La violencia política fue eje del alegato de Hijos en Rosario

Nadia Schujman y Santiago Bereciartua

(Por La Retaguardia) En este proceso se juzgan los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex Servicio de Informaciones de la policía de Rosario contra 43 víctimas. Dialogamos con Nadia Schujman, subsecretaria de Derechos Humanos de la zona sur de Santa Fe y abogada querellante de Hijos Rosario, agrupación que integra, sobre su alegato en el que se pidieron penas de prisión perpetua y 25 años para los diez imputados, y en el que por primera vez –aseguró– “se abordó sin tapujos el tema de la violencia”.

“Una de las características de Feced, además de ser una Megacausa, es la cantidad de sobrevivientes que hay del Servicio de Informaciones, y eso hace que sean muchos los testimonios que hay para analizar. Son muchos los desaparecidos y asesinados pero son cientos también los sobrevivientes. Es un centro clandestino por el que se calcula que pasaron entre 1500 y 2000 personas y eso hace que el circuito haya sido distinto. Todos los compañeros sufrieron los secuestros violentos, las torturas, las desapariciones en un primer momento; pero después, algunos, lamentablemente muchos, fueron asesinados o desaparecidos, presentados como intentos de fuga o enfrentamientos fraguados, o directamente desaparecidos y otros fueron blanqueados, al ser muchos tenemos entonces su relato, su voz valiente, para poder reconstruir todo lo que sucedió”, contó Nadia Schujman en el inicio de la entrevista con el programa Oral y Público.
En el alegato que realizó junto a Santiago Bereciartua, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se pidieron 25 años para los ex policías José Rubén Lo Fiego, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Julio Fermoselle, Ovidio Olazagoitía, Ricardo José Torres, Pedro Travagliante, Ernesto Vallejos, Julio César Nast y Eduardo Dugour, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y asociación ilícita; mientras que para Carlos Ulpiano Altamirano exigieron prisión perpetua: “es el único que en este juicio tiene imputados homicidios en un caso en el que Hijos es el único querellante, porque no hay familiares directos vivos o que estén en el país de estos homicidios. Sí hay siete sobrevivientes que fueron testigos de esos homicidios, que son militantes que siempre han declarado y siempre nos reclamaron como organización que no dejáramos caer en el olvido de la impunidad esta causa. Esto fue lo que motivó que como Hijos nos constituyéramos como querellantes por primera y única vez como organización en una causa, además de que estamos representando a muchas víctimas particulares, muchos familiares y sobrevivientes en esta causa, que fue emblemática”, señaló Schujman.

El Servicio de Informaciones (Altamirano y el sueño de la patota propia)

En relación a los homicidios por los que es juzgado Altamirano, la actual subsecretaria de Derechos Humanos de la zona sur de Santa Fe, relató: “en 1976 toda la represión en Rosario se concentraba en el Servicio de Informaciones, en cambio en 1978 el Ejército ya tenía sus centros clandestinos y su patota propia; en ese momento que ya la represión más feroz se había llevado adelante, la patota hacía rondas los viernes a la noche, y en ese marco detienen el 16 de diciembre de 1978 a Conrado Galdame. Al día siguiente mientras lo estaban interrogando le hacían, como a tantos compañeros, simulacros de fusilamientos, poniéndole un arma en la cabeza, haciendo como que iban a gatillar, pero se les escapa un tiro y lo matan. Frente a ese panorama, y para tapar ese homicidio no tienen mejor idea que ir a la casa donde vivía Galdame y matar a todas las personas que estaban ahí, que eran dos hermanos peruanos, amigos de Galdame, simulando un enfrentamiento de una manera muy burda. Esto motiva un conflicto diplomático con Perú. El tío y el padre de estos peruanos de apellido Céspedes Chung, eran militantes, y también detuvieron a otras personas ese día, entre ellos el novio de esta chica también de nacionalidad peruana, que los padres tenían relaciones diplomáticas. Esto además motiva un conflicto entre la patota de Feced y el Ejército porque el Ejército no fue consultado para llevar adelante esto. Esto es algo que se hace por fuera del Ejército y estos sobrevivientes escuchan cuando el Ejército prácticamente interviene el Servicio y les reclama que ellos no se van a comer lo del enfrentamiento, habían plantado las mismas armas que hace tres años venían plantando, era insostenible. A su vez se da la visita de la Comisión Interamericana, lo que acelera que se desmantele el Servicio de Informaciones a principios de 1979. Es una causa muy emblemática que está siendo juzgada por primera vez después de 35 años”.

