedó claro ese mismo día durante una movilización que se desarrolló en Choele Choel. Los familiares de Solano estuvieron acompañados por familiares de otras víctimas de violencia policial y estatal, además de agrupaciones y organizaciones sociales. En este marco, se estrenó el documental “Diario de una Causa” realizado por el propio Heredia y su colega Leandro Aparicio. A partir de todo el material filmado por los abogados, el instituto de cine de Buenos Aires Guionarte elaboró la película, que será proyectada en las próximas semanas en la capital de Neuquén y que ya fue pedida por varias universidades de todo el país.
“Fue un gran sacrificio nuestro –afirmó Heredia respecto al documental–. Tomé el recaudo de filmar todo desde que salí de Tartagal y lo fui subiendo a You Tube; eso conmocionó a todo Río Negro. Una vez que pude dar vuelta un testigo, lo filmé y lo subí a la red para que la gente vea lo que es mentira. Todo ese material se utilizó para hacer el documental, que muestra la realidad, todo lo que sufre un trabajador golondrina. Cuando Solano muere cobraba 800 pesos. Ahí comencé a sospechar, ¿cómo un chico puede irse de Tartagal, dos mil y pico de kilómetros y cobrar 800 pesos? El crimen de Solano fue por esa estafa, y el encubrimiento fue para proteger a esa banda que durante cuatro años elegía aborígenes de Salta, los traía durante tres meses en la temporada, los estafaba y los enviaba de nuevo, con el contubernio y la conformación de policías y gente de la delegación de trabajo como María Cecilia Constanzo que recién ahora fue suspendida de sus funciones. Así se hicieron ricos. Pobre el aborigen que se iba a quejar y recibía palos de la policía o no se le daba atención desde la Secretaría de Trabajo. A Solano le hicieron en los doce meses que trabajó 33.000 pesos, esto ya está admitido por Expofrut. Si se multiplica por cien Solano son 3.000.000 de pesos en un año, y hace cuatro años que operaban”.
El afiche de “Diario de una Causa” muestra la fotografía de un equipo de fútbol que Heredia encontró en la computadora de Solano. Allí se lo ve al propio Solano, al dueño de la empresa y a cuatro policías: “el que está al lado de Solano es el comisario Aramendi, que es el que comenzó a investigar la desaparición, al que se le hizo la denuncia y quien encubrió”, precisó el abogado y agregó: “descubrí que los policías tenían muchas mujeres y logramos que declaren las ex esposas y así descubrimos que los dueños de la empresa le pagaban a Aramendi las tarjetas de crédito, lo iban a buscar para salir de pachanga, ya tenía su jubilación anticipada con cargo de gerente”.
Sergio Heredia está convencido que cuando el caso de Daniel Solano pueda ser visto en su enormidad se convertirá en un hecho emblemático de la Argentina: “tiene todo lo malo que nos pasa a los argentinos: la justicia, los empresarios, la policía, pero lo estamos sacando adelante con unos abogados que pusieron todo, un papá que se plantó en una carpita hace diecinueve meses, un fiat duna que me prestaron acá, y la buena voluntad”.
De quien podría esperarse buena voluntad es del sindicato que dice defender a los trabajadores rurales, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, la UATRE, cuyo secretario general es Gerónimo “Momo” Venegas, hoy candidato a diputado nacional. Pero lo concreto es que desde el gremio nunca se acercaron a colaborar con la familia, al parecer sus intereses estaban del otro lado tal como se desprende del relato que hace el propio Heredia: “me hicieron una vez una marcha en mi contra porque decían que yo trataba al pueblo de mafioso. Esa movilización fue organizada por la jueza, su familia, la empresa Agro Cosecha y el boliche. A esa marcha, en la que se pasó un jingle en contra mío que fue grabado por los hijos de la jueza en Macuba, fueron el intendente y los dueños de Agro Cosecha que leyeron una carta escrita supuestamente por los compañeros de Solano. Al lado del que estaba leyendo la misiva estaba el representante de UATRE. Fue en ese momento en que los obreros se dieron cuenta que fueron llevados engañados a la marcha, entonces me buscaron y muchos de ellos terminaron declarando en la justicia. Una testigo que había visto todo lo que había pasado con Solano le dio tanta bronca esa marcha que se conectó con una radio para que se comunicaran y así logramos esclarecer el crimen. O sea que en el fondo quienes organizaron la movilización me hicieron un favor”.
De todos modos, Heredia advirtió que si regresan a Salta correrían más peligro que en Río Negro: “estos señores van a andar libres y obviamente van a tomar venganza a quienes le desarmaron un negocio millonario. Nosotros necesitamos que aquí se haga justicia”.
Tras veinte meses, los reclamos y pedidos de la familia de Daniel Solano comenzaron a oírse, y el gobierno provincial tomó las primeras medidas para destrabar el alto grado de encubrimiento que pesa sobre esta causa, sin embargo el camino hacia la justica aún es largo y sinuoso, ya que los obstáculos a batir son nada menos que judiciales, políticos, policiales y empresariales.





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