5 jun. 2015

(Por La Retaguardia) Una noticia inesperada comenzó a correr en los círculos vinculados a las causas por crímenes de lesa humanidad: un imputado había entregado información valiosa sobre un operativo en el que fueron asesinados 2 militantes y apropiados temporalmente sus 2 hijos. Otro dato agregó relevancia al hecho: fue en el marco del juicio más grande la historia argentina: la megacausa ESMA.
Gonzalo Torres de Tolosa, un civil imputado en el juicio, relató cómo "se ocupó" de la apropiación temporal de los hijos de Mario Koncurat y Claudia Urondo, la hija de Francisco Urondo, y confirmó que la pareja fue asesinada en el mismo operativo.
El día anterior, Ricardo Miguel Cavallo, "Sérpico", acusó a los fiscales de prejuzgarlos y mostró, en una clara señal de intimidación, fotos de la fiscal en charlas públicas y entrevistas periodísticas, entre ellas una publicada en La Retaguardia y que se realizó durante una emisión de Oral Y Público. La fiscal Mercedes Soiza Reilly, lejos de dudar acerca del derecho a informar y recibir esa información pública, dio todos los detalles en una nueva entrevista y reflexionó acerca del rol de los fiscales en estos juicios.


Esta etapa del megajuicio de la ESMA (el más grande de la historia jurídica argentina), está llegando a su tramo final. No sin tironeos y chicanas, la tensión crece cuando se acerca el momento de los alegatos de las partes. Soiza Reilly dice que el clima no los alcanza solo a ellos: "es una tensión no solo para los fiscales, sino, yo creo, más para los imputados. El momento de los alegatos es la discusión final, es en donde la Fiscalía entrecruza todos los elementos probatorios testimoniales, documentales, y llega a una decisión, ya sea de condena o de absolución, con este cúmulo probatorio", señala la fiscal.

¿Imparciales?

Pero no solo es tan técnica la cuestión; la tensión toma formas, en algunos casos, cercana a la intimidación: "en estas audiencias algunos imputados comienzan a reeditar planteos que se fueron haciendo a lo largo de tantos años de juicios. Pareciera que nos olvidamos de aquellos planteos o aquellas cuestiones que ya fueron tratadas y que se vuelven a tratar. Unos de los puntos fundamentales para tocar —por lo menos desde el Ministerio Público Fiscal, entendemos que son muy importantes— son temas que tienen que ver con cómo comunica un fiscal lo que va ocurriendo en el juicio. Te digo esto porque fuimos cuestionados por pérdida de objetividad algunas veces por nuestras apariciones, como en este caso, cuando damos a conocer alguna cuestión de lo que va ocurriendo en el devenir de los juicios. Concretamente, la defensa del imputado Cavallo hace casi un año planteó que nosotros —Guillermo Friele como yo, quienes estamos a cargo de la acusación en la megacausa ESMA— habíamos perdido la imparcialidad por enemistad manifiesta. En su momento, contestamos una vista en relación a este tema de la imparcialidad y nos preguntamos si en verdad los fiscales deben ser imparciales. Y ahora voy a tratar una cuestión técnica. ¿Qué significa la garantía de imparcialidad y qué significa la garantía de prejuzgamiento? Atacar a una persona o a un funcionario judicial porque no es imparcial significa que yo tengo que tener una investidura de juzgador. Es decir, un fiscal que, en realidad, llega contaminado con la lectura del expediente y demás, porque es lo que va a tener que probar durante los largos meses o años —en este caso— que dure la causa. Contaminado en el sentido de hacerlo con la lectura de todos los elementos probatorios. En cambio, un juez no. Debería ser un juez quien escuche en la audiencia y forme su criterio en la audiencia. Por lo tanto, nosotros creemos que quien prejuzga es el juez, y no es el fiscal, porque el juez prejuzga porque juzga; el fiscal, en cambio, no juzga, sino que acusa. Este argumento de la imparcialidad, que nosotros violamos la garantía de imparcialidad, fue rechazado por el Tribunal, y en la audiencia del día de ayer este imputado vuelve a reeditar el planteo, esta vez porque en su momento dijimos que el fiscal tiene que ser objetivo, y ahora plantea el imputado que perdimos la objetividad. No la perdimos, justamente, porque nuestra función como fiscales es comunicar, comunicar cómo va el avance del juicio, si es que retrocede; las distintas audiencias que se van sucediendo en las audiencias", reflexionó la fiscal, acerca de su rol y de la objetividad, que parece ser un tema pendiente de debate tanto como en el periodismo.

—LR: Como pruebas de que ustedes teóricamente han perdido la imparcialidad, Cavallo mostró notas periodísticas.

