21 oct. 2014

Salta es de las provincias que ha tenido
más juicios (Foto: Crónica del Noa)
(Por La Retaguardia) Fue en la sentencia dictada a fines de septiembre en el último de los juicios realizados hasta el momento en la provincia por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar. En este marco, dialogamos con el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila sobre las características particulares de este proceso, y de las otras instancias en la provincia; además de compararlo con la situación en Jujuy, con la que Salta comparte las Cámaras Federal y de Apelaciones. Por otro lado, el juez Poviña dictó prisión preventiva contra el ex juez Ricardo Lona.

El 29 de setiembre pasado, el Tribunal Oral Federal de Salta condenó al ex jefe del Ejército de la provincia Carlos Mulhall, al ex jefe de la Policía local Miguel Gentil, al comisario retirado Rafael Perelló, y a los ex agentes Eduardo del Valle, Andrés Soraide y Marcos Medina a prisión perpetua por los delitos cometidos contra 12 víctimas en jurisdicción del departamento de Metán, al sur de la provincia.
Entre los casos por los que fueron juzgados se encuentra el de una mujer que fue secuestrada en diciembre de 1976 cuando tenía 15 años. Durante doce meses estuvo detenida en comisarías y casas particulares, donde fue sistemáticamente violada, quedando incluso embarazada. Tras el primer año de secuestro, el por entonces comisario de Metán, Eduardo Humberto Sona, la vendió a un empresario con quien vivió hasta la muerte del hombre en 1985.
Por este caso, tres de los imputados fueron condenados por los crímenes de privación ilegal de la libertad, tormentos, violencia sexual y -por primera vez en un contexto de lesa humanidad- corrupción de menores, un pedido efectuado especialmente por los fiscales Juan Manuel Sivila y Francisco Snopek.
En diálogo con Oral y Público, Sivila se refirió a este juicio: “se llega a través de un plan presentado por el Ministerio Público Fiscal, relativo al modo en que debían realizarse los juicios en la provincia de Salta y el criterio fundamental para llevarlo adelante fue el geográfico, trabajar por zonas de la provincia, entonces este juicio estaba referido a la zona sur de la provincia donde se había dispuesto una intervención militar a partir de la intervención del municipio de la ciudad de Metán. A partir de ahí el gobierno militar hacía el control de las acciones represivas que se desplegaban en todo el sur de la provincia, es decir los departamentos de Rosario de la Frontera, Salta y Metán. El juicio tenía a 12 víctimas y se enjuiciaron a seis imputados, algunos militares y otros policías, todos fueron condenados a prisión perpetua y también se dispuso en todos los casos la prisión de cumplimiento efectivo en la unidad penitenciaria de la provincia de Salta”.
A pesar de que los familiares querían que el juicio se desarrollara en la localidad de Metán, las audiencias se llevaron adelante en la capital provincial. El día de la sentencia, el tribunal, integrado por Federico Santiago Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Gabriel Eduardo Casas, se trasladó a la Sala Miguel Ragone del edificio del Poder Judicial de Salta.

Misma Cámara, diferentes realidades

Los juicios por delitos de lesa humanidad en Salta comenzaron con la causa por la desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos, cuya condena se conoció en abril de 2010.
Luego se dieron dos sentencias en procesos por escrito, ambas por la Masacre de Palomitas; en diciembre de 2010 y en junio de 2011 fueron condenados a perpetua por este caso Carlos Mulhall, Luciano Benjamín Menéndez, entre otros.
Ya en procesos orales, en octubre de 2011 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal llevó adelante el juicio por la desaparición del ex gobernador de Salta Miguel Ragone. En diciembre de 2013 fue el momento de la Megacausa Salta, en la que fueron condenados 15 represores por crímenes cometidos contra 34 víctimas. Y finalmente, el 29 de setiembre fue el turno de la causa Metán.
A pesar de que Salta y Jujuy comparten la misma Cámara de actuación, persisten diferencias en los tiempos de juzgamiento a genocidas. Desde Oral y Público le consultamos al fiscal Sivila a qué se debe esta diferencia, más allá del conocido peso económico que mantiene Pedro Carlos Blaquier y su empresa Ledesma: “tiene que ver con algunas cuestiones que estaban obstaculizando el avance de los procesos en Jujuy que se lograron destrabar, ahí fue muy cuestionada la actuación del juez que era subrogante, Olivera Pastor, que actuaba en Jujuy. También se menciona la responsabilidad que tuvo en eso el Tribunal Superior que es la cámara que tiene su asiento en la provincia de Salta. En Salta los juicios se iniciaron con mucha antelación. En Jujuy se está avanzando, próximamente, el mes que viene empezará el tercer juicio por delitos de lesa humanidad”, expresó.
El mismo día de la entrevista con el fiscal se conoció la información que el juez Fernando Poviña, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, dictó la prisión preventiva para el ex juez federal de esa provincia Ricardo Lona. Lo considera “cómplice primario” del asesinato de de 11 detenidos políticos en la Masacre de Palomitas. Al respecto, Sivila precisó: “esta tarde se notificó a las partes que en el marco de la causa conocida como Palomitas, se dictó un auto de prisión preventiva, se revocó la eximición de prisión que se le había concedido a este ex juez federal y se dispuso un embargo. Esto tiene una gran importancia para el avance de los procesos por delitos de lesa humanidad en Jujuy, ya que fue un proceso también muy costoso en términos de tiempo y dilaciones que se dieron por distintas recusaciones, excusaciones de magistrados, tanto de jueces como de fiscales”.

Lo que sigue

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta dispuso que el 17 de noviembre comience un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia. Serán cuatro acusados, Mulhall; Miguel Raúl Gentil y Virtom Modesto Mendíaz (ambos fueron jefes de la Policía local) y Joaquín Guil, ex jefe del área de Seguridad de la Policía. Será por los crímenes cometidos contra 17 personas, ocho de ellas fueron asesinadas o se encuentran desaparecidas.
En tanto, para la primera semana de noviembre está previsto el inicio del varias veces postergado tercer juicio en Jujuy. El principal acusado será el coronel retirado Horacio Domingo Marengo, acusado de “privación ilegítima de la libertad calificada y torturas” contra 30 víctimas.

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