9 dic. 2015

La fiscal del juicio ESMA, Mercedes Soiza Reilly, solicitó hoy, además de los pedidos de pena para los acusados, que Clarín, La Nación, La Razón, Crónica, La Prensa, La Opinión, y las revistas Para Ti y Gente, publiquen notas rectificatorias de las mentiras publicadas durante la época, "como un acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de memoria". El Ministerio Público Fiscal se refirió a varios hechos que fueron tergiversados y falseados por esos medios y aclararon que “la verdad debe tener el mismo espacio que se empleara en aquella oportunidad con mentiras”.(Por La Retaguardia)


Foto: publicación de Clarín acusando a la guerrilla por las desapariciones de las monjas francesas..
La sala SUM del edificio de Comodoro Py 2002 desbordó de gente hoy por la mañana para escuchar el cierre del alegato de la fiscalía, que comenzó hace 5 meses y 3 días. La fiscal Mercedes Soiza Reilly, a cargo de la causa junto a Guillermo Friele, utilizó durante ese lapso 108 horas para rearmar el rompecabezas de la historia en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande de la última dictadura cívico militar, la ESMA. A poco metros, apenas cruzando la calle, se erigen dos edificios que tienen mucho que ver con la causa: el Edificio Libertad, sede de la Armada, y la capilla Stella Maris, donde Monseñor Emilio Graselli recibía a los familiares desesperados en la búsqueda de sus desaparecidos, y confeccionaba listas con ellos mientras les aconsejaba que no los buscaran más. Por suerte -y también por lucidez- no le hicieron caso. No solo los siguieron buscando sino que también asentaron la memoria sobre la que hoy se construye una justicia tan tardía como necesaria.

El rol de los medios de comunicación

Tras el secuestro de
Elba Altamirano, sus
chicos fueron mostrados
en Crónica como
abandonados
“A partir del cúmulo probatorio analizado e incluido en cada uno de los casos que hemos probado, advertimos que la información brindada por los medios de comunicación de la época deformaron y falsearon la verdad de lo ocurrido”, expresó la fiscal Mercedes Soiza Reilly -a cargo del Ministerio Público Fiscal junto a Guillermo Friele- en su última jornada de alegatos del juicio por el tercer tramo de la megacausa ESMA.
En este sentido, remarcaron que las fuerzas armadas han utilizado los medios de comunicación para difundir noticias sobre sus crímenes, presentando a las víctimas de los operativos como “delincuentes, sediciosos, terroristas”.
“Estos reportes gráficos eran parte de la propaganda totalitaria para agitar en la población los fantasmas del miedo y del odio. Con claras intensiones de instalar, aún más, la división social entre los ciudadanos”, agregaron.
Los fiscales vincularon estas conductas con el plan sistemático de exterminio, ya que los militares ejercieron “acción psicológica” a través de los medios de comunicación.
Soiza Reilly remarcó que las fuerzas armadas controlaron los medios, pero además que cada uno de los responsables de estos emporios periodísticos se adaptaron, manipularon, encubrieron y deformaron la información, impactando a su vez de manera directa en cada una de las familias que obtenía una información inexacta de lo que había sucedido con su ser querido.
Los medios mencionados por la fiscalía en su alegato son los diarios Clarín, La Nación, La Razón, Crónica, La Prensa y Opinión, al igual que las revistas Para Ti y Gente. En este punto, los integrantes del Ministerio Público Fiscal manifestaron que era “hora de reparar” tanto daño.
Miguel Zavala Rodríguez, Norma E. Arrostito, Wenceslao Eduardo Caballero, Carlos Armando Grande, Juan Julio Roqué, Gustavo Grigera, José María Salgado, Fernando Diego Menéndez, fueron tan solo algunas de las víctimas mencionadas en el alegato de la fiscalía, cuyos casos fueron publicados en los medios de manera tergiversad. También hicieron referencia al emblemático caso de Thelma Jara de Cabezas, que habiendo sido secuestrada por los miembros del Grupo de Tareas de la ESMA el 30 de abril de 1979, fue forzada durante su cautiverio a brindar una entrevista gráfica con su testimonio falso. También se hizo referencia a los casos de los 12 desaparecidos de la Iglesia Santa Cruz, luego de que el grupo fuera infiltrado por uno de los imputados, el marino Alfredo Astiz, quien concurría a las reuniones haciéndose pasar por familiar de un desaparecido; Astiz se presentaba allí con una de las secuestradas de la ESMA, Silvia Labayrú, que fue testigo de la causa. En su edición del 18 de diciembre de 1977, el diario Clarín informaba que las religiosas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, habían sido secuestradas por la subversión, mientras que el diario La Nación incluía en su publicación del 15 de diciembre de 1977 una crónica titulada “Vivas y con buena salud”. Ambas fueron víctimas de los vuelos de la muerte, que se juzgan por primera vez en este tramo de la megacausa.
Los fiscales explicaron que todas estas notas periodísticas estuvieron dirigidas a poner en duda las detenciones ilegales: “los medios gráficos otorgaron a estas mentiras importantes espacios. Eso es lo que se debe rectificar. Ahora se le debe dar espacio a la verdad. El Estado Argentino tiene la obligación de reparar las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas por los miembros de las fuerzas armadas. Pero también debe reparar el daño que aparejaron las falsas informaciones dentro de la prensa. El derecho de las víctimas a que se rectifique la información falsa vertida sobre ellas y el derecho de las familias a una reparación integral de los daños causados. Los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición se encuentran consagrados en varios instrumentos internacionales de raigambre constitucional, pero sobre todo fueron receptados por nuestros jueces en sus pronunciamientos judiciales”.
En este sentido, los fiscales recordaron el reciente veredicto del 25 de noviembre pasado en Bahía Blanca para retomar el pedido de los fiscales de esa causa, Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia, quienes solicitaron una rectificación del diario local “La Nueva Provincia” de las publicaciones efectuadas durante el Terrorismo de Estado. También mencionaron la doctrina creada en este sentido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En su alegato, Soiza Reilly y Friele afirmaron que las víctimas tienen derecho a que la prensa escrita repare los daños causados, publicando que esas personas fueron justamente víctimas del Terrorismo de Estado, asesinadas por los miembros de la ESMA; secuestradas, atormentadas por su compromiso político; que fueron vulneradas en sus derechos más elementales y sobre todo sin posibilidad de defensa alguna. Aclararon además que “la verdad debe tener el mismo espacio que se empleara en aquella oportunidad con mentiras”.
Los medios en cuestión siguen funcionando (salvo La Opinión), ante lo que el Ministerio Publico Fiscal solicitó que el Estado Nacional disponga que Clarín, La Nación, La Razón, Crónica, La Prensa y La Opinión, y las Revistas Para Ti y Gente “publiquen una rectificación de la información que fuera brindada falsamente, como un acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de memoria, en relación a las víctimas mencionadas en este tramo, al tiempo que se dé cuenta de cada uno los crímenes que sobre ellas se cometieron”.

