8 ago 2021

Lo dijo María del Carmen Verdú, principal referencia de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en diálogo con el programa radial La Retaguardia. Habló de los casos de represión policial en el contexto de pandemia, de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la relación entre la situación económica, la campaña electoral y los discursos emergentes que intentan justificar la represión estatal.  (Por La Retaguardia)


🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero

✍️ Redacción: Gabriela Suárez López

💻 Edición: Pedro Ramírez Otero

📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia



—El año pasado a esta altura del año hablábamos casi todos los días de nuevos casos de represión policial a personas que salían a la calle en medio del aislamiento. ¿Cuál es la situación actual?

—Lo que se nota en relación al año pasado es un manejo diferente de la cotidianidad en la calle. El año pasado a esta altura estábamos explorando nuevas formas de poder comunicar toda la cantidad de denuncias que nos llegaban de situación de vulneración de derechos, de hostigamiento, de verdugueo, de aplicación de torturas, de detenciones arbitrarias con la implementación en los primeros meses entre marzo y mayo del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) más rígido, sin estar acompañados de las medidas asistenciales necesarias. Cuando sabíamos que era una medida útil que permitió sostener el sistema sanitario y evitar un colapso como hemos visto que ocurrió en muchísimos otros países del mundo. Y en este momento, desde el fin del veranito en relación a la pandemia que tuvimos en la época estival y con el rebrote de casos en el otoño-invierno, fue distinto el manejo que se implementó en materia de controles. Evidentemente ahí hay un cambio relacionado a la gran repercusión pública, no por los grandes medios hegemónicos, sino a través de la publicación de videos en redes, al laburo impresionante que hizo todo el sistema de comunicación autogestiva, alternativa, comunitaria, independiente. Lo que sí tiene algo de desatención es que al haber mayor circulación de personas, mayor reactivación del conjunto de las tareas de las personas, se han incrementado los casos de gatillo fácil. Seguimos teniendo números bastante más altos que lo habitual de muertes en lugares de detención. En particular, muchos casos de muertes en comisarías en los últimos meses. Y hemos tenido momentos muy duros como por ejemplo en junio tuvimos una semana en la que en siete días tuvimos siete casos, de los que conocimos. Siempre remarco que los casos que vamos conociendo a lo largo del año son muchísimos menos que los que finalmente recolectamos para el archivo, porque justamente el laburo fino de búsqueda y de sistematización lo hacemos en la segunda mitad del año y se termina a contrarreloj sobre el cierre de datos para la publicación a fin de año. En esta tarea de todos los días sólo trascienden los casos que de por sí llegan a los medios o que tienen repercusión porque hay un corte en un barrio o porque la familia tiene la posibilidad de lograr el contacto y de vincularse para que podamos tomar intervención. Es muy importante la cantidad de casos que tenemos en este año. 





La violencia como estandarte

—Situaciones como las de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que apareció bien represiva, queriendo distinguirse e intentando diferenciarse de otras por ser la más violenta de todas, en año electoral, ¿podemos pensar que se puede potenciar o mostrarse más duros ante ese sector de población que vota?

—En la Ciudad de Buenos Aires desde el 2019 hasta hoy no cambió nada porque seguimos con la misma gestión de gobierno. Recién ahora con la candidatura de (Diego) Santilli en provincia va a haber un cambio de dirección del Ministerio de Seguridad que lo viene conduciendo desde hace dos mandatos. La Policía de Buenos Aires viene funcionando de la misma manera, es algo increíblemente silenciado e invisibilizado por los grandes medios. Sobre las muertes en las comisarías, varias han ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires y apenas hemos logrado visibilizar alguna, como el caso de (Daniel) Giovanni Yacquez Rodríguez en la comisaría 9 C  (Comisaría Comunal 9) hace menos de un mes y medio, por influencia y por insistencia de CORREPI de estar llamando trabajadores y trabajadoras de prensa amigos para que nos hagan un rinconcito de dos renglones en algún diario. Y la cantidad de casos que no nos enteramos y recién cuando empiezan a aparecer algunos informes oficiales de la Procuración Penitenciaria o de otros organismos quizá podemos acceder.  Pero cuidado, porque también en la Provincia de Buenos Aires seguimos con números altos y hay dos cuestiones que me parece interesante incluir en este mini balance. Por un lado, si observás los momentos de crecimiento o de pico de la represión en las barriadas populares, del gatillo fácil, de las muertes en comisarías en particular, porque las muertes en cárceles responden a otra lógica que tiene que ver con la lógica del encierro penitenciario, cuando lo comparás con la situación económica, esos picos coinciden con los picos de crisis económico-social. Lo vemos a grandes rasgos, cuando observás el año 89 con la hiper de Alfonsín o el período 2001-2002, o el 2008. Por supuesto lo vimos de manera repetida, año tras año los cuatro años de gestión de Cambiemos, y lógicamente la situación a la que nos ha llevado la pandemia en relación al aumento de la pobreza y de la indigencia también tiene ese reflejo. Porque ves mucha más gente teniendo que rebuscársela con ocupaciones y tareas precarias en la vía pública, con el cartoneo, con la venta ambulante, porque justamente se han perdido decenas de miles de puestos de trabajo y tenemos una inflación galopante. Ahí  venimos viendo que ese doble pico no es una casualidad ni una relación de causalidad inmediata y directa que uno pueda establecer pero sí que sistemáticamente hay una mayor dureza en el control y en el disciplinamiento social de los sectores más vulnerables cuando se agrava el conflicto social. 

Campaña electoral y seguridad: acariciando lo áspero

—Vuelve a la escena el debate sobre las pistolas Taser. ¿Qué pasa cuando en plena campaña electoral aparecen precandidatos como Leandro Santoro hablando de esto?

—Ese es el otro elemento que iba a señalar: el período preelectoral. Analicen los últimos 15 años de historia argentina y sistemáticamente van a ver que al inicio de cada campaña electoral empiezan a aparecer temas como la baja de punibilidad de niños, niñas y adolescentes, el incremento de penas, las reformas de los códigos penal y procesales, pedido de mano dura. Y en los últimos años una de las modas importantes es esto de estas picanas portátiles a distancia. Porque hay que decir las cosas como son: la Taser son eso, no es un arma disuasiva, cosa que no existe, como no existe el arma no letal. Porque por definición un arma es algo que hiere, lesiona, por ende puede matar. Las habrá más letales o menos letales: es peor una bomba neutrónica que una granada de mano, sin ninguna duda, pero las dos son igualmente peligrosas. Lo mismo sucede con estas herramientas de tortura donde además nos meten en un falso debate que es lo que están planteando frente a una situación como la de Chano (Moreno Charpentier, exvocalista de Tan Biónica) y como tantísimas otras. Cualquiera de las situaciones en las que rebrota esto y sale (Sergio) Berni a decir 'Esto con las Taser no pasaba', o lo dice Berni o (Patricia) Bullrich que para el caso lo mismo da. Siempre  a la puerta de una elección. Pero el falso debate es si en esas circunstancias prefiero que me peguen un tiro o que me peguen una descarga eléctrica. 

—Además las fuerzas de seguridad están supuestamente capacitadas para manejar una situación, deberían tener las herramientas para frenar ciertos sucesos.

—Ese es el otro tema. A raíz de la visibilidad que le da que la víctima sea una persona muy conocida como este cantante (por Chano), decíamos que sobre lo que hay que hacerse preguntas es cuál es la respuesta tal frente a la situación de una persona que por el motivo que sea, por un motivo de adicción, de consumo problemático, por un cuadro de excitación psicomotriz, por una enfermedad mental, por lo que fuere, está en una situación de descontrol. ¿Cómo responde el Estado a eso? No es mi especialidad, no soy especialista en medicina ni en salud mental, pero sé por sentido común que la respuesta no es un patrullero, ni un disparo, ni son veinte policías del GEOP (Grupo Especial de Operaciones Federales). El grupo de choque de Chubut en Lago Puelo hizo con Alejandro Jhon, lo mismo que hicieron con Chano. Un hombre que había interrumpido su medicación psiquiátrica, tuvo una situación y se puso violento. Esto lo han explicado mucho mejor psicólogos, psiquiatras y especialistas en la materia: en este tipo de cuadros lo que la persona afectada está sintiendo es terror y miedo, está sintiendo que todo el mundo lo ataca, que todo el mundo está contra él o contra ella. Entonces, en esa circunstancia hay que calmar a la persona. Pero eso lo tiene que hacer alguien que sepa. En 2010, Fernando ‘Pata’ Díaz, un muchacho de 35 años de Moreno tuvo un exceso de festejo después de un partido de fútbol. Se emborrachó mal, estaba muy dado vuelta porque no estaba acostumbrado a tomar y cuando llegó a la casa se armó un escándalo y se empezó a pelear con la suegra. La suegra enojada llamó al 911, apareció la policía y el sargento Apecechea le metió tres escopetazos en la panza. Lo único que el Pata Díaz tenía en la mano era la botella de vino de la que estaba tomando y cayó muerto en la cocina de la casa con tres disparos en la panza. En ese caso logramos una condena a prisión perpetua, fue mi compañero Ismael Jalil quien intervino en el juicio. Pero el Pata está muerto.


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