22 mar. 2018


Se realizó en Rosario una audiencia de la Cámara Federal en el intento de reabrir la causa por la muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure. La querella pretende que la muerte del militar secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974 se catalogue como un crimen de lesa humanidad. Gabriel Ganón, el abogado de Luis Mattini, que quearía imputado en tal caso, habló acerca del desarrollo de la audiencia y contó los ridículos argumentos que realizó la querella. (Por La Retaguardia / Radio Popular Che Guevara (Rosario) y programa radial Contra la Pared (Rosario)) Foto: Nora Cortiñas junto a Ganón.




“Hoy tuvimos una audiencia muy larga. Durante el transcurso de la audiencia no estuvo presente la fiscalía porque existe una directiva del Procurador General de la Nación, que es muy clara. Una directiva que fue generada por el Procurador General (Esteban) Righi como consecuencia de este intento de reapertura de la causa que comenzó allá por el 2007 y fracasó. Se fue derrumbando cada uno de los puntos de la querella para querer reabrir esta causa. La querella, básicamente en toda su exposición, se fundamentó en querer equiparar el ataque al cuartel de bombas y explosivos de Córdoba como si fuese un hecho de guerra y trató de equiparar esta acción que derivó en el secuestro y posterior fallecimiento del por entonces Mayor Argentino del Valle Larrabure en un crimen de guerra o de lesa humanidad”, comenzó relatando el abogado, dejando en evidencia lo ridículo que resulta equiparar un crimen orquestado desde el Estado con el accionar de un grupo militante.
Ganón mencionó algunos de los elementos que aportó la querella para justificar su pedido: “Después de una serie de lucubraciones y vaguedades que hizo la querella para tratar de encuadrar jurídicamente ese hecho, un hecho que fue juzgado y resultaron condenadas personas que se encuentran desaparecidas, la querella entró en una serie de argumentaciones fundadas no en pruebas sino en interpretaciones de la realidad, en fuentes periodísticas de dudosa procedencia: citaron al diario Clarín, al programa Intratables y alguna entrevista que concedió Juan Arnold Kremer o Luis Mattini”, expresó.
El abogado fue determinante al explicar por qué la muerte del militar no puede ser considerada jamás como un crimen de lesa humanidad y dejó en manifiesto los absurdos argumentos de la querella: “Hizo acusaciones desopilantes al gobierno cubano y al gobierno de (Salvador) Allende por haber prestado apoyatura, técnica y logística. Todo eso para hacer encuadras estos hechos en la figura del crimen de lesa humanidad porque no reúne ninguno de los requisitos: no fue cometido por agentes estatales que obraran amparados bajo el poder de un Estado. Después intentó hacerlo haciendo referencias al gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que estuvo durante un tiempo a cargo de (Oscar) Bidegain. Como todos saben, Bidegain dejó el gobierno rápidamente. Los hechos no ocurrieron en Buenos Aires sino en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Bidegain ya no se encontraba como gobernador. Cuando lo mencionamos, la querella intentó justificarse diciendo que de todas maneras el ERP tenía posibilidades de actuar en distintos lugares. Nosotros fuimos derribando uno por uno todos estos puntos: La inexistencia de crimen de lesa humanidad. No operaron en la comisión de estos hechos agentes estatales ni agentes privados bajo el amparo del Estado. El otro punto que tampoco pudo controvertir con pruebas es que para que a agentes no estatales puedan atribuírseles estos hechos bajo la figura de lesa humanidad, esos agentes no estatales tienen que tener un control y dominio pleno sobre el territorio. Situación que tampoco se dio en estos hechos. Finalmente, el otro punto que tampoco pudo probar es que los hechos hayan sido cometidos contra lo población civil. Los hechos que trae a colación la querella son hechos cometidos contra un objetivo militar. Este elemento tampoco se encontraba”, sentenció Ganón.
Luis Mattini, el único sobreviviente de la cúpula del PRT-ERP, fue acusado por el hijo de Larrabure como autor mediato del secuestro y muerte de su padre. El abogado también se refirió a quien pretende la querella sería el único imputado en la causa: “Hay un punto neurálgico. La querella pretende adjudicarle responsabilidad a Juan Arnold Kremer (Luis Mattini) a través de la autoridad mediata, que fue la figura jurídica que se utilizó para condenar a los comandantes en jefe. No tiene ningún sustento ni asidero. La querella no tiene ninguna prueba para comprobar que Kremer controlaba a la distancia lo que estaba ocurriendo en Córdoba y en Santa Fe”, aseguró.<br />
“Pedimos que se rechace el pedido de la querella y se confirme la decisión del juez de primera instancia; que se vaya más allá y se diga que estos hechos no son crímenes de lesa humanidad, por lo tanto están prescriptos y ya fueron juzgados”, exigió el doctor Gabriel Ganón.

