17 ene. 2014

(Por La Retaguardia) Con la polémica por las inscripciones on line en las escuelas porteñas y la consecuente complicación en la ubicación de los chicos en las escuelas en plena efervescencia, Gustavo Lesgueberis, Jefe del área Educación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mostró su preocupación en esta charla con Luis Angió.

Durante la emisión del programa radial Otras Voces, Otras Propuestas, Lesgueberis dijo: "estamos preocupados por la falta de asignación de vacantes. Hay 17.000 chicos que no cuentan con vacantes confirmadas, en una situación inédita en la Ciudad de Buenos Aires. Los problemas de falta de vacantes en esta jurisdicción siempre estuvieron circunscriptos a los que es la educación inicial: jardines maternales, escuelas infantiles y jardines de infantes. Este año se registró la falta 4.585 vacantes. Pero la educación de nivel primaria, secundaria y la sala de 5 siempre estuvieron garantizadas".
Lesgueberis dijo que la falta de vacantes choca de frente con la ley que establece que los chicos deben ir a la escuela: "en la Ciudad de Buenos Aires rige la Ley N° 898 del año 2002, que establece la obligatoriedad escolar, desde el preescolar hasta la finalización del secundario. Es una clara afectación al derecho de la educación de los niños y adolescentes, y es un claro incumplimiento por parte del Ministerio de Educación del Ministerio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de garantizar ese derecho".

-Luis Angió: Por lo que sabemos, esto lo quieren corregir con aulas container, ¿dónde las van a poner?

-Gustavo Lesgueberis: Todavía no está muy claro. Ha habido un llamado a licitación para la adquisición y emplazamiento de estas aulas modulares, equipamientos modulares, como se los denomina, que van a ser emplazados en algunos predios de escuelas para suplir la falta de vacantes.
No sabemos —porque todavía no está establecido— para qué niveles de la educación están destinadas y cuáles son las características constructivas de esas aulas móviles. Lo que sí sabemos es que ya se ha generado el rechazo de importantes sectores de la comunidad educativa, entre ellos, las supervisoras del nivel inicial; han manifestado que estas aulas no son instalaciones adecuadas para garantizar los procesos de la enseñanza y aprendizaje. Y, por lo tanto, presentaron una nota ante el Ministerio de Educación de la Ciudad, solicitando que las mismas no sean instaladas.
Lamentablemente vemos que esas voces no fueron escuchadas, y se avanza en este proceso.

-L.A.: La mayoría de las escuelas tienen sus años, con patios internos; insisto: ¿dónde ubicarían las aulas?

-G.L.: En el día de hoy (por el martes pasado) se estaban haciendo las visitas de obra en algunos predios donde se piensan instalar, algunos de ellos en la zona sur.
Este tema también tiene un antecedente en la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2005 existieron aulas modulares, que en ese caso eran de chapa revestidas en durlock. Desde la Defensoría del Pueblo y de distintas comunidades educativas se solicitó el retiro, haciéndose efectivo al año siguiente.
Ahora vemos que la película se reitera. Seguramente serán aulas mejor equipadas y con otro tipo de características. Pero no dejan de ser, en principio, respuestas que suman precariedad a esta situación, que es bastante preocupante.
Nosotros entendemos que los problemas de vacantes en el nivel inicial y sobrepoblación de alumnos en escuelas primarias y secundarias de la zona sur no se resuelven con este tipo de instalaciones, sino con una activa política de construcción de edificios escolares, que es lo que la Defensoría del Pueblo viene reclamando desde años a esta administración. Lamentablemente no se ha llevado adelante esa política con el ímpetu y el impulso que se necesita para revertir esta situación de desigualdad educativa.

-L.A.: De esos 17.000 chicos, ¿ustedes tienen una estadística de las zonas más críticas, con mayores dificultades?

