5 jun. 2016


La afirmación la realizó el abogado querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Pablo Gabriel Salinas, en diálogo con Fernando Tebele y María Eugenia Otero, en el programa Oral y Público que se emite por Radio La Retaguardia. El dato surgió del alegato que está desarrollando el fiscal Dante Vega en el marco de la Megacausa por delitos de lesa humanidad que se lleva adelante en Mendoza. (Por La Retaguardia)

Foto: Miret todopoderoso cuando era juez (Télam)

El juicio comenzó en febrero de 2014 y se encuentra en etapa de alegatos; ya lo hicieron las querellas, ahora es el turno de la fiscalía y luego les tocará a las defensas. Una de las características de este proceso, el más importante hasta el momento en Mendoza, es que se juzga a ex jueces y fiscales: Otilio Roque Romano, Luis Francisco Miret, Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Max Petra Recabarren y Gabriel Guzzo, entre otros; Están acusados de haber frenado los pedidos de habeas corpus e investigaciones durante el Terrorismo de Estado y más tarde, ya en democracia, de evitar el avance de causas de lesa humanidad. Otra característica saliente de la megacausa es la cantidad de información nueva que ha ido surgiendo a lo largo de las audiencias.
Una de las últimas novedades surgió durante el alegato del fiscal Dante Vega: “presentó un documento donde el ex magistrado (Luis) Miret le entregaba en carácter de depositario judicial un vehículo a uno de los jefes del (ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio) D2 de Mendoza. Es decir, le entregaba un auto al D2 para que después se secuestren personas, se las haga desaparecer, y eso lo entregaban magistrados. Evidentemente, además de participar en el Terrorismo de Estado omitiendo investigar, archivando los habeas corpus, también les daban a las fuerzas la logística y los medios necesarios para que actúen”, afirmó el abogado querellante Pablo Salinas a Oral y Público.
“Este dato lo acaba de revelar el fiscal –continuó Salinas–. La constancia estaba en uno de los expedientes. Pensemos que hay más de trescientos expedientes, donde hay todo tipo de cuestiones, y por ejemplo en el equipo del MEDH nos dividimos unos cuarenta expedientes cada uno para alegar, más lo que está evaluando el fiscal, entonces en cada audiencia salen más elementos a la luz. En un juicio hay testimoniales que son los testigos que declaran y después está la prueba documental que son los más de trescientos expedientes en los que hay de todo. Lo que hemos podido revisar es una parte de todo eso”.
La información dada por el fiscal suma una nueva prueba de la convivencia cotidiana entre una parte del Poder Judicial mendocino y los represores: “ellos convivían como jueces y fiscales federales antes del golpe con todo el aparato represivo del D2, y lo siguieron haciendo después del golpe, y ese aparato judicial permitió que no se investigarán los gravísimos hechos que ocurrieron”, aseveró uno de los representantes del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) en esta megacausa.
El juicio lleva más de dos años de audiencias, tiempo en el que lo consultamos varias veces sobre temas vinculados a las causas. Hace unos meses, también durante Oral Y Público, se le preguntó si con el cambio de gestión en el gobierno nacional podía modificarse la valoración que el tribunal pudiera tener de los hechos que están siendo juzgados. En aquel momento, el abogado respondió de manera categórica que ya se estaba en una instancia en la que era difícil dar vuelta esta situación. Pasado un tiempo, se le reiteró la consulta: “ahora es mucho más difícil aún porque entiendo que el gobierno nacional tiene otros problemas, no creo que haya ninguna intención de trabar los juicios, de hecho si hubiera habido una intención así se hubiera hecho al principio, apenas asumieron, pero creo que no la hay. Por otro lado, creo que el país está en problemas, hoy el gobierno tiene otras preocupaciones y el poder de presión de los represores y sus acólitos está bien reducido también”, aseveró.
La megacausa continúa en instancia de alegatos, se espera que la fiscalía ocupe un mes más de audiencias para esta etapa; luego será el turno de las defensas: “pero ya estamos llegando al final, pienso que en dos meses tendremos la sentencia”, confió Pablo Salinas.


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