29 mar. 2017


El PAI (Programa de articulación institucional), que ha sido hasta ahora parte del Registro nacional de información de personas menores extraviadas -el registro de chicos perdidos-, estaría siendo desarticulado por un decreto que lo reubicaría en la órbita del Ministerio de Seguridad. (Por La Retaguardia)

Foto: archivo Agustina Salinas.

Este programa tiene aproximadamente cinco años, y fue creado dentro del Registro en respuesta a necesidades concretas de denuncias que llegaban. Ante algunas búsquedas de chicos comenzaron a advertir que no se habían extraviado sino que se trataba de idas de casa, y de conductas que se repetían. Se trataba de niños en situación de calle, o con experiencias de vida en calle. En esas situaciones, la carpeta se derivaba al PAI, cuya función era articular con instituciones locales, organizaciones no gubernamentales, dispositivos y organizaciones territoriales para asistir en el trabajo con la niña, el niño o el adolescente y el acompañamiento a las familias.
De esa manera y con la construcción de esas redes el programa llegó a sostener seiscientos seguimientos de las diversas situaciones, que requerían intervenciones particulares, y muchas veces complejas como las propias situaciones.
Desde el comienzo de esta gestión no habría habido ingresos. Y se multiplicaron los pedidos de cierres de carpetas, con diferentes motivos: que la persona había alcanzado la mayoría de edad, que estaba en conflicto con la ley penal, y otras excusas. Hasta entonces, el programa solía contener estas situaciones a pesar de que la competencia del mismo era hasta los 18 años.
Desde hace algún tiempo, circulaban rumores de que el Registro podía pasar a seguridad a la Unidad de búsqueda de personas. Las y los trabajadores del PAI, que depende del Registro, se preguntaban qué sucedería con su tarea.
El equipo del PAI estaba conformado aproximadamente por 25 personas, de las cuales 18 trabajaban en territorio. Ese número se redujo a 5, ya que el resto fueron empujados a pedir pases porque se eliminó el pago de viáticos, indispensables para la realización de su tarea, se les redujeron las salidas de calle de tres días a dos días, y se generaron condiciones para que no pudieran quedarse en el programa, entre otras la mudanza de la oficina desde el microcentro a la ESMA.
En los últimos días se confirmo el rumor de que por decreto, el Registro pasaba al ministerio de Seguridad y junto con él, el PAI, con el agravante de que no todo el plantel de trabajadores seguiría siendo parte, sino solo una lista de 5 personas, todas ellas profesionales. El resto, quedan “colgados” sin haber recibido explicaciones hasta el momento.
Preocupa el destino de las y los trabajadores. Pero, además, quedan sin respuesta algunas preguntas: ¿con esa cantidad de personas podrán seguir sosteniendo la tarea? ¿desde Seguridad, trabajarán desde la perspectiva de protección de derechos?
Las más perjudicadas, una vez más, parecen ser las personas vulnerables que el programa acompañaba.

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