-G.L.: No. Es parte de lo que trae consigo este sistema de inscripción online. Teóricamente iba a traer aparejado transparencia, agilidad de burocratización en el sistema de tramitación de vacantes. Esos datos -que antes se podían reconstruir visitando las escuelas o las supervisoras escolares, solicitando esa información a los agentes del sistema educativo- hoy están centralizados en quienes acceden a la base de datos, que son los únicos que podrían dar cuenta de esta información. Hay una centralización total de esa información, y nos manejamos con el número que hablan ellos. Por otro lado, aparece como un número de reclamo superior a 23.000, que están otorgando los propios centros de reclamo del gobierno de la Ciudad.
Estamos hablando de una falta de transparencia, primero, en lo que fue la asignación de vacantes, que no fueron otorgadas conforme a lo establecido en el reglamento escolar, y ahora, opacidad con relación a la información sobre estas cuestiones significativas. Es decir, la cantidad de niños, niñas y adolescentes en lista de espera, la ubicación geográfica de las escuelas de donde ellos solicitaron vacante. Y lo que es importante, porque el Ministerio de Educación dice ahora que vacantes disponibles hay, lo que no dice es que muchos padres no solicitan vacante en cualquier escuela: un padre cuando solicita vacante por el proyecto educativo, por cercanía, por tipo de jornada; no es lo mismo otorgar una vacante a una escuela de jornada simple que una de jornada completa. No es lo mismo que a un estudiante secundario que solicitó inscribirse en una escuela técnica especializada en automotores le hayan asignado una vacante en una escuela especializada en administración de empresas.
Hoy escuchaba a algunos funcionarios del Ministerio de Educación dando explicaciones, y lamentablemente muchas veces no se les repregunta. Ellos dicen: 'Las vacantes disponibles están, los alumnos están en lista de espera. Lo que pasa es que no quieren la vacante que les estamos ofreciendo'. Y la verdad es que no: el que solicitó perito mercantil no quiere a ir a un liceo, ni el que solicitó una orientación en computación quiere ir a una artística.
Recordemos que la Ciudad de Buenos Aires el año pasado se vio inmersa en un problema grave, vinculado al cambio de las orientaciones de los planes de estudio de las escuelas secundarias, lo que se denominó por el macrismo la Nueva Escuela Secundaria de Calidad. Esto generó importantes tensiones dentro de las comunidades educativas, vinculadas a cambios, resistencia a esos cambios. Pero fue muy problemática esta propuesta. Hubo amplísimos debates, y nos preguntamos ahora para qué se generó semejante tensión, si hoy, a un alumno que elige que una orientación o especialidad determinada en la escuela secundaria, le ofrecen otra que no tiene nada que ver con las inquietudes, preferencias o necesidades del estudiante.

-L.A.: ¿Tuvieron alguna respuesta de parte del Ministerio de Educación con respecto a la presentación de oficio que hizo la Defensoría del Pueblo?

-G.L.: Aún no. Esto es todo muy reciente. Vamos a seguir el tema y seguramente en breve podremos contar con mayores precisiones.

-L.A.: Cuando empiece la temporada el 1° de febrero, con los directivos ya en funciones, ¿qué piensan hacer con los padres?

-G.L.: Estamos reclamando que en forma urgente y prioritaria se otorguen y asignen las vacantes a los 17.000 niños, niñas y adolescentes.
Es imperioso que se resuelva porque es una situación inédita en la Ciudad de Buenos Aires, generada por la imprevisión, la falta de resguardo y de cuidado en lo que era un cambio de modalidad en la tramitación de vacantes, que debería hacerse con mucha mayor pericia, conocimiento, cuidado, información a las comunidades educativas. Pudo haberse previsto que coexistieran los dos sistemas de tramitación, el personalizado y el vía Internet. Sin embargo, no se quiso avanzar en esta dirección, se avanzó en otra, y aquí están las consecuencias.
Es imperioso que el Gobierno de la Ciudad garantice el derecho a la eduación y cumpla con lo que es, ni más ni menos, que un derecho constitucional. La Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 26.206 (ley de educación nacional), la Ley 26.061 (ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes), obligan a los gobiernos jurisdiccionales a garantizar el derecho a la educación, y el Gobierno de la Ciudad no lo está haciendo.
Por lo tanto, urge que esto se resuelva a la mayor brevedad posible, porque no podemos iniciar el ciclo lectivo en esta situación de tensión, que seguramente se va a generar cuando muchos padres que cuentan con vacantes confirmadas se encuentran que no era tal, sino que era virtual. O que haya padres que aún a esa fecha de inicio del ciclo lectivo permanezcan en una sensación de incertidumbre.

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