Pedido de penas


Familiares levantan las fotos de los desaparecidos en el cierre
del alegato de la fiscalía (Foto: La Retaguardia)
Durante su alegato, los fiscales de la megacausa ESMA solicitaron que se condene a prisión perpetua a 52 imputados, entre los que se encuentran Jorge Eduardo Acosta, Mario Daniel Arru, Alfredo Ignacio Astiz, Juan Antonio Azic, Carlos Octavio Capdevilla, Ricardo Miguel Cavallo, Miguel Enrique Clements, Alejandro Domingo D´Agostino, Juan De Dios Daer, Jorge Manuel Diaz Smith, Adolfo Miguel Donda, Jorge Luis Magnacco, Ruben Ricardo Ormello, Antonio Pernias, Claudio Orlando Pittana, Julio Alberto Poch, Juan Carlos Rolon, Emir Sisul Hess, Carlos Guillermo Suarez Mason, Gonzalo Dalmacio Torres De Tolosa, Antonio Vañek y Ernesto Frimon Weber.
Algunos de los delitos de los que se los acusa son privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas, imposición de tormentos agravada por haber sido cometido en perjuicio de perseguidos políticos, homicidio agravado, violación agravada con el concurso de dos o más personas, entre otros.
En tanto, para Juan Ernesto Alemann se solicitaron 10 años de prisión, Para Julio Cesar Binotti y Mario Pablo Palet 25 años, y para Roque Angel Martello 18 años. A su vez, el Ministerio Público Fiscal pidió la revocación de las prisiones domiciliarias que actualmente gozan la mayoría de los imputados.
Tras 5 meses de alegatos por parte de la fiscalía, comienza ahora el turno de las distintas querellas intervinientes en este proceso judicial, que se desarrolla en los Tribunales de Comodoro Py desde noviembre de 2012. Eso será recién en febrero. Los testigos y familiares siguen esperando el lento accionar de la justicia. Son pacientes, ya se sabe, pero hoy tuvieron un día de desahogo. Acostumbrados a esperar durante años, decidieron aguardar a que la fiscal Soiza Reilly saliera del recinto para recibirla con aplausos y abrazos. La Mechi, como ya le dicen con cariño, les dedicó unas palabras con su voz deshilachada por el esfuerzo y la tensión. La justicia se acerca. Ya es hora.

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