—MSR: Exactamente. El Tribunal permitió —nosotros estamos en contra de esto— que el imputado haga una suerte de tarea de inteligencia en torno a imágenes nuestras publicadas en la web. Así, las llevó a la audiencia y nosotros aparecimos en imágenes una conferencia o en una charla. El Tribunal tiene dicho que toda exhibición de fotos ingresan a ser parte de la prueba en el juicio, por lo tanto, nuestras fotos son parte de la prueba en el juicio, cuando en realidad nosotros no somos el objeto procesal de este juicio , no somos imputados ni somos víctimas. Nos pareció absolutamente innecesaria la exhibición de fotografías.

—LR: ¿De qué eran las fotografías?

—MSR: De Página 12. Una fotografía en una charla que fuimos a dar con las Madres de Plaza de Mayo y otra fotografía en una casa de militancia a la que fuimos a hablar sobre el avance de los juicios. En relación a los avances de los juicios y por qué nosotros podemos comunicar, hay un principio constitucional, la publicidad de los actos de gobierno. ¿Qué significa este principio constitucional? Que el ciudadano puede ejercer un control en todos los actos que sean de gobierno, en este caso, un control sobre la actuación tanto de fiscales como de jueces. Nosotros somos controlados por los ciudadanos. Por eso mismo nosotros podemos comunicar cómo va el avance de los juicios, porque, justamente, nos pueden controlar. Estamos cumpliendo una manda constitucional.
Ayer (por el miércoles) en la audiencia apareció en la megapantalla una nota que brindamos los fiscales a La Retaguardia. Fue otro de los actos de exhibición dentro del juicio. Los imputados no acceden a internet dentro las unidades penitenciarias. Esto no es un capricho de los penitenciarios, sino que tiene que ver con cuestiones de seguridad (por internet se puede montar una fuga). Con lo cual, hay colaboradores que le han acercado este material para que él pueda hacer esta proyección. Y eso es aún más peligroso todavía, porque genera temeridad, porque intenta decirnos, como un metamensaje, "ustedes están siendo mirados, observados, seguidos".

—LR: Además, el juicio es oral y público y uno puede preguntarles a ustedes y ustedes pueden responder con libertad. En todo caso, no podrán adelantarse o emitir opinión.

—MSR: Exactamente, eso es lo que no podemos hacer, pero sí podemos explicar el avance de los juicios. Y más aún cuando tuvimos tantos años de una justicia secreta y oculta en la que nadie conocía el modo de actuar de un juez o un fiscal. Y con estos impulsos que hay a nivel estatal, como "La escuela va a los juicios", entendemos que el rol del Ministerio Público Fiscal es este, el de comunicar.

—LR: Ricardo "Sérpico" Cavallo estuvo prófugo de la justicia muchísimos años y fue encontrado en México formando parte del poder.

—MSR: Ejercía un cargo público. Fue reconocido por los medios de comunicación, porque también tenía exposición pública. Es así como un grupo de sobrevivientes lo reconoce en la televisión. Tenía una vida normal, se le cortó cuando fue detenido, extraditado a España y después a la Argentina.

—LR: ¿Ayer dijo algo de los delitos por los cuales están imputado?

—MSR: No. Lo llamativo es que no se refiere a los "hechos imputados". Es llamativo de una persona que tiene otro tipo de información... pero nada dijo en relación a la acusación directamente o a cada hecho que se le imputa.

—LR: Entendiendo quién es Cavallo, quiénes fueron los personajes que actuaron en la ESMA, la cantidad de delitos por los que están juzgados y el poder que evidentemente aún conservan, en algunos casos, ¿este accionar te genera inseguridad en lo personal?

—MSR: Preocupación por el nivel de información que puede llegar a manejar. Pero, por otro lado, nos hace cada vez más fuertes, porque conociendo a mi equipo de trabajo y conociéndome a mí también, esto no nos va a generar ningún tipo de debilidad al momento de plantear nuestra final en los alegatos. Los fiscales estamos llamados a respetar la Constitución Nacional como primera norma, y en este caso entendemos que dando conocer lo que ocurre en los juicios, ya sea dando a conocer informaciones de cómo avanza el juicio, o distintas circunstancias de lo que va aconteciendo, respetamos el principio constitucional de la publicidad de los actos de gobierno y el control ciudadano. Nos hace cada vez más fuertes.

