Jorge Brioso: “el Barco Murature era una especie de 9° círculo del infierno”

 El juicio comenzó a mediados de abril y da cuenta de los delitos cometidos en el circuito represivo del Área 410, que abarcó las localidades bonaerenses de Zárate, Campana y Escobar. Los imputados son el ex comandante de Institutos Militares del Ejército Santiago Omar Riveros, el prefecto Servando Ortega y el policía bonaerense Juan Fernando Meneghini. El cuarto acusado, el marino Sergio Buitrago, principal responsable del Apostadero Naval, falleció antes del comienzo de los alegatos. “Tuvimos el infortunio de que falleció Buitrago, por lo que se suspendió el juicio a su respecto, pero se ha acuñado abundante prueba respecto de Ortega, que era el prefecto de Zárate, del comisario Meneghini que era el comisario de Escobar, y por supuesto de Santiago Omar Riveros como máximo responsable de la zona IV”, explicó en diálogo con Oral y Público el abogado Jorge Brioso.

Este circuito represivo es complejo, ya que las víctimas pasaron por diferentes centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, como las comisarías de Campana, Zárate y Escobar, el Apostadero Naval de Zárate, el Barco ARA Murature, y el Tiro Federal de Campana. En algunos casos los secuestrados recorrieron hasta trece CCDTyE, también fueron trasladados al Pozo de Banfield y finalmente internados a recuperación en el Hospital Militar. Luego la mayoría puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, a través del decreto 54/76.

“Las víctimas estuvieron principalmente en el Barco Murature, que era una especie de 9° círculo del infierno, donde es muy evidente -por todos los testimonios- que allí hubo abusos sexuales y violaciones como metodología sistemática y fue realmente muy conmovedor y muy duro escuchar los testimonios, todo el aporte que hicieron las víctimas y sobrevivientes para la causa que se está instruyendo por el tema específico del abuso sexual y de las violaciones”, relató Brioso aunque aclaró que el tramo que refiere en particular a los delitos sexuales se está tratando de manera diferenciada: “Campo de Mayo tiene la peculiaridad, infortunada decimos nosotros, de separar la instrucción de los casos, y eso genera una elevación a juicio por etapas que es muy antojadiza si se quiere, porque a veces los criterios con los que se juntan los casos no obedecen al esquema general que se lleva adelante en el país de tratar de juzgar por campo de concentración o por circuito represivo y por período de tiempo, sino que se juntan casos de diferentes épocas, de distinta situación, y así es como poco a poco se va echando luz sobre el campo de concentración más grande y más efectivo que hubo en Argentina”, destacó Brioso.

El juicio oral que actualmente se está desarrollando abarca los secuestros efectuados durante los primeros días del golpe: “las víctimas van desde el intendente de Zárate hasta la compañera que era delegada del sector maestranza del Puente Zárate Brazo Largo, que en esa época estaba en construcción. Fue el primer ataque generalizado contra la población y estos casos tienen muchos sobrevivientes, afortunadamente, porque había mucho vínculo y conocimiento de las víctimas entre sí. Zárate sigue siendo hoy un pueblo chico y más o menos se conocen todos; en Campana y Escobar es lo mismo, entonces fue como que se produjo una cierta protección social y eso seguramente ha hecho que haya un índice mayor de sobrevivientes que en las otras áreas de la zona IV”, señaló Brioso.

El abogado querellante especificó que el grueso de las víctimas son dirigentes sindicales o personas vinculadas con el movimiento sindical y trabajadores. En este sentido, explicó que el trabajo de aniquilamiento del movimiento sindical en esta zona industrial de la provincia de Buenos Aires fue tan o más fuerte que el de la columna norte de Montoneros: “ahora en los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) que acercó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), por ejemplo encontramos que una militante muy querida y con una identidad pública muy fuerte, estaba identificada como activista y comunista activa, que participó de la resistencia a un aumento de boleto de la empresa de colectivos de Zárate. Esos eran los cargos, esto da una idea de cómo era el trabajo que hacía esta gente. Cualquier movimiento de resistencia, tuviera la entidad y el objeto que tuviera, era identificado con la subversión”.

Durante la entrevista realizada a Jorge Brioso en el marco del programa Oral y Público, Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, relató una circunstancia vivida en su cautiverio: “un oficial de la prefectura, al que le decían Luis, un día que estaba muy alcoholizado hizo una referencia medio llorando a que él había matado a cuarenta ‘perros’ (en relación a cómo se les decía a los militantes del PRT-ERP) con una ametralladora pesada en Zárate. Y a mí me quedó eso flotando en la cabeza, me preguntaba cómo habrá sido la historia. Este tipo era Jorge Manuel Díaz Smith, está actualmente involucrado en la megacausa ESMA. Pero sería muy bueno tener en cuenta esta referencia para los juicios de Campo de Mayo”.

Ante esto, Brioso reiteró la complejidad del juzgamiento de los delitos cometidos en Campo de Mayo, debido a la forma en que se separan los distintos tramos de la instrucción de la causa: “lo que fue la represión entre los años 1977 y 1978 en Zárate, que fue muy dura, todavía no está elevada a juicio, y del Apostadero Naval, que justamente acaba de fallecer su responsable militar, todavía queda mucho por completar y terminar la instrucción y por elevar a juicio, así que este es recién el primer juicio de este tramo de la represión en el área 410”, especificó.

Brioso también aclaró que existía una cierta especialización por grupo de pertenencia de las víctimas. En este sentido, explicó que el trabajo de inteligencia de los torturadores de Campo de Mayo se centraba básicamente en las corrientes marxistas y en el PRT-ERP, mientras que en la ESMA se ocupaban de las corrientes nacionalistas y en particular de Montoneros. De todos modos, el abogado querellante aclaró que no todos los casos responden a esta lógica: “en Zárate el grueso de las víctimas de los primeros días del golpe, del 24 de marzo al 7 de abril, fue de identidad peronista, pero en la zona IV en general, en todo lo que era el cinturón industrial del norte del Gran Buenos Aires, era fuerte la influencia de los sectores marxistas y se dio esta característica que, de alguna manera, Campo de Mayo se especializó en la persecución del PRT”.

Al ser consultado acerca del clima con el que se desarrollaron las audiencias, Brioso contó que hubo persecuciones concretas y amenazas contra testigos, como fueron los casos de Alberto Calvo y Lidia Biscarte: “en Zárate evidentemente el aparato represivo tiene un alto grado de funcionamiento actual, esto se ha demostrado más agudamente en esta zona del tercer cinturón del Gran Buenos Aires que en los juicios anteriores. Los aprietes, las amenazas y las persecuciones concretas son mucho más frecuentes en la zona de Zárate donde desgraciadamente se convive con gente que participó de la represión y que sigue avalando eso, sigue conviviendo como vecinos desgraciadamente. Ese es el alto grado de impunidad que todavía existe”, agregó.

En estos días se terminarán de conocer los alegatos de la defensa y luego será el momento de las réplicas que abarcarán la segunda mitad de agosto, por lo que el dictado de la sentencia de este octavo juicio por delitos cometidos en Campo de Mayo se espera para los primeros días de setiembre.