Voces del afuera

Fuera de los tribunales y siendo insoportablemente provocados por familiares de genocidas y grupos de extrema derecha, los sobrevivientes, testigos y militantes de derechos humanos también levantaron su voz para expresar lo ridículo e inadmisible que resultaría la reapertura de la causa Larrabure como un crimen de lesa humanidad. Enmarcaron este hecho dentro del contexto político y judicial donde se manda a sus casas a los genocidas y el gobierno festeja y encubre los asesinatos cometidos por la policía.<br />
Edgardo, de la Unidad Antirepresiva por los Derechos Humanos: “La UADH hace años se viene pronunciando sobre la cuestión de la reapertura de la causa Larrabure. Es una aberración jurídica. Está claro que el gobierno alienta esto. Lo que están planteando es reabrir causas contra militantes de los años '70. Nos oponemos totalmente. De lo que nosotros dependa, no pasará. Es una provocación tremenda fijar una audiencia para este entonces (vísperas del 24 de marzo). Descalifica a todos los jueces juntos. Yo vengo de declarar en Santa Fe por la causa Coronda. Es preocupante que yo tenga que estar hoy acá porque estos vienen a reclamar la cárcel para nuestros compañeros. Sin duda, con esto empieza un ciclo que han querido reabrir desde hace años de persecución judicial contra los compañeros que han militado en los años '70”.<br />
ex detenido: “Intentan reflotar la teoría de los dos demonios. Con estas políticas intentan judicializar a muchos de los sobrevivientes y testigos de la dictadura y frenar los juicios por los delitos de lesa humanidad. Demuestra el cinismo de esta gente. Pretenden reabrir una causa diciendo que es de lesa humanidad. Ellos saben perfectamente que la mayoría, por no decir todos, los que pudieron haber intervenido en esta causa fueron asesinados. Fueron asesinados por ellos mismos. Es un cinismo y una crueldad que demuestra realmente lo que son estos personajes que tengo a mi espalda. No es casual. Es una política que vienen premeditando y es posible por la presencia de un gobierno a nivel nacional de derecha como el de Mauricio Macri. Tiene claras simpatías políticas con la dictadura cívico militar. No solamente simpatía política. Los que están gobernando son los sectores económicos, civiles y los sectores del capital concentrado de Argentina y trasnacional que se beneficiaron con la política económica de la dictadura y que se beneficiaron con la represión que hicieron los militares”.
Juan Emilio Basso, HIJOS: “Tenemos muy malos ejemplos de complicidad de este poder judicial con el proyecto político que lleva adelante el gobierno nacional. Se están pronunciando cada vez más a favor de las domiciliarias; están queriendo largar a Astiz, tuvimos que soportar que lo envíen a su casa a Etchecolatz. De este lado, está la acción que nos enseñaron las Madres y los organismos de Derechos Humanos; ocupar la calle y entender que la justicia es una construcción social. Volvimos a los escraches. Es la manera en la que se defienden los derechos humanos. En la justicia, pero fundamentalmente en la calle”.
Claudia Gotta, Asociación Permanente por los Derechos Humanos: “Esto pondría en el mismo lugar a los genocidas y a nuestros compañeros. De ningún modo, bajo la jurisprudencia que debe ser respetada, un crimen donde no está involucrado el Estado puede ser considerado crimen de lesa humanidad. No podemos obviar que hay un clima de época que ha abierto las puertas a lo impensado: la presencia de familiares o de militantes de líneas neonazis estén al otro lado de esta calle con actitudes provocadoras. Eso hoy es posible por esta situación que ha habilitado el gobierno y el partido judicial &nbsp;de un modo casi hegemónico de plantear domiciliarias para genocidas que han sido condenados a una prisión perpetua, efectiva y común. Es inadmisible. Estamos presenciando una audiencia sobre un caso ya juzgado. Sin embargo, hoy estamos aquí en la calle planteando nuestra disconformidad y teniéndonos que encontrar con un rebrote neonazi y fascista de estos familiares de los genocidas que vienen a provocar y querer ganar la calle. La calle fue siempre nuestra en esta búsqueda de juicio y castigo, de la vigencia de la memoria, la verdad y la justicia. De ningún modo vamos a permitir que sea posible que una puerta así se abra porque tendríamos que estar peleando en las mismas condiciones con aquellos que solamente trajeron muerte y miseria al pueblo argentino”.
Mario López, Asociación Permanente por los Derechos Humanos: “Esta causa fue una cosa juzgada en dos ocasiones anteriormente. Larrabure se suicidó tomando el arma de uno de sus secuestradores. Los crímenes de lesa humanidad son estrictamente de ataque a las poblaciones civiles por parte del Estado. No hay modo de pensar la figura de lesa humanidad en esto. El Estado nacional, como nunca antes, sale a respaldar las ejecuciones sumarias por parte de la policía. Desde el año del 2007, ya había quedado por fuera de nuestra jurisprudencia la posibilidad de las ejecuciones sumarias. Tenemos el gatillo fácil que suple esa figura de un modo completamente ilegal. El Estado nacional sale a avalarlo. Tanto en el caso de Rafael Nahuel, el del jovencito Facundo asesinado en Tucumán, como también las situaciones que enluta nuestra sociedad de los linchamientos a manos de personas corrientes que atacan incentivados y envilecidos por, justamente, lo que está haciendo el Poder Ejecutivo Nacional; salir a justificar y avalar las distintas prácticas homicidas que están enlutando a nuestra sociedad. El gran riesgo que corremos aquí es reimplantar la teoría de los dos demonios”.
Laura Ferrer Varela, Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD): “Esta ausencia de Estado de derecho también es una posibilidad que pudo ser habilitada porque los gobiernos precedentes no llevaron hasta el final los juicios. Seguimos luchando para que se sigan llevando a cabo. Si no hubiese habido este sesgo de impunidad durante las primeras décadas de democracia, jamás hubiésemos podido llegar a tener un gobierno como el que tenemos y tener que estar hoy en la calle peleando por una cuestión ilegítima, impensada e inadmisible”.

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