Hablar no cuesta nada

Pero lo más importante ocurrió en la jornada del jueves: en uso de su derecho a tomar la palabra en ampliación de la indagatoria, Gonzalo Torres de Tolosa habló. En su intervención entregó datos acerca de cómo fue el operativo en el que asesinaron a la pareja Koncurat-Urondo y cuál fue el derrotero de los niños de ambos, que luego fueron entregados a sus abuelos: "Hoy (por ayer) declaró Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa. Era un abogado, funcionario judicial y que, conforme lo imputado por el fiscal de instrucción Eduardo Taiano, formaba parte del grupo de tareas de la ESMA por bastantes años. Lo cierto es que en el juicio de hoy solicitó ampliar la declaración indagatoria y dio cuenta de una noticia, o por lo menos, de esos hechos que él había vivido, de la entrega de dos menores, diciendo que sus padres habían sido asesinados por el grupo de tareas de la ESMA. Los menores son Nicolás y Sebastián Koncurat, y los padres son Claudia Urondo, hija de Paco Urondo, y Mario Lorenzo Koncurat", aseguró la fiscal.

—LR: ¿Ambos chicos fueron testigos en la causa o uno solo?

—MSR: Fueron ambos.

—LR: Recuperaron su identidad.

—MSR: En verdad, ellos habían sido dejados el 3 de diciembre de 1976 en una guardería. Su madre había quedado, como todos los días, en pasar a buscarlos y ese día no regresa porque fue asesinada por el grupo de tareas, conforme lo que expresa Torres de Tolosa. Los niños se quedan esa noche a dormir en la casa de la titular de la guardería y al día siguiente ingresan en una comisaría y directamente al Instituto Riglos. Lo llamativo es que intervienen el juez Oscar Hermelo y el secretario, Torres de Tolosa, en el Juzgado. Y quien se encarga de los trámites tutelares de los menores es el imputado Torres de Tolosa.

—LR: Torres de Tolosa es civil.

—MSR: Es un funcionario público, pero civil, porque fue visto dentro de la ESMA como civil, pero de funcionario público.

—OYP: ¿Por qué está imputado?

—MSR: Por casi 500 hechos ocurridos dentro de la ESMA, desde privaciones ilegales de la libertad, tormentos y hasta homicidios, y por los crímenes cometidos contra Mario Koncurat y Claudia Urondo. En la indagatoria él dice que va a buscar información a la ESMA y que ahí le dicen que, efectivamente, que habían dado muerte a la pareja en un enfrentamiento, como él los llama, con 14 miembros del grupo de tareas y solo 2 víctimas que repelieron la agresión. Como dijo el imputado, "o las víctimas morían, o se entregaban", no había otra alternativa en los casos de las privaciones ilegales de la libertad y los asesinatos. Para nosotros es un dato bastante nuevo, por lo menos que venga de él, y creemos que amerita poder avanzar, ya extrayendo testimonios para el  Juzgado de instrucción, en la posibilidad de que existan otros menores en estas condiciones en el Juzgado de aquel entonces, de Hermelo.

—LR: ¿Torres de Tolosa es abogado?

—MSR: Sí, es abogado.

—LR: ¿Es verdad que dijo que hasta aquí su propio defensor no lo había dejado dar esta confesión?

—MSR: Sí, exacto. Pidió la detención de sus defensores oficiales por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero además dejó bien claro que él no daba ningún tipo de información, que quiso darla antes, incluso, contactarse con los menores, pero le fue recomendado, o pedido, en realidad, directamente por el defensor oficial para que no devele esa información porque no le convenía. Fueron las palabras que utilizó el imputado.

—LR: Entonces, ¿él pide permiso a sus jefes en la ESMA y lleva a los chicos al Instituto Riglos?

—MSR: Pide permiso para entregarlos a los abuelos.

—LR: ¿Para sacarlos del instituto y entregárselos a sus abuelos?

—MSR: Claro. Porque lo que dice es que, en realidad, Acosta le dijo que los menores se queden en el instituto. Y había particularidad en el caso: los menores habían ingresado al jardín de infantes con documentación falsa y, por lo tanto, no llevaban el apellido Koncurat, llevaban solo los nombres de pila.

—LR: Sus padres, para protegerlos, habían hecho que los chicos estuvieran con nombres falsos.

—MSR: Exacto. Y pensemos la situación de la familia Urondo: ya habían asesinado a Paco Urondo, ya habían secuestrado a otra de las hermanas de Claudia. Era una familia altamente perseguida porque era portación de apellido importante en esa época. Frente a esto, Torres de Tolosa fue a chequear que el nombre que habían ingresado los menores correspondía a los nietos de Paco Urondo. Los chicos pasaron meses en el instituto de menores —esto también hay que aclararlo— hasta que fueron restituidos a los familiares. Es decir que esto no fue un proceso de un día para el otro. Cuando los niños fueron entregados a sus familiares tenían desnutrición, lesiones corporales, uno de ellos lloraba muchísimo, tenían una angustia impresionante. Pero más que nada, estaban lastimados. Hay una gravedad importante del instituto de menores, siempre bajo —recordemos— la órbita o los designios de la ESMA.

