15 feb. 2014

El convenio firmado
(Por La Retaguardia) El acuerdo entre el gobierno de la ciudad y el nacional que implica el traspaso a la órbita de nación de los ex Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio, fue firmado el 22 de enero y lleva las rúbricas del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y la de María Eugenia Vidal, vicefeja de gobierno porteño. El acuerdo sigue cosechando rechazos, incluso algunos inesperados para el kirchnerismo, como el de Marta Vásquez, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, quien aseveró en una conferencia de prensa del IEM que "me están quitando la voluntad de seguir luchando".
En boca de una integrante de Madres de Plaza de Mayo, que se han enfrentado a los poderes más sombríos y a la desolación de no saber nada sobre sus hijos, la frase es fuerte. Vásquez lo plantea, además, desde la simpatía que siente por el gobierno de los Kirchner: "me pregunto cómo es posible que hoy volvamos para atrás, así lo siento... por qué no acudimos al diálogo, por qué no damos todo lo que podemos dar ahora por nuestro pueblo, por lo que han luchado nuestros hijos. Todos aquellos que hoy no están, ¡qué sacrificio en vano que han hecho si vamos a seguir con estas acciones que no corresponden a un gobierno tan excelente como el de Cristina!", dijo la actual presidenta de las Madres dejando en claro desde dónde planteaba su molestia con la medida.
Mientras Monserrat habla, a su lado
Pérez Esquivel, Vásquez, Szmukler
y Basterra
Fue en una conferencia de prensa que se realizó en las actuales oficinas del Instituto Espacio para la Memoria, a pasos de la Plaza de Mayo, donde Adolfo Pérez Esquivel (Serpaj); el abogado Beinusz Szmukler; Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA; Marta Vásquez, presidenta de Madres de Plaza de Mayo LF y Miguel Monserrat, copresidente de la APDH y recientemente electo como director ejecutivo del IEM, dejaron sus impresiones y posiciones políticas de rechazo unánime para con el acuerdo firmado entre ambos gobiernos.

El acuerdo, al que La Retaguardia accedió y es publicado en este informe, fue sufriendo algunas modificaciones. En la primera versión el IEM se disolvía. Luego de las primeras voces de resistencia publicadas aquí, ambas partes resolvieron presentar el acuerdo como un traspaso que no incluía la disolución del IEM. De hecho, se plantea que pasará a funcionar en el Edificio Cuatro Columnas de la ex ESMA; pero, sin la administración de los ex Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio, su aporte queda reducido a la difusión, que no es poco, pero su iniciativa política se vería seriamente afectada con los cambios al dejar de administrar los espacios de memoria, con su consecuente reducción de personal y presupuesto.

Capitanich y Vidal firmaron
en secreto
En la conferencia de prensa a la que el IEM citó el jueves, los medios               tradicionales no acudieron. Solo respondieron los medios alternativos y comunitarios organizados en la RNMA (Red Nacional de Medios Alternativos), que junto a Oral Y Público transmitieron en vivo las intervenciones, además de un colega de la agencia cubana Prensa Latina. El resto no se enteró, o se enteró y eligió no ir.
Los medios tradicionales continúan tratando el tema de manera dispar. Por un lado, la prensa partidaria del kirchnerismo (Página 12, Tiempo Argentino, entre otros), presentaron la semana anterior el tema como una especie de salvataje, cuestionando la inacción del IEM hasta aquí y planteando el tema como si el traspaso le quitara la administración al macrismo y no, como efectivamente ocurre, al grupo de organismos de derechos humanos que prefirió mantener su autonomía del gobierno central; muchos de sus integrantes, como quedó demostrado incluso en las intervenciones durante la conferencia, mantienen su simpatía con el kirchnerismo, aunque no ocultan el malestar que les ha generado esta situación, tanto por el fondo de la cuestión, como por el secreto absoluto en el que se manejaron las negociaciones entre ambos gobiernos, sin intervención alguna por parte de las autoridades del IEM.

El juez Torres y el museo que se desenchufa

El juez federal Sergio Torres instruye la megacausa ESMA. Su papel en este momento toma especial trascendencia, porque su negativa a que se meta mano en un lugar que es actualmente centro de debate judicial, sería determinante. Sobre todo porque este lío pone en evidencia una suerte de obsesión del gobierno nacional por la ESMA. Tanto es así que el resto del acuerdo "está sostenido con alfileres", según denunciaron al unísono los presentes en la conferencia.
Como ya informamos, en una primera instancia Torres se negó a que el gobierno nacional avanzara sobre los espacios de la ex ESMA donde el Terrorismo de Estado accionó con toda su perversión. Pero luego permitió el ingreso de una comisión que ya está trabajando en el proyecto de nuevo museo. En la última semana notificó a un grupo de sobrevivientes, algunos de ellos querellantes en la ex ESMA, su opinión sobre el asunto: "el nuevo museo no altera el lugar", dijo uno de sus secretarios. En la presentación del proyecto, sus ideólogos hablan de una "muestra que se desenchufa", que no invade los espacios más que con luces y proyecciones. La oposición de los sobrevivientes no solo pasa por ahí.
Víctor Basterra sostiene que "hay un sector del gobierno -solo un sector, aclara- que tiene la política de apropiarse de las luchas". Basterra también conoce el peso de sus palabras. Y no parece elegirlas con capricho.
Acerca de qué sucederá finalmente hay diferentes miradas. Algunos consideran que no hay vuelta atrás, que el gobierno nacional avanzará de todos modos; otros piensan que si la oposición al proyecto se sostiene, quizá se esté a tiempo, al menos, de postergar la inauguración del controvertido museo.
El 24 de marzo, la fecha elegida para la apertura, se verá. Lo que sí está claro es que la eventual inauguración profundizaría el cisma en los organismos de derechos humanos. Y esa es, definitivamente, una ventaja que no estamos en condiciones de dar en la pelea por Memoria, Verdad y Justicia.

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