Beinusz Smukler, acerca de los sitios de memoria: “es una especie de conquista partidaria”

Szukler representó al Estado ante la Corte por la ley de Medios

(Por La Retaguardia) Como anticipamos en una serie de notas, ya es oficial: los sitios de memoria de la ciudad de Buenos Aires fueron transferidos a la órbita nacional. Todo indica que tras las denuncias por la disolución del IEM, se modificó un punto del acuerdo que justamente permitiría la subsistencia del IEM, aunque solo con las funciones de difusión y sostenimiento de la memoria, ya que ha perdido la administración de los espacios de memoria. Aquí la opinión de dos integrantes de su Consejo Directivo, Beinusz Szmukler y Alcira Argumedo.
Szmukler es un prestigioso abogado. Tiene buena relación con el gobierno, de hecho admite que simpatiza con muchas de sus decisiones. Participó de la audiencia pública de consulta tras la que la Corte Suprema dictó su fallo sobre la Ley de Medios. Allí fue orador en representación del Estado, lo que demuestra sus buenos lazos. Aun así, algunos lo sindican como uno de los pilares que había podido frenar la obsesión del gobierno sobre la ex ESMA.
“También quiero comunicar que hemos suscripto días pasados un convenio entre el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la ley de preservación, señalización y difusión de sitios de memoria con un modelo de usufructo de todos los sitios de memoria. En ellos se incluyen a todos los centros de memoria de la ciudad”. Así comenzó el anuncio del Jefe de Gabinete Jorge Capitanich, el jueves por la mañana.
“Creo que Capitanich no tiene una historia que indique que es conocedor del tema, al menos, públicamente. Como se dice en criollo, metió la pata, porque no hay otros sitios de memoria planteados en la ley que los sitios clandestinos”, sostuvo Szmukler al respecto.

-La Retaguardia: Salvo que también hayan metido en el paquete el Parque de la Memoria, porque habla de todos los sitios de la memoria, incluyendo los sitios…

-Beinusz Szumler: No, en el paquete no está. Son los centros de la Ciudad de Buenos Aires, que constituyen una de las funciones esenciales del Instituto Espacio para la Memoria.
Pero más allá de lo que dijo, hay que ver lo que dice el texto del convenio finalmente firmado, por el cual la ciudad le transfiere todos los ex centros clandestinos al Gobierno Nacional, que se hace cargo de los edificios, con derecho de usufructo por 30 años, y del personal afectado a esos edificios.
Lo surge de la ley es lo que voy a decir ahora; ¿cuáles son las intenciones más adelante? A eso no quiero referirme porque es entrar en subjetivismos. El acuerdo que firmaron Jorge Capitanich y la Vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, es lo siguiente: queda subsistente el Instituto Espacio para la Memoria, pero reducido a las actividades de investigación, edición, promoción de los derechos humanos. Pero se le saca todo lo que es el trabajo con los ex centros clandestinos.

-LA: El IEM no se disolvería.

-BS: Ni el IEM ni el Ente Público de Espacio para la Memoria, que es el que tiene la gestión de todos los que son los espacios comunes de la ex-ESMA.

–LA: ¿Bajo la órbita de quién quedaría el IEM?

-BS: No le puede trasladar la órbita por un convenio; sigue siendo de la Ciudad de Buenos Aires. En el convenio no aparece la modificación de la Ley 961 de la ciudad. Ni siquiera las dos leyes del año 2007 —nacional y de la ciudad— que surgieron del acuerdo celebrado en su momento por Néstor Kirchner y Aníbal Ibarra el 24 de marzo de 2004 y votado por unanimidad por la Legislatura.
Subsistiría también el Ente, que gestiona todo lo que no son los edificios destinados a distintas organizaciones, al Estado Nacional, que ahora pasaría a disponer de los edificios que tiene la ciudad a través del IEM y en la ex-ESMA: el Casino, el Cuatro Columnas, la Enfermería, el Pabellón Coy, Automotores.

-LA: Se desdoblaría el IEM, no se disolvería.

-BS: Quedaría reducido en su actividad. La versión inicial del convenio implicaba prácticamente la desaparición del IEM, porque el Estado Nacional asumía las competencias, las funciones. Ahora eso se eliminó.
No es un problema de disputa, con cuánto se queda la ciudad, con cuánto se queda el Gobierno Nacional. Macri renuncia a algo que hubiera renunciado desde el comienzo, teniendo en cuenta sus antecedentes políticos. Es decir, a él no le interesa gestionar los centros de memoria, que los gestione el IEM. Además ha hecho transacciones con el Gobierno Nacional, que implican una reducción en el presupuesto de la ciudad en cifras importantes. Y por la información que yo tengo, la nación también forma parte de lo que no está escrito en el acuerdo. Le dio a la ciudad 5 años más de depósito de la basura en el SEAMSE. Y lo que es la modificación del enlace de la autopista Illia con la 9 de Julio lo toma el Estado nacional.
Hay una cuestión económica de por medio.

-LA: Es parte del mismo paquete negociado…

-BS: Más allá de todo eso, acá lo que importa es que todo esto empezó cuando se creó el IEM, fue producto de la lucha del movimiento de derechos humanos. Se trabajó largamente, se consiguió una ley votada por unanimidad en la Legislatura, que estableció una conformación de 12 organismos de derechos humanos representados más 5 del Ejecutivo, 5 de los distintos bloques de la Legislaturas y 6 denominadas personalidades con reconocido compromiso en la defensa de los Derechos Humanos.
Es decir, le dio un espacio plural desde el punto de vista político, ideológico, etc. para que la política de preservación y construcción de la memoria, y que todo eso sirva para la verdad y la justicia, está planteado como política de Estado. Esto era para evitar que con cada cambio de gobierno pudieran cambiarse las políticas. Esto es lo más grave. La ciudad renuncia a tener política de memoria.

-LA: De alguna manera, el Gobierno de la Ciudad tenía delegada la administración en los organismos de derechos humanos a través del IEM.

-BS: En este caso, cuando hablo de la ciudad, no estoy hablando del gobierno. Acá hay una renuncia donde los habitantes de esta ciudad dejamos de tener una institución que fija políticas de memoria por este convenio que hace la administración Macri.

-LA: El IEM además está a salvo de los cambios de gobierno.

-BS: Pero ahora se traslada el grueso al Gobierno Nacional. Y el Gobierno Nacional tiene un límite temporal. Dentro de un año y medio hay elecciones y no se sabe quién va a ganar y no se sabe qué política va a desarrollar. Y dentro de cuatro años puede haber otro cambio. Esto es lo que se trató de evitar y es lo que se destruye. Ese el tema que hay que tener en claro, por qué es grave.

-LA: Usted tiene, por su labor cotidiana y prestigiosa en la justicia y en el IEM, canales de diálogo con gente del Gobierno Nacional. Me imagino que usted habrá dicho esto: `sacan los organismos de derechos humanos y se lo quedan; pero si pierden las elecciones, ¿quién va a estar?, ¿Massa, Scioli o quien fuere?’ ¿Qué le contestan?

-BS: Yo tengo diálogo permanente con mucha gente y por supuesto con el Gobierno Nacional. Pero esto no he tenido la oportunidad de conversarlo con nadie del gobierno, porque fue una sorpresa total de estos últimos días.
Nosotros veníamos sosteniendo reuniones en Casa de Gobierno con el Secretario General de la Presidencia, Dr. Oscar Parrilli. La última fue una reunión muy amplia con todos los organismos derechos humanos, donde estaba planteada solamente la intención del Gobierno Nacional de instalar en el Casino de Oficiales, que fue el centro de torturas, una especie de museo para inaugurarlo el 24 de marzo. Ese era el tema de discusión. Se había arribado en esa reunión a algunas pautas mínimas para avanzar con esa idea.
De pronto nos encontramos con esta sorpresa, sin comunicación alguna, sin decirnos que las negociaciones no iban más, no interesaban o que ya arreglaron con Macri. Nada de eso se produjo. Se cortó el diálogo sin aviso. Esto fue con una metodología de total falta de transparencia de ambos gobiernos —estas cosas no se trabajan en tres días—, porque es evidente que se venía trabajando y negociando en las sombras.
Es una sorpresa muy desagradable desde el punto de vista de lo que uno aspira en un Estado democrático.

-LA: Muchas cosas en este último tiempo del país y también —de alguna manera— en el movimiento de los derechos humanos se han dividido entre a favor o en contra del gobierno. Me parece que esta es la primera vez en la que claramente se ve que esa división no existe. Me he encontrado con gente profundamente kirchnerista que está en contra del museo en la ex-ESMA o de lo que está pasando con el IEM ¿Usted también tiene la misma sensación?

-BS: Sí, yo también tengo esa impresión. De hecho, quiero decir que yo he apoyado y sigo apoyando políticas del gobierno: la ley de medios, las asignaciones familiares, el tema de la ANSES, políticas que me parecen muy válidas. Y también el reconocimiento de que este gobierno, desde Néstor Kirchner hasta aquí, ha desarrollado una política en materia del combate contra la impunidad, hacer los juicios muy importantes.
Me parece que esto es contradictorio. Se está viendo en chiquito esto, como una especie de conquista partidaria. Y no es así. Lo que tenemos es un producto de las luchas del pueblo argentino, de las luchas sociales y políticas del pueblo argentino.
Es un patrimonio común esto y no se puede manejar como si fuera el patrimonio de un partido.

La voz de Szmukler, además de autorizada por su trayectoria, sirve de muestra acerca de cómo el gobierno nacional se arriesga a avanzar con una jugada en la que tiene del otro lado, como ya repasamos en nostras anteriores, a los sobreviviente; pero, también tiene en la vereda de enfrente a muchos de los que no han dudado en apoyarlo en sus políticas de derechos humanos y también en otras áreas.

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