—LR: ¿Qué contaron los chicos cuando declararon?

—MSR: Fue una experiencia muy importante para ellos, fue la primera vez que declaraban, que judicializaban su relato. Declararon todas las referencias que habían obtenido de sus familiares, de algunos amigos y de los sobrevivientes, lo poquito que pudieron relatar de lo que había ocurrido con sus padres. Miguel Ángel Lauletta fue uno de los testigos que relató que habían llegado muertos a la ESMA. Tenían no más que eso y algún otro relato aislado sobre que sus padres aparecían en una lista, pero no tenían la certeza de qué había ocurrido. Por ejemplo, no se sabía que habían sido asesinados juntos.

—LR: ¿Quedan todavía imputados que pueden hacer uso de la palabra?

—MSR: Hay varios imputados que han pedido hacer uso de la palabra. Después queda la decisión —esto es muy importante— del Tribunal en la ampliación por abusos sexuales que solicitó la querella encabezada por Carlos Lordkipanidse y Patricia Walsh, de Justicia YA!. La Fiscalía acompañó el pedido. Eso, entiendo, va a ser decidido el lunes. Va a ser muy importante que se comiencen a visibilizar crímenes que estaban ocultos.

—LR: ¿Se imputarían aparte los delitos sexuales, no estaban englobados en los delitos por los que están siendo juzgados?

—MSR: Es casi técnico lo que nos ocurre con los delitos sexuales. Es técnico, pero desde una mirada desde perspectiva de género. En realidad, los delitos sexuales se incluían dentro del tipo penal tormento, y lo que ocurría es que todo consistía ante un tormento: la llegada al centro clandestino, las condiciones inhumanas de cautiverio y los abusos sexuales venían a ser una suerte de tormento. Lo cierto es que con el avance de las causas veíamos que no se profundizaba sobre lo que les había pasado a las víctimas, tanto hombres como mujeres, en relación a los abusos físicos sexuales que habían recibido. Esto comenzó a avanzar y con políticas de perspectiva de género y para ver qué es lo que había ocurrido, se comenzaron a escindir estos tormentos de los abusos, porque el tipo penal de abuso sexual estaba tipificado en la norma y podíamos separarlos, pero siempre entendidos como un plan sistemático de exterminio. Es decir, se da una continuidad delictiva: la privación ilegal de la libertad, el tormento, el abuso y la disposición final, el homicidio o la libertad. Viene a ser parte de esa continuidad delictiva.

—LR: ¿En los anteriores segmentos de la megacausa ESMA esto no se trató?

—MSR: No se trató. Se invisibilizaron o salieron al final de la causa, y se llegó a sacar algunos testimonios que ingresaron, se judicializaron nuevamente, y el problema es que ocasionaron que quede parada cuatro años. No se hizo nada más al respecto. Solo dos mujeres fueron a declarar porque el resto entiende que se revictimiza, declarar una y otra vez ante distintos operadores judiciales, a lo mejor, sin ningún tipo de contención. Desde el MPF trabajamos con equipos interdisciplinarios de contención para las víctimas, pero esto no ocurre en todos los casos. Y frente a esto las víctimas no quieren volver a declarar, a evocar, porque les hace mal —es entendible, por supuesto—, entonces, la causas permanecieron paradas. Solo por dos víctimas y se imputó a dos imputados. A ver esto, nosotros decidimos, en algunos casos, ampliar la acusación. En otros, tal vez podemos pedir un cambio de calificación, pero son temás técnicos que los vamos a ver al momento de los alegatos. Pero por estos casos —muy poquitos, eran testigo que nunca  los habían denunciado—, como vinieron al juicio oral a denunciarlos, entendimos que estábamos habilitados para hacerlo.

Cerca del final

—LR: ¿Cuándo serán los alegatos?

—MSR: Creemos que a fines de junio, casi confirmado el 22 de junio. Pero todavía no tenemos una fecha exacta.

Antes de despedirse, la fiscal recupera el valor de la entrevista como vehículo en el camino de la información pública: "agradecemos la entrevista porque esto es importante para el Ministerio Público Fiscal y para reforzar nuestra actuación en las causas de lesa humanidad, que son causas muy largas y nos generan mucho trabajo, pero también sabemos que estamos reconstruyendo la historia de a poquito, pero son esenciales para un Estado de derecho como el que tenemos y en el que estamos viviendo".

Allí están, construyendo la historia. No son sobrevivientes, tampoco abogados querellantes, pero el rol de los fiscales en las causas por delitos de lesa humanidad se ha convertido en este caso en lo que debería ser siempre: el de aquellos que representan a la sociedad desde el Estado. Como no siempre es así, vale rescatarlos una vez más. DESCARGAR

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