La violencia política debatida en el juicio

El alegato de esta querella llevó dos audiencias, en las que Schujman y Bereciartua buscaron reflejar también ciertas situaciones vividas a lo largo de todo el juicio: “vivimos momentos de mucha tensión, generados por los imputados porque hubo mucha provocación, ostentación de la impunidad que tanto tiempo gozaron –reflejó Schujman–, prácticamente un orgullo de los delitos que cometieron y que no tienen la valentía de reconocer y decirnos dónde están los compañeros, que es lo único que queremos escuchar de ellos. Injuriaron a las víctimas, diciendo barbaridades de quienes tengo el orgullo de representar, por lo cual nos pareció necesario, ya que hablaron tanto sobre la teoría de los dos demonios y la violencia de las organizaciones armadas, abordar sin tapujos el tema de la violencia en la Argentina, y creo que fue una de las cosas que tuvo de novedoso nuestro alegato”.
En diálogo con Oral y Público, la abogada e integrante de Hijos detalló que se refirieron acerca de hasta dónde se remonta la violencia por parte del Estado en la historia argentina: “en sí mismo nuestro Estado nació a partir de un genocidio y esto está reconocido por el Tribunal Oral Nº1 de Rosario en la causa Porra (segunda parte de la causa Guerrieri), allí se reconoce la existencia de un primer genocidio a los pueblos originarios, y después cómo un poco esta escalada de violencia por parte del Estado fue creciendo en los sucesivos golpes de estado, siempre a favor de los intereses de las mismas minorías, y en el marco de la proscripción del peronismo, de los bombardeos del ’55 en los que se asesinó a más de 300 personas y se atacó a la población indefensa, de las universidades intervenidas, de las torturas, de los secuestros, en ese marco nace a la vida política la generación del ’70, la generación de las víctimas de esta causa. Entonces en ese escenario impuesto por las fuerzas armadas de violencia muchos compañeros creyeron que la violencia era el único camino posible de transformación de la realidad, cuando además en el contexto internacional en los países del tercer mundo se estaban dando procesos en los que realmente se creía que se podía cambiar la realidad y la distribución de la riqueza, pero Estado Unidos no estaba dispuesto a eso y por eso existió lo que todos conocemos como el Plan Cóndor”.
A su vez, Schujman agregó: “yo les dije a los jueces muy claramente: ¿por qué vamos a negar que los compañeros eligieron la lucha armada?, que algunos de los que represento dijeron en este juicio que pertenecían a Montoneros y el grado que tenían, no hay por qué negarlo, porque eso no cambia en nada la responsabilidad de los imputados, que formaban parte de las fuerzas de seguridad del Estado y que cometieron los delitos más aberrantes. Me parece que era algo que era necesario poder decir, que no es el primer juicio que llevamos adelante, ya vamos trece juicios y ya es un momento en que esto podía y debía abordarse, porque eso no cambia en nada la responsabilidad de los imputados, porque justamente los estamos juzgando porque son delitos de lesa humanidad”.

Tomar las armas, ni torturar ni desaparecer

De la charla con Nadia Schujman también participó Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, quien en un programa anterior de Oral y Público había reflexionado acerca del juicio a las juntas y cómo muchos testimoniantes debían prácticamente ocultar su militancia política porque era visto como una justificación de los secuestros. De aquel juicio al alegato en la causa Feced II se ha transitado, sin duda, un largo y difícil camino. “Independientemente de la decisión que se haya tomado en algún momento de la historia por parte de una infinidad de compañeros de asumir la violencia como parte de una herramienta política –reflexionó al respecto Basterra–, los compañeros jamás torturamos y jamás hicimos desaparecer. Esta es la respuesta que yo a veces les he dado a algunos legisladores de la derecha a los que he guiado en alguna visita al predio de la ESMA, y me enrostraban tratando de tomar la teoría de los dos demonios. Cuando yo les hablaba de la violencia, decía que una cosa es la violencia política y otra cosa la violencia del Terrorismo de Estado estableciendo la tortura y la desaparición como método, y ahí los tipos se quedaban en el molde porque no tienen argumentos”.
Respecto al planteo efectuado por Schujman en su alegato, Basterra destacó: “es una lectura política basada en los datos de la realidad, cuando te cortan todos los caminos te proscriben durante años y años, no solamente te bombardean sino también te fusilan, siempre va a haber una respuesta por parte del pueblo”.
En este punto, la propia Schujman agregó: “está claro que yo hoy puedo decir esto porque se recorrieron estos 38 largos años y porque era inevitable que en los testimonios de los juicios a las juntas los organismos de derechos humanos de aquel momento no les quedara otra que presentarse como blancas palomas y que cualquier reconocimiento, no solo del uso de la violencia sino de la militancia, era como inculparse como si no fueran víctimas por haber sido militantes, que es algo que también he dicho en todos los alegatos, siguen siendo tan víctimas porque justamente la aberración de los delitos cometidos no cambia nada, al contrario es un agravante para el delito de tormentos por ser perseguidos políticos porque está claro también que fue un genocidio, que no era un ataque indiscriminado contra la población sino que fue contra un grupo dirigido, enorme, pero que ellos construyeron como el enemigo interno, que era en realidad eliminar un proyecto político que no tuviera que ver con el proyecto económico que vinieron a implantar”.
Schujman remarcó especialmente el testimonio de Victorio Paulón, dirigente de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) de Villa Constitución, en el juicio: “fue muy claro al hablar de las muertes de José López Rega y Jorge Rafael Videla, a quien no pudieron enterrar ni en su pueblo, por el que el diario La Nación se llenó de lamentaciones por su muerte. Todavía quienes fueron los ideólogos o quienes también se beneficiaron con esto utilizaron a las fuerzas armadas, que por eso no los hace menos responsables para nada, y siguen ocupando determinados lugares sobre los que también tenemos que avanzar. Esto también lo dijimos un poco en el alegato porque el abogado defensor particular de seis de los imputados siempre insistía con esto de sugerir de que acá falta juzgar gente, empresarios, jueces, y yo le decía que en eso le vamos a dar la razón, pero que eso no cambia nada de la responsabilidad de los autores materiales directos de esto, solo nos da dimensión de lo que fue el Terrorismo de Estado, justamente la dimensión que tuvo, y también en eso creo que estamos avanzando con la causa Ford, Blaquier, Papel Prensa, Massot; es un norte hacia el que vamos también”.

El tribunal que lleva adelante este juicio es el Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario, integrado por los jueces Noemí Marta Berros, María Ivón Vella y Roberto Manuel López Arango: “ojalá el tribunal esté a la altura de las circunstancias. La verdad que la presidencia ha sido muy respetuosa con las víctimas, nosotros sentimos que marcaron una diferencia respecto a otros jueces en el respeto con los que los han tratado y espero que esté también a la altura en el monto de las penas”, cerró Schujman.
Las audiencias de este juicio continuarán recién el próximo 28 de agosto, a las 10.