31 oct. 2016


Lo resolvió la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal y abarca los tormentos, homicidios y desapariciones de Iván Ruiz y José Díaz, dos de los cuatro militantes del Movimiento Todos por la Patria desaparecidos tras el copamiento del cuartel militar en enero de 1989. Además, los integrantes de la Sala 1 calificaron estos hechos como crímenes imprescriptibles. Radio La Retaguardia dialogó durante el programa Hora Libre, con Irene Provenzano, hija de Francisco, otro de los desaparecidos, sobre la importancia de este fallo y el largo recorrido realizado para alcanzarlo. (Por La Retaguardia)

El momento en que Díaz (arrodillado) se entrega (Foto Eduardo Longoni)
El 23 de enero de 1989, militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) ingresaron al Regimiento de Infantería Mecanizada III de La Tablada con el objetivo de coparlo. Consiguieron su objetivo pero rápidamente las fuerzas estatales comenzaron la tarea de recuperar el control del lugar. Para esa tarea, recurrieron a las "viejas" prácticas del Terrorismo de Estado. Hubo un largo enfrentamiento con la Policía Bonaerense y el Ejército, en el que murieron varios integrantes del MTP y otros finalmente se rindieron y entregaron. Sin embargo, algunos fueron fusilados y otros capturados con vida, de los cuales cuatro fueron desaparecidos: Francisco Provenzano, Carlos Samojedny, Iván Ruiz y José Díaz.
El fallo de la Sala I hace referencia específicamente a las torturas y asesinatos de Ruiz y Díaz en la guardia de prevención del cuartel, cuyos restos permanecen desaparecidos.
En primera instancia, el juez de Morón Germán Castelli había declarado la causa por las cuatro desapariciones como de lesa humanidad, pero la medida fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Sin embargo, la lucha e insistencia de familiares y organismos de derechos humanos llevaron a que en los últimos días, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, reabriera la causa contra el entonces general Alfredo Manuel Arrillaga y el militar Jorge Eduardo Varando por la aplicación de tormentos y las ejecuciones contra militantes del MTP.
“Esta decisión tuvo su primer paso con el fallo de la Corte Suprema en diciembre de 2014 cuando le reclamamos que no permitiera que la causa prescribiera. En ese momento, con los votos negativos de (Carlos) Fayt y (Ricardo) Lorenzetti, se logró que la Corte dijera que se tenía que seguir investigando, haciendo suyos la mayoría de los argumentos de la procuradora (general de la Nación, Alejandra) Gils Carbó, que se había pronunciado unos meses antes. La continuidad del juicio con la postura de la Corte Suprema y ahora con la Cámara de Casación nos permite que tenga un correlato jurídico esto que venimos denunciando hace muchos años los familiares y ex compañeros de los desaparecidos y fusilados en La Tablada”, explicó Irene, hija de Francisco Provenzano.
Para Provenzano, el avance de esta causa se dio en gran medida gracias al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 1997 que hacía referencia a las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el cuartel: “se responsabiliza en ese momento a Arrillaga y Varando, y se le recomienda al Estado argentino que realice una investigación completa e imparcial de los hechos, investigación que el Estado nunca llevó adelante, pero que es una y otra vez tomado por la Corte y Casación, y también por nuestras abogadas querellantes, como prueba y elemento para insistir en la necesidad de investigar y que esto no quede en la impunidad total. La CIDH da legitimidad a lo que los compañeros vienen sosteniendo desde 1989 cuando fueron llevados a juicio quienes estuvieron en La Tablada; desde ese momento ellos denuncian que había compañeros que fueron llevados del cuartel y que no estaban, denuncian las torturas, los fusilamientos extrajudiciales y las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el cuartel, y como eso nunca tuvo un correlato en la investigación y juzgamiento de los responsables”.
Provenzano destacó la importancia del informe presentado ante la Corte Suprema por las abogadas querellantes Liliana Mazea y Marta Fernández para alcanzar este fallo y mencionó además la estrategia llevada adelante por la defensa de los acusados: “previo a nuestra presentación también hicieron lo propio la defensora pública oficial de Arrillaga presentando argumentos vinculados a que las recomendaciones de la CIDH son solo recomendaciones, que no son vinculantes y que, por otro lado, sí hubo una investigación completa e imparcial solo que a la querella no le satisface el resultado, y que al no ser crímenes catalogados como de lesa humanidad hay una prescripción establecida por ley de 20 años que ya estaría superada y que en el caso de Arrillaga tiene derecho a juzgamiento en un plazo razonable, cosa que después de 25 años se habría cumplido. Esos argumentos pueden ser fácilmente rebatidos aun cuando no se catalogue el caso como de lesa humanidad, ya que están comprobadas las violaciones a los derechos humanos, y en ese sentido el Estado argentino tiene responsabilidad no solo de investigar hasta el fondo las consecuencias y no dejar esto en la impunidad, sino de juzgar a los agentes del Estado que cometieron estas violaciones”.
Por otro lado, la hija de Francisco Provenzano aclaró que tanto Arrillaga como Varando están detenidos actualmente, pero por otras causas: “Arrillaga por ser responsable también de lo sucedido en la Noche de las Corbatas durante la última dictadura cívico militar (se hace referencia al secuestro de abogados laboralistas combativos en su mayoría en Mar del Plata). En tanto, Varando siguió después en sus funciones como secretario privado de seguridad y es el responsable de algunos de los asesinatos de la represión de 2001. Esto no anula que no tienen sentencia por su responsabilidad en los crímenes cometidos en La Tablada, con lo cual un avance en el juicio y una condena como principales responsables de la represión permitirían que se haga justicia en este caso particular. Los familiares, los compañeros, las compañeras y los organismos de derechos humanos, las organizaciones que nos han acompañado todos estos años en el reclamo seguimos exigiendo memoria verdad y justicia por los hechos cometidos en La Tablada, señalando a los principales responsables y exigiéndole a la justicia que investigue y lleve esto hasta las últimas consecuencias”.
Hacia el final de la entrevista, Provenzano volvió a destacar el trabajo realizado por los familiares y organismos para conseguir este fallo: “después de 25 años de complicidad política y judicial que hace que todos los crímenes cometidos en La Tablada sigan impunes, creo que este fallo es producto de la lucha de compañeros y compañeras que siguen denunciando esto desde hace más de 20 años, que siguen haciendo presentaciones, que seguimos yendo al juzgado de Morón donde la causa sigue estando, donde se puede seguir investigando, se puede seguir llamando a indagatoria a quienes estuvieron a cargo del operativo mal llamado de ‘recuperación’ del cuartel”.
Provenzano cerró la charla con La Retaguardia con un grito que se escucha desde hace más de 25 años, pero que no por ello deja de perder fuerza: “Iván Ruiz y José Díaz, Francisco Provenzano, Carlos Samojedny presentes, todos y todas los compañeros y compañeras caídos en La Tablada presentes, ahora y